España está gobernada por una «dictadura privada», por el Banco de Santander. Da igual el partido que ostente el poder, la entidad cántabra siempre sale impune de las atrocidades o de los delitos por los que tuvo que acudir a los tribunales. Siempre hay alguien dispuesto a «jugarse» su carrera para salvar al Santander. ¿Por qué esta impunidad? La excusa siempre es la misma: la estabilidad del sistema financiero español. En estas páginas hemos visto cómo una institución como el Banco de España se niega a aplicar un embargo de 100 millones de euros ordenado por un juez, cómo los tribunales españoles crearon, incluso, una doctrina jurídica para salvar a la familia Botín, por no citar indultos a directivos del Santander que fueron revocados por el Tribunal Supremo.

Todos los poderes del Estado, principalmente el Ejecutivo, el Judicial, el económico/financiero y, en ocasiones, el Legislativo se han puesto al servicio del Santander, algo que es un hecho muy grave desde un punto de vista democrático.

En el Caso Popular, tal y como ya hemos publicado en Diario16, la protección de instituciones públicas y privadas, tanto a nivel español como a nivel europeo, fue fundamental para que el Santander fuera rescatado. Hay claves económicas que demuestran que en todo el proceso se produjo una cada vez menos «presunta» estafa.

El diario digital El Independiente publicó la semana pasada una información en la que el banco más importante de Europa, el HSBC, cuestionaba la resolución del Popular. El banco británico cuestiona la venta por un euro tras la publicación por Diario16 de la oferta de ampliación de capital de Barclays por 4.000 millones de euros, sin mencionar la de Deutsche Bank por otros 4.000 millones. Estas ofertas fueron presentadas en la semana previa a la intervención y Saracho no las comunicó al Consejo de Administración ni, en consecuencia, se informó a la CNMV. El HSBC es claro: «si había capital disponible se pone en cuestión el proceso que hay detrás de llevar al banco a resolución».

Volvamos a repasar los acontecimientos que demuestran que la intervención del Popular fue una estafa, una «presunta estafa». El día 2 de junio el despacho Uría y Menéndez envió a Joaquín Hervada las instrucciones para comunicar la inviabilidad de la entidad y los procedimientos a aplicar el «Día R»,  es decir, el día de la resolución, procedimientos destinados a evitar una fuga de información por parte de aquellos con capacidad de decisión y con poderes que no estaban de acuerdo con la decisión que se iba a adoptar, además de un plan de comunicación que evitara que hubiera voces discrepantes con la intervención y la venta del Popular por un euro al Santander. Al día siguiente, el FROB, siguiendo instrucciones de la JUR, inicia todo el proceso de intervención comunicando a las 5 principales entidades bancarias españolas que el Popular iba a ser intervenido. El día 5 de junio se permite el acceso a la Virtual Data Room, un espacio donde se podrían comprobar los datos de la operación, unos datos que eran claramente insuficientes teniendo en cuenta cómo el BBVA solicitó más tiempo para realizar el análisis de cara a diseñar una oferta. El Santander no los necesitaba porque, tal y como se afirma en el documento que recibió Hervada, ya los tenía. El día 6 el Popular comunica la inviabilidad a través de una carta sin garantías y con una firma que se asemeja a la de Saracho pero que fue realizada por el propio secretario del Consejo, es decir, con una falsificación documental.

Veamos las cifras que demuestran, tanto lo que afirma el HSBC como lo que lleva defendiendo Diario16 desde hace meses, es decir, que el Popular no estaba en situación de ser intervenido.

El día 3 de junio se recibe la oferta de Barclays para ampliar capital por 4.000 millones de euros. El día 5 de junio Saracho recibe la oferta por idéntica cantidad de Deutsche Bank pero afirmando que la oferta fue transmitida a Miguel Escrig hacía días y que no habían recibido respuesta alguna a la misma. El mismo día 6 de junio se recibe la carta del banco chileno BCI en el que comunican que retiran su oferta por 535 millones de dólares por TotalBank por las constantes negativas de Saracho. Por otro lado, aunque hubo salida de depósitos por valor de 14.000 millones de euros, el Popular aún contaba con un volumen de depósitos de 63.000 millones, teniendo garantizados más de 36.000 millones por el FGD, por lo que había liquidez de sobra. Además, el Popular tenía una ELA de 9.000 millones de euros a la que no pudo acceder en su totalidad porque, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España, Saracho no presentó todas las garantías de las que podía disponer el Popular y sólo recibió 3.500 millones.

A todo lo anterior hay que sumar los 4.000 millones que CaixaBank, a través de Criteria, tenía destinados para entrar en la subasta del Popular, una información al mercado que fue retirada súbitamente y de la que no se supo más. Tal vez algo tuviera que ver el hecho de que se permitiera a la entidad catalana la liberación de balances.

Sin embargo, no es lo único que ocurrió en esos días. El día 4 de junio se recibió una oferta de casi 2.000 millones de euros por parte de una de las corporaciones financieras más importantes del mundo por uno de los activos más importantes del Banco Popular, un documento del que dispone Diario16 y que será publicado en los próximos días.

Con todas esas cifras, tenemos que el Popular en los 6 días anteriores a su intervención pudo disponer de 8.000 millones para ampliar capital, de 2.500 millones por venta de activos o carteras de negocio, además de 5.500 millones de liquidez y pudo haber sido vendido por 4.000 millones y no por un euro. ¿Tanto interés lo puede generar un banco que fue vendido por un euro porque, según los organizadores de la operación de rescate del Santander, estaba en quiebra? Evidentemente, no.

El mero hecho de que se ocultaran ofertas de ampliación de capital, de líneas de liquidez del BCE u ofertas corporativas de venta por un valor conjunto de 22.000 millones de euros demuestra que a los 305.000 afectados se les ha estafado, al igual que al propio mercado.

Diario16 vuelve a insistir en que la Justicia, con todos estos datos, tiene la obligación de tomar decisiones rápidas como las que tomó en su momento el juez Pablo Ruz con la corrupción del Partido Popular. Este medio, además, dispone de documentación que aún no ha sido publicada en espera de ver la publicación de los informes de la JUR y del definitivo de Deloitte. Si al contrastar esos documentos con los publicados detectamos que han sido modificados entonces podremos afirmar que la presunta falsificación documental, la manipulación de cifras, dejará de ser presunta para convertirse en una realidad por la que este medio tomará las medidas legales necesarias para que a las 305.000 familias se les haga justicia y que las instituciones españolas y europeas dejen de reírse de la desgracia de verse arruinados para que no cayera el Santander.

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