Nadie esperaba gran cosa de los documentos que iba a publicar la Junta Única de Resolución (JUR) porque ya avisó que los haría públicos en su versión No Confidencial, es decir, censurados para proteger los intereses del Banco de Santander, tal y como reconoció en diferentes ocasiones cuando se negaba a sacarlos a la luz. Para darle más dramatismo a las consecuencias que podría tener la publicación de esos documentos posteriormente se añadió la coletilla «para proteger al sistema financiero europeo» que no es otra cosa que un burdo eufemismo para ocultar que la verdad se encontraba en la primera excusa. En ocasiones la sinceridad espontánea lleva a sacar las conclusiones correctas.

Sin embargo, tanto la documentación publicada por la JUR, entre la que se encontraba el informe provisional de Deloitte sobre el que se apoyó la intervención del Banco Popular, como los resultados anuales del propio Banco Santander han dado argumentos suficientes para que la Administración de Justicia, tanto la española como la europea, adopten medidas cautelares que paralicen la operación para evitar que el banco presidido por Ana Patricia Botín genere un escenario de tierra quemada sobre el que será imposible que las más de 305.000 familias arruinadas recuperen lo que se les hurtó la noche del 6 al 7 de junio. Además, los propios documentos publicados por la JUR ofrecen argumentos para que la Justicia envíe comisiones judiciales a las sedes del Santander, del Popular y de las propias instituciones de la Unión Europea para incautar la documentación relacionada con esta cada vez menos presunta estafa, al igual que hizo el juez Pablo Ruz con los documentos que se negó a entregar el Partido Popular a la Audiencia y que sólo fueron obtenidos a través de un registro de más de 14 horas en la sede central del PP.

En primer lugar, tal y como afirmamos en Diario16 el pasado viernes, los resultados anuales del Santander demuestran que el Popular no era un banco quebrado sino que era un banco solvente y necesitaba aportaciones extraordinarias de liquidez, aportaciones a las que no pudo acceder porque Saracho no ofreció la totalidad de las garantías que poseía el banco, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España.

Atendiendo a los criterios de Basilea III, se requiere que tanto la institución como el supervisor pongan todos los medios posibles para resolver el problema temporal de liquidez en el plazo de un mes desde que aparece el incumplimiento del coeficiente LCR que era del 80 % este año pasado, por parte del Banco Popular se intentó, aunque no se pusieron todos los medios y colaterales para poder acceder a la máxima liquidez que podrían pedir al supervisor. Tampoco está claro que el supervisor, realizara una quita justa para atender las necesidades de liquidez del Banco Popular, tras el reconocimiento por parte del subgobernador del Banco de España de que Emilio Saracho no presentó todas las garantías que el Popular tenía a su disposición para acceder a la totalidad de la ELA. ¿Por qué no intervino de oficio si tuvieron esas sospechas?

El Popular no tuvo que ser intervenido ni vendido por un euro al Santander. Las cifras de las cuentas presentadas ayer por el propio banco presidido por Ana Patricia Botín lo demuestran. Si el problema que tuvo el Popular era de liquidez, hubo ofertas que fueron obviadas para incrementarla que sumaban más de 3.000 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar los 5.500 millones de la ELA a la que el Popular no pudo acceder por no aportar todas las garantías de las que disponía. En total, 8.500 millones.

Respecto a los papeles de la JUR referidas al Caso Banco Popular, el hecho de que las principales cifras de liquidez y de capital estén tachadas porque «afectarían al Santander», ya es un reconocimiento implícito de que se sigue queriendo ocultar cifras que, precisamente, demostrarían que la intervención no era necesaria. La propia Junta de Resolución reconoció que el día 5 de junio el banco era solvente. Si lo era el lunes, también lo era el martes, a pesar de la retirada masiva de depósitos de instituciones, organismos y empresas públicas, unas salidas que, por mucho que afirmen que se hicieron por las bajadas de rating que se produjeron en el mes de mayo, sólo pudieron ser posibles si hubo una transmisión de información privilegiada por parte del ministerio de Economía del señor De Guindos o de los organismos reguladores que ya estaban trabajando en la intervención del Popular. Hagamos un pequeño repaso cronológico de lo que ocurrió en esos primeros días del mes de junio y entenderemos cómo la documentación de la JUR es la pistola humeante que da argumentos a la Justicia para actuar y paralizar, aunque sea de manera preventiva, la operación.

