Diario16 lleva casi dos años publicando diversa información que demuestra que todo el proceso que terminó con la resolución de Banco Popular estuvo plagado de irregularidades legales que ahora están siendo investigadas por la Justicia, tanto la europea como la española. Sin embargo, a medida que el análisis documental va avanzando, nos vamos encontrando con más aspectos que conculcaron la ley o que fueron manipulados para dar apariencia de legalidad.

La solvencia confirmada de Banco Popular es uno de los ejemplos más claros. El informe de Deloitte sobre el que se tomó la decisión de resolver a la entidad está planteado como una valoración de liquidación, es decir, de un banco en quiebra cuando, en realidad, el Popular era solvente. ¿Por qué se hizo así? Aquí es donde entra la apariencia de legalidad en una acción que vulnera la ley.

Si el Popular hubiese sido insolvente, el Banco de España está obligado a comunicar este hecho al juez ya que la insolvencia puede ser delictiva. Por tanto, para que la autoridad bancaria, en este caso la JUR, pudiera resolver al Popular había que insistir en que era solvente y, de este modo, sortear el proceso judicial.

El Gobernador del Banco de España comunicó al BCE que había solvencia, algo que era verdad y que, en consecuencia, debería haber bastado para no resolver. Sin embargo, y teniendo en cuenta que todo estaba programado desde el día 3 de junio, el hecho de que el supervisor certificara esa solvencia abría las puertas para que Emilio Saracho declarara el estado FOLTF (fail or likely to fail) y la JUR resolviera al Popular e iniciara la subasta para entregar a la entidad al Santander por un euro.

La carta de Linde que publicamos hace unos días muestra, en primer lugar, que se intervino a un banco que tenía liquidez y solvencia, lo cual es ilegal; en segundo término, dejó claro que se podía resolver sin pasar por ningún trámite judicial, lo cual, en base a los informes de valoración que se utilizaron para justiciar el proceso, también fue una acción que podría vulnerar la ley española.

Son ya demasiadas irregularidades para que la Justicia no toma medidas cautelares sobre la operación, no realice una instrucción como la expuesta en estas páginas por el juez Elpidio Silva. El nuevo magistrado de la Audiencia Nacional tiene la llave para ello y más de 305.000 familias se sentirán reconciliadas con el tercer poder del Estado.

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