Un importante abogado de este país declaró a Diario16 que Europa iba a ceder en el Caso Banco Popular y, en el mes de abril en la que este medio habló con el letrado, aún no habíamos desvelado la multitud de irregularidades cometidas por la Junta Única de Resolución (JUR).

Los procedimientos aplicados por el organismo encargado de aplicar el MUR en muchas ocasiones fueron en contra de los propios reglamentos de la UE, del BCE y del Mecanismo Único de Supervisión. El propio Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya anunció que juzgará a la JUR por violación de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, del deber de diligencia y buena administración, del derecho a la propiedad, del derecho a ser oído, de la no concurrencia de los requisitos para la aplicación del instrumento de resolución y la impugnación del informe de valoración de Deloitte.

Los propios documentos internos de la JUR indican que ya había una intención de resolver al Popular antes de que se iniciaran todos los procedimientos o de que se declarara la inviabilidad de la entidad: «dado que la licencia bancaria de Hipócrates será revocada haciendo inviable el negocio, es probable que la liquidación comience de inmediato». Además, durante la reunión convocada para el tres de junio por la propia Elke König en la noche del día dos a través de un correo electrónico encriptado donde se indicaban las instrucciones para dicho encuentro, la JUR dio la autorización para iniciar el proceso de subasta y comercialización del Banco Popular y el FROB inició el Proyecto Hipócrates con el envío de cartas a las otras cinco entidades financieras españolas en las que se anunciaba que el sexto banco de España iba a entrar en resolución. En concreto, la JUR decidió aprobar «el inicio inmediato de la comercialización del Banco por parte del FROB». Todo esto dos días antes de que se iniciaran las salidas masivas de depósitos por parte de las instituciones y empresas públicas.

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de la cronología por la que el propio BCE ya indicó en una reunión celebrada el día 2 de mayo de 2.016 que el Popular tenía que ser resuelto, la aprobación por parte del Santander del Proyecto Neptuno y por el que ya estaban negociando con los fondos buitre la venta de los activos antes de que se produjese la resolución y la posterior subasta, la contratación de Deloitte o la realización de la primera valoración con datos inexactos e incompletos y, finalmente, el retraso de la venta que hizo fuera del plazo determinado por el propio FROB, son demasiadas irregularidades como para que la Justicia no anule la operación ya que, de otro modo, estaríamos ante uno de los mayores escándalos judiciales de la historia.

Otra irregularidad que sería causa de anulación es la propia elección del método de resolución. Entre las posibles alternativas a la resolución que contempla la ley —cese fulminante de un consejo de administración que había provocado una crisis de liquidez inédita en España por su gravedad, nombramiento de un órgano de dirección provisional, aportación de mayor liquidez por parte de los organismos públicos, solución privada a través de ampliación de capital o de venta— sólo se llegó a la solución de la resolución, venta en subasta (que se hizo fuera de plazo) por un euro y la pérdida del patrimonio de los accionistas y bonistas.

Todo indica, tal y como dijo aquel prestigioso abogado, que Europa va a ceder o que la Justicia europea va a fallar en contra de los intereses del Santander a la hora de la anulación de la operación, lo que le supondría un grave problema a la entidad presidida por Ana Patricia Botín, quien, para evitar un mayor descalabro en sus cuentas, se verá obligada a hacer suyas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y llegar a un acuerdo extrajudicial justo con todos y cada una de los más de millón y medio de afectados.

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