El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) fue denunciado ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo por su actuación en la causa del chalet ilegal construido por el Fiscal de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, en la zona policía del cauce de un arroyo en la provincia de Toledo y que provocó que se dictara orden de demolición por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Esto obligó a Carlos Lesmes a hacerle entrega de manera precipitada la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales. Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo y se consolidó cuando el primero, con ayuda del segundo, alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013.

En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección para un periodo de dos años más, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura «de consenso» liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable, según ha desvelado Diario 16.

Por esa razón se sacaron en el acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo cual era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe ni para debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Carlos Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se «desactivó» haciéndolo constar con un simple «voto en contra», sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido. Esto vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.

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