En el Consejo de Administración del Banco Popular celebrado el día 26 de noviembre, es decir, apenas 3 días antes de la dimisión de Ángel Ron, fueron invitados miembros del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España (BdE) y del Banco de Portugal (BdP) para presentar las conclusiones del proceso de Revisión y Evaluación supervisora del Banco Popular. El resultado de la supervisión fue que se redujeron las exigencias de requerimientos mínimos de recursos propios. La principal conclusión fue que había capital y liquidez de sobra para afrontar los retos futuros. Los representantes de los tres organismos se mostraron muy satisfechos con la ampliación, dejando claro que la ratio de capital exigible del 10,5% bajaría al 10% si el Popular hacía provisiones a final de año por valor de 4.400 millones. Estos hechos quedaron reflejados en el Acta de dicho Consejo de Administración.

Por otro lado, el informe de Deloitte realizado para la Junta Única de Resolución (JUR) revela un valor del patrimonio del Banco Popular de más de 11.000 millones de euros. Sin embargo, dicho informe era de liquidación y no de valoración y, por tanto, partía de una base errónea de que la entidad estaba en liquidación. Por tanto, aunque el Popular tenía solvencia acreditada y que en la actualidad continúa activo y produciendo beneficios para el Santander, se hizo una valoración negativa con la consecuencia de que más de 305.000 familias vieron cómo se amortizaron sus acciones. Dicho informe es contundente a la hora de calificar las causas de la caída del Popular: una crisis de liquidez generada durante el segundo trimestre del año 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, nada que ver con la ampliación de capital. En consecuencia, Caso Banco Popular nada tiene que ver con el Caso Bankia, por mucho que haya bufetes de abogados que así lo planteen en sus estrategias judiciales.

En el informe de la JUR se indicaba también que el día 7 de junio no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2.019. Es importante que el informe también recalca que no era necesaria ninguna acción de reforzamiento de capital en el caso de que el Popular redujera su apalancamiento a partir de 2.019, algo que estaba previsto en el Plan de Negocio que frenó el Ministerio de Economía de Luis de Guindos a través de la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro y que Emilio Saracho se negó a llevar a efecto.

Por otro lado, el presidente del FROB, Jaime Ponce, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, reconoció que los problemas del Popular no empezaron en la noche del 6 de junio, sino que fueron consecuencia de la «incapacidad de los gestores», es decir, de Saracho. Por otro lado, el propio Saracho, el día antes de recibir las instrucciones finales de Uría y Menéndez para declarar la inviabilidad, confirmó a sus consejeros que el Popular era absolutamente solvente.

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