El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, han mantenido una reunión en la que se ha acordado el desbloqueo de la herencia de Josefa Martell y el inicio de los primeros pasos para dar un uso público a los bienes que forman parte de la misma. El jefe del Consell ha explicado que, a pesar de que la herencia data de 1988 y de que existe una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de noviembre de 2002, hasta el momento no se había encontrado una solución adecuada. “Una circunstancia que da cuenta de los criterios de gestión que se llevaban por parte del antiguo Gobierno” ha denunciado Puig.

“Hemos querido desbloquear esta situación y encontrar lo más pronto posible una solución”, ha señalado el jefe del Consell, quien ha incidido en que en el acuerdo al que se llegue “debe tener protagonismo el Ayuntamiento de Castellón”, dado que es la institución que “representa de forma más adecuada los intereses de los ciudadanos y ciudadanas”.

Además, el president de la Generalitat ha anunciado, para la próxima semana, una reunión en la Dirección General de Patrimonio con el objetivo de establecer una nueva junta distribuidora de la herencia “para actualizar la valoración definitiva de los bienes muebles e inmuebles y también la tasación”.

De forma más detallada Puig ha confirmado que, actualmente, hay 20 inmuebles de la herencia de Josefa Martell sin distribuir, 2 de naturaleza urbana y 18 de naturaleza rústica, “valorados en la tasación de 2006 en unos 3,5 millones de euros”. Además, entre 2007 y 2015 la Generalitat se reservó 4 fincas urbanas valoradas en más de un millón de euros “pero el resto está absolutamente paralizado”, ha recalcado Puig. Por otra parte, el president ha confirmado la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Castellón para que los 20 inmuebles, que forman parte del patrimonio de la Generalitat tras haber sido subastados y no adjudicados, “puedan constituir una aportación al desarrollo de la ciudad de Castellón”.

Así, Puig ha apuntado la creación de huertos urbanos o el establecimiento de viviendas de protección pública para mejorar el alquiler social como algunos de los posibles usos para estos inmuebles. “En cualquier caso – ha puntualizado – será el Ayuntamiento quien pilotará esta cuestión y, si es posible, en alguna cuestión concreta, también se hará conjuntamente con la Generalitat”. Finalmente, el president de la Generalitat ha añadido que, en los próximos meses, una vez reactualizada la tasación económica, y tal y como recoge la sentencia, también se prevé destinar parte de la herencia al tercer sector.

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