Las normas y guías aplicables a las entidades financieras y cotizadas (arts. 24 y ss Ley 10/2014; arts. 29 y ss RD 84/2015, guías para la evaluación de la idoneidad del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV, etc.) exigen a sus administradores honorabilidad comercial y profesional; establecen la responsabilidad de las entidades supervisadas de nombrar miembros que cumplan los requisitos de idoneidad y establecen unos criterios de evaluación entre los que se encuentra la reputación, el conflicto de interés y la idoneidad colectiva. En el caso de que los miembros del consejo de administración no cumplan con los requisitos de honorabilidad establecen la obligación de la sociedad de comunicarlo a los organismos supervisores y de remover al administrador «inidóneo» si éste no dimite voluntariamente.

La guía del BCE mantiene que los procedimientos judiciales penales, administrativos, tanto concluidos como pendientes de resolución, pueden tener un impacto en la reputación del directivo afectado y de la entidad supervisada, y que el simple hecho de que un directivo esté, o haya estado, incurso en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad. La guía del BCE concede gran importancia a las circunstancias que dieron lugar al procedimiento al ser relevantes para determinar si afectan a la reputación del directivo incluso cuando el fallo sea favorable, pero se fundamente en aspectos procedimentales en lugar de en hechos que demuestren no haber cometido el hecho imputado.

El Consejo de Administración del Santander está plagado de consejeros que están siendo o han sido investigados por la presunta comisión de diferentes delitos, lo que pone en duda su honorabilidad y, por tanto, su idoneidad para desempeñar un cargo en la administración de una entidad financiera. Tan es así que en la pasada junta del Santander el accionista minoritario y abogado de Inversión Hogar, Eduardo Martín Duarte, solicitó la remoción de todo el consejo de administración, en unos casos por acción y en otros por omisión de sus miembros.

Vamos a examinar las imputaciones que caen sobre los distintos miembros del consejo de administración que demostrarían una «no idoneidad» colectiva evidente al estar seis de los quince directamente inmersos en procesos judiciales.

Empezaremos por su presidenta Ana Patricia Botín que estuvo encausada por la Audiencia Nacional por fraude fiscal que salió a la luz con la lista Falciani. En dicho proceso penal se le imputaba a la presidenta del Santander y demás miembros de su familia haber ocultado 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza a la Hacienda Pública durante 70 años. La presidenta reconoció la ocultación del dinero y el no pago de los impuestos correspondientes, viéndose obligada la familia Botín a regularizar los últimos cinco años no prescritos pagando 200 millones de euros. El pago de ese importe le sirvió para no ser condenada por fraude fiscal por la aplicación de una mera excusa absolutoria. Ana Patricia Botín se ha visto también salpicada por el escándalo del fraude piramidal de Bernard Madoff de 65.000 millones de dólares, en el que se vio implicado su marido Guillermo Morenés y su hermano Javier Botín a través de su boutique de banca privada Morenés & Botín Capital Advisers. El estafador Bernard Madoff ha contado las visitas que le realizaron Ana Patricia Botín y su marido en sus oficinas en el Lipstick Building de Nueva York y la invitación que le formularon para presenciar con ellos la Copa América en Valencia a bordo de su barco. El Santander comercializó aproximadamente 3.000 millones de euros, a través de su filial Optimal Investment Services con sede en la ciudad suiza de Ginebra y su responsable Manuel Echevarría, consejero delegado de Optimal, que se libró de una condena penal en Suiza por el caso Madoff porque el testigo principal, Rajiv Jaitly, jefe de control de riesgos de la gestora suiza del Santander Optimal de julio de 2005 a diciembre de 2007, finalmente no declaró en el juicio tras haber manifestado anteriormente en julio de 2012 a las autoridades americanas que en 2006 había advertido sin éxito al Santander en un informe de 50 páginas de las manifiestas deficiencias de los productos y la imposibilidad de verificar la operativa comercial de Madoff.

El reciente caso del Banco Popular, del que nuestro compañero Esteban Cano lleva informando puntualmente varios meses, está directamente relacionado con la presidenta del Santander al producirse durante su mandato y hablarse en los mentideros del mundo financiero de presunta información privilegiada y maquinación.

Del mismo modo, el caso de la presunta estafa de 50 millones de euros a los accionistas del Santander por el caso de la finca de Mijas, del que ya informamos en Diario16 y por el que se le preguntó en la reciente Junta, también salpica a la señora Botín por cuanto la misma era miembro del comité ejecutivo que autorizó la venta de la finca de 480.000 m2 por 450.000 euros cuando su valor superaría, según distintas tasaciones, los 50 millones de euros. Hasta la fecha, Ana Patricia Botín no ha llevado a cabo ninguna actuación para que el importe defraudado sea restituido al banco y sus accionistas. En este proceso también podrían estar involucrados Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca y Javier Botín a quien, en el año 2.007 se le comunicó notarialmente, en su condición de consejero, sin que desde entonces haya llevado a cabo ninguna acción para la restitución al banco de la cantidad presuntamente defraudada.

