La situación de la Sanidad pública española resulta preocupante tras los últimos años de recortes acometidos por los gobiernos del PP, pero sobre todos los problemas planea una amenaza que inquieta especialmente a los expertos: la privatización de buena parte del servicio, una tendencia que se inició a finales de los años ochenta y que tiene que ver con el concepto neoliberal de la sanidad como negocio. El libro La contrarreforma sanitaria, un estudio coordinado por Marciano Sánchez Bayle y publicado por la editorial La Catarata, aborda los procesos de privatización que se han llevado a cabo en España en los últimos años y describe el “sistemático desmantelamiento de la sanidad pública española”. Según sus autores, aprovechando la actual situación de crisis se está produciendo una ofensiva “acelerada y de gran intensidad” para destruir el sistema de salud estatal y privatizarlo, o lo que es lo mismo: venderlo al mejor postor. Y donde hay venta hay negocio y hay corrupción.

Las primeras peligrosas desviaciones hacia lo privado surgieron con la aprobación de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990, que definía un modelo sanitario mixto mediante la integración en una sola red de todos los recursos sanitarios, fuesen o no de titularidad pública. De esta manera, el Gobierno de CiU, inspirado por su ideología neoliberal, daba el primer paso. Después de aquello llegaron nuevas agresiones al sistema, como el denominado Informe Abril (1991), bajo auspicio de Felipe González, en el que se proponían nuevas medidas liberalizadoras que con el tiempo se han ido implementando: introducción de criterios empresariales de mercado en la sanidad pública, intervención de compañías privadas de seguros y mutuas en el sistema público sanitario, subcontratas de personal médico, establecimiento de copagos, etc. El proyecto provocó una airada respuesta de rechazo en el sector y las medidas quedaron aparcadas, pero desde entonces no ha habido un solo Gobierno que no haya tenido la tentación de hacer negocio con los recursos sanitarios. Así, en 1992 se construyó el Hospital Costa del Sol de Andalucía, que incorporó principios de gestión privada.

En 1995 la Xunta de Galicia creó la Fundación del Hospital de Verín, primer caso de puesta en marcha de un modelo de gestión sanitario privado aprovechando la ley de fundaciones de 1994. Y finalmente, en 1999, se puso en marcha el Hospital de Alzira (Valencia), auténtico símbolo del nuevo modelo privatizador (aunque recientemente la Generalitat Valenciana ha decidido recuperar su titularidad pública).

Todas estas medidas llevaron a la financiación privada de una parte importante del sector sanitario de nuestro país (desgravación de seguros médicos por las empresas, copagos en medicamentos, transporte sanitario privado, prótesis de pago); a la privatización de la gestión de las aseguradoras (mutualidades de funcionarios, Muface, Isfas): al empleo de criterios privados en la gestión de los hospitales y centros de salud de titularidad pública (fundaciones sanitarias, consorcios hospitalarios, sociedades mercantiles, conciertos, externalizaciones de servicios y de unidades médicas de apoyo); y a la privatización en general de la gestión de algunos centros que eran netamente públicos. Finalmente, el decreto 29/2000 sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud puso las bases para la venta por parcelas de buena parte del sistema público sanitario.

Los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, no solo de la administración central sino también los autonómicos, han apostado por una política de liberalización, en ocasiones encubierta bajo el argumento falaz de que lo único que se estaba privatizando en los centros sanitarios españoles era su gestión, no la titularidad que, según nos decían, seguía perteneciendo al Estado. En realidad ese argumento constituía una gran falacia bajo la cual se escondía el auténtico objetivo: trocear la sanidad pública, venderla por parcelas y hacer negocio con ella. Con los años, la privatización no solo ha alcanzado a la gestión de algunos servicios médicos mediante subcontratas con empresas privadas sino a todas las parcelas y departamentos, hasta el punto de que España se ha desprendido de buena parte de su patrimonio sanitario, que ha terminado en manos de empresas particulares. La mal llamada “externalización” ha afectado sobre todo a las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, las dos regiones que curiosamente más han sufrido el azote de la corrupción, salpicando al sector sanitario y también al educativo.

Que se ha estado especulando con el sistema bajo el eufemismo de “colaboración público-privada (CPP)” es algo que está siendo investigado por algunos jueces tras estallar grandes escándalos como Gurtel o Púnica. Las prácticas irregulares han sido numerosas y variadas: hospitales y centros de salud que multiplicaban su coste de construcción, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes injustificados en edificios y equipamientos, deterioro de la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, retrasos en la entrega de las obras, contrataciones amañadas de personal, trampas en la licitación… Una inmensa trama de especulación basada en la idea nefasta de que la salud de las personas también puede ser un gran negocio.

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