Ya en el mes de abril, antes incluso de que se despidiera al señor Aparicio Valls por hacer su trabajo y negar la quiebra del Popular, Miguel Escrig cruzó correos con Morgan Stanley para verificar una serie de movimientos de provisionamiento que afectarían claramente a la liquidez del banco, conversación que está en poder de Diario16.

El día 2 de junio desde el despacho de Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander o, como se le llama en el sector de la abogacía, «el perejil de todas las salsas», dicta las instrucciones para la declaración de inviabilidad en el que se reconoce que el Popular aún no ha tenido incumplimientos de ratios. Estas instrucciones fueron seguidas al pie de la letra por Emilio Saracho en la reunión del Consejo de Administración del día 6 de junio. El mismo día 2 de junio el propio despacho de referencia del Santander envía al secretario del Consejo las instrucciones y el plan de actuación para el «Día R», es decir, el día de la resolución.

En las últimas horas del día 2 y las primeras del 3 de junio se produce un cruce de correos entre Emilio Saracho, Jaime Ponce y Elke König de cara a una call conference que se celebraría a primera hora de la mañana de ese sábado, correos que están en posesión de Diario16 y que publicaremos en breve. En esa reunión se decide iniciar todo el proceso de resolución del Banco Popular. Comienza el proyecto confidencial Hippocrates. Sin embargo, ese mismo día 3 de junio ocurre un hecho inesperado que hace saltar las alarmas: uno de los hombres más cercanos a Saracho, Miguel Escrig, recibe una oferta de Barclays para ampliar capital por un valor total de 4.000 millones de euros. Esa oferta no podía hacerse pública y, por lo tanto, se ocultó.

Al día siguiente, se envían cartas a los cinco principales bancos españoles comunicándoles que el Popular iba a ser intervenido y que esperaban ofertas de cara a la subasta que tendría lugar una vez se resolviera a la entidad. No obstante, ese día 4 de junio llega al Popular la oferta de Värde, dirigida a Saracho, para comprar WiZink, por más de 2.500 millones de euros, oferta que no fue comunicada tampoco al Consejo de Administración y que hubiera incrementado la liquidez. A continuación se muestran dos extractos de dicha oferta que publicaremos íntegramente en los próximos días:

El día 5 de junio todo el aparato financiero español y europeo trabajaba a toda máquina para intervenir al Popular. Se inician las grandes retiradas de depósitos de las instituciones, organismos y empresas públicas con la presunta intención de provocar una crisis de liquidez. La oferta de Barclays había hecho tambalearse la operación y había prisa. Ese día sólo Santander y BBVA aceptan entrar en la subasta y se les da acceso a una virtual data room (VDR) para conocer los datos del Popular y, de este modo, ajustar sus propuestas de cara a la subasta que estaba previsto realizarse el fin de semana. Saracho, además, solicita liquidez de urgencia por valor de 9.000 millones, pero como no ofrece todas las garantías del banco sólo recibe 3.500.

El día 6 de junio comienza con otro sobresalto para la operación: Deutsche Bank realiza otra oferta de ampliación de capital, también por valor total de 4.000 millones. El Popular tenía que ser intervenido antes de que esas ofertas salieran a la luz. El Santander se juega mucho. Por su parte, el BBVA reclama más tiempo para analizar los datos de la VDR, tiempo que se le deniega. El Santander no necesitaba más tiempo ya que presuntamente ya tenía todos los datos. Por la tarde, Saracho declara el banco inviable y se envía una carta cuya firma fue realizada por otra persona, es decir, con una presunta falsificación de documento público.

Una vez que el Popular fue intervenido en la madrugada del 7 de junio, se produjo otro hecho por el cual se demuestra que había connivencia entre el Santander (a través del despacho de Uría y Menéndez) y la operación. Ese mismo día 7 se produce un cruce de correos entre Emilio Saracho, Joaquín Hervada y uno de los abogados de Uría y Menéndez, el señor Francisco San Miguel, en los que se trató sobre el run off del seguro de responsabilidad de Saracho, que tenía una prima de más de un millón de euros pagados por el Popular, y en el que se afirma que no hay problema porque los aseguradores son los mismos del Santander. Esta conversación también obra en poder de este medio y será publicada en los próximos días.

Ocurrieron más cosas en esos cinco días de junio, pero los documentos censurados de la JUR, junto con toda la información de la pequeña cronología, son suficientes para que la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Económicos y el TJUE actúen de inmediato porque más de 305.000 familias fueron presuntamente estafadas para salvar a otro banco que, precisamente, era el que presumiblemente se ajustaba más a la definición de Luis de Guindos de un banco zombi.

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