Las mismas acusaciones podrían ser achacables a su hermano Javier Botín ya que él también participó en la ocultación al Fisco español de los 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza. Javier Botín se vio relacionado con el escándalo Madoff a través de M&B Capital Advisors que comercializaba los productos tóxicos de Madoff y causó un presunto quebranto a sus clientes aproximado de 152 millones de euros. Además, Javier Botín, consejero del Santander por ser presidente de la Fundación Botín y en representación de la sindicación de acciones formada con las participaciones de la familia Botín, conoce el presunto fraude de la finca de Mijas desde que en el año 2.007 se le comunicó notarialmente en su condición de consejero sin que desde entonces haya llevado a cabo ninguna acción para la restitución al banco de la cantidad presuntamente defraudada.

En cuanto al vicepresidente, Rodrigo Echenique Gordillo, fue en su día imputado por la Audiencia Nacional por el caso de las cesiones de crédito en el que, junto a Emilio Botín e Ignacio Úcles, se le acusaba de fraude fiscal y falsedad documental al haberse defraudado cerca de 80 millones de euros a la Hacienda española y haberle facilitado documentación falsa. Echenique se libró de la condena, no por cuestiones de fondo, sino por la controvertida “doctrina Botín” que tuvo cinco votos particulares contrarios a la misma de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Echenique también se vio salpicado por el escándalo Madoff al que, al parecer, fue a visitar para retirar los fondos del Santander invertidos en sus productos tóxicos. Echenique es vicepresidente ejecutivo del Santander y podría tener conocimiento directo de los entresijos de la operación del Banco Popular, del que es su actual presidente y que, durante la operación que terminó con la intervención de la sexta entidad financiera del país, despachaba con Emilio Saracho en el habitáculo de su coche, según ha podido confirmar Esteban Cano a través de diversas fuentes conocedoras de este hecho.

De igual forma, Echenique estuvo acusado por la Fiscalía Anticorrupción por delito fiscal, junto con el resto de los miembros del comité ejecutivo del Santander, en el caso de la entrega del 1% de las acciones de Banesto a Alfredo Sáenz y otros comisionados por el Banco de España tras la intervención de la entidad, de la que posteriormente serían nombrados directivos. En aquel caso se entregaron más de 6 millones de acciones de Banesto a 2,40€ (400Ptas) cuando su valor en bolsa era de 5,09€, más del doble.

El consejero Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, anterior secretario general del banco, está siendo investigado en la actualidad por la Audiencia Nacional por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales relacionado con el patrimonio de la familia Botín en el HSBC de Suiza. Ignacio Benjumea, como secretario general del Santander y secretario del consejo de administración, del comité ejecutivo y de todas las comisiones del banco y máximo responsable del departamento jurídico del banco durante casi 20 años, era el responsable de asesorar de la legalidad de los acuerdos adoptados por todos esos órganos por lo que podría tener responsabilidad en la ilicitud de los mismos.

La consejera Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca Cola European Partners y de Cobega, embotelladora de Coca Cola, (sociedad holding con unos ingresos anuales superiores a los 4.000 millones de euros), se encuentra imputada en un caso de delito de administración desleal y contra los derechos de los trabajadores, cuya apertura del juicio oral ha sido recientemente acordada por la Audiencia Provincial de Zaragoza. La imputación guarda relación con la compra de Cacaolat y la promesa a los administradores concursales y a los trabajadores de nuevas inversiones, mantenimiento de la producción y el empleo, promesas que no se cumplieron y culminó con el cierre de su fábrica zaragozana y el presuntamente fraudulento despido de los trabajadores.

Por último, tenemos al consejero Juan Miguel Villar Mir, ex ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno para Asuntos Económicos, al que se le relaciona con la financiación ilegal del PP y presuntos sobornos en México y Argelia. Está imputado por la Audiencia Nacional en la trama Púnica por prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias, al igual que en el caso Lezo. Además, su empresa OHL ha sido denunciada en México por presunta financiación del PRI y comisiones en obras públicas multimillonarias por las que su presidente José Andrés de Oteyza tuvo que dimitir. En mayo de 2017 se presentó denuncia ante el Instituto Nacional Electoral de México con múltiples imputaciones contra Juan Miguel Villar Mir. En dicha denuncia se hace mención de innumerables grabaciones de directivos de OHL en las que se habla de soborno de magistrados, la forma de evitar cumplir sentencias judiciales y favores del gobierno para presionar a los magistrados en beneficio de OHL; falsedad contable, etc.

En conclusión, nos encontramos con un consejo de administración con seis consejeros relacionados directamente con procesos judiciales cuya idoneidad es más que discutible; mientras que los restantes vocales del consejo, aunque no están relacionados con los procesos, los conocen y no llevan a cabo actuación alguna para la restitución del dinero presuntamente defraudado.

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