En Andalucía, a mediados del siglo XIX comenzó la primera revolución que levantó al campesinado contra el capitalismo. Ahora, en pleno 2017, ha llegado el momento de la revolución de las conciencias. También en Andalucía ha comenzado con el caso Maracena, en Granada, la revolución en contra de la «justicia injusta».

La jueza titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, María del Carmen Siles Ortega, solo es un ser humano » imperfecto » como todo ser humano y no «divino”, con atribuciones otorgadas por un sistema elitista, incluso aún descendiente de una dictadura que se transformó en democracia sin cambiar el sistema jurídico.

Una transición o revolución aún pendiente de realizar en el Estado español, una sucesión impuesta, la del tercer poder, que por imperfecto en su funcionamiento es injusto.

No obstante, un juez es un ser, como decía antes, imperfecto, humano con sus virtudes morales y sus debilidades inmorales, honst@s y corrupt@s, seres con aciertos y desaciertos, buenos y malos, apt@s e inept@s…

Vulnerables en su estado físico como cualquier ser humano, y, por supuesto, también en el psíquico, «con úlceras y sin ellas», de un color u otro, feministas o lo contrario, machistas o lo contrario, con respeto a los menores y lo contrario, con amor u odio en su vida, de un color u otro… Con conciencia social o con lo contrario, normal o mediocre, con prepotencia, soberbia, crueldad, envidia, maleducados, depravación, mediocridad o lo contrario.

¿Quién es usted, señoría, para ajusticiar sin bondad ni conciencia a Juana Rivas, hasta decidir poner a sus hijos a disposición de un maltratador?

Siga usted, Juana Rivas desobedeciendo en conciencia esa justicia injusta, esa sentencia cruel.

La sociedad tiene la obligación histórica de comenzar a rebelarse en nombre de la «conciencia social”, en contra de poderes impuestos por la sinrazón, por la dictadura de las élites, por una revolución pendiente. Acabemos de una vez con el cómplice silencio.

No más justicia injusta. No más «Inquisición legal».

El Fiscal no ha querido saber nada a favor de Juana, y el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, se están limitando a movilizar a la Policía en la búsqueda de Juana. Zoido bien podría enviar a buscar las facturas falsas de Córdoba, y el ministro de Justicia a ordenar el cumplimiento de sentencias contra su amigo de Almería, el Presidente del PP.

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