En la última semana hemos visto cómo la JUR ha anunciado que publicará el informe definitivo de Deloitte del Banco Popular a finales del mes de julio pero no íntegro, sino censurado, algo que va en contra de la transparencia que rige a las instituciones de la Unión Europea. Por otro lado, Emilio Saracho publicó un artículo de opinión en un medio en cuyo Consejo de Administración está representado el Santander como tercer máximo accionista. Además, el propio banco cántabro está acusando al fondo Pimco de que su demanda en Estados Unidos, hecho que ha levantado las alarmas porque en esa jurisdicción el Santander no tiene ninguna influencia. El propio Pimco alegó que presentaba la demanda porque los tribunales norteamericanos son el único lugar donde poder obtener la información clave.

Las propias declaraciones de la JUR demuestran que se quiere convertir en juez y parte del procedimiento de resolución del Popular olvidándose de la separación de poderes. La Junta de Resolución puede realizar todas aquellas acciones que crea oportunas y convenientes para defender sus propios intereses. Ahora bien, la credibilidad de la JUR está tan mermada y descompuesta que todo aquello que ofrezca a los afectados es considerado por los mismos como un acto de intimidación para asumir sus propias conclusiones y veredictos, no ayudando, sino poniendo trabas a la defensa jurídica efectiva y entorpeciendo la labor de la justicia.

El Banco Santander ofreció bonos de fidelización sólo para los afectados de la ampliación de capital del Banco Popular del año 2.016 y captó a algunos dejándolos sin capacidad jurídica frente a la entidad. Sin embargo, sí pueden demandar a la JUR. Ésta ahora vuelve a ofrecer derecho de audiencia a los afectados, ya habiendo transcurrido un año de la resolución. Sin embargo, las 305.000 familias arruinadas no quieren negociar porque, incluso existiendo una presunta buena voluntad de la JUR para ofrecerles un mendrugo para que quitemos las demandas ante el TGUE, la razón no está sujeta a negociación. ¿Qué interés puede tener esa buena voluntad que esta presentado la JUR? Esta pregunta es legítima porque los afectados ya conocen y tienen muy claro que lo que ha mostrado en este primer año ha sido mantenerse firme en sus posiciones y planteamientos.

Los afectados lo único que piden es que la JUR les facilite todos esos informes que, según ellos, no les favorecen en nada a los afectados. Una afirmación apriorística que las familias arruinadas tendrán que determinar, una vez que tengan acceso, lo que ocurrió en aquella noche del 7 de junio de 2.017. La JUR no puede ofrecer negociación alguna a los afectados, lo único que tiene que hacer es cumplir con los preceptos de transparencia de la UE y entregar a todos los afectados la documentación, sin tachaduras ni censuras. ¿Qué pretenden ocultar? La excusa de que se ponen en peligro el sistema financiero o los intereses del Santander no es más que un eufemismo o un sarcasmo desafortunado.

Por tanto, el derecho de audiencia que ofrece la JUR a los afectados, si solo es para dar sus opiniones sobre lo bien o lo mal que lo ha hecho la JUR en la resolución del Banco Popular, no tiene sentido. Ahora bien, la JUR no puede eludir la responsabilidad de presentar íntegramente, en primer lugar el segundo informe y, al mismo tiempo, el tercero, ya que dispone de ambos.

Las familias arruinadas tienen claros sus objetivos: cumplir y hacer cumplir la ley, algo que parece que no tiene claro la JUR al importarle solamente estar lanzando afirmaciones grandilocuentes sobre su actuación, sin presentar las confirmaciones de dichas afirmaciones, lo que provoca que dichas afirmaciones solo sean creídas por los mismos que las lanzan. Sin embargo, los afectados no tienen la capacidad de poder valorar si esos razonamientos de la Junta de Resolución fueron acertados o no porque no les han permitido acceder a la documentación.

Por otro lado, las familias arruinadas del Banco Popular son conscientes de que, con los datos de los que disponen gracias a las publicaciones de Diario16, pueden derribar todas aquellas afirmaciones que argumenta la JUR en sus planteamientos tan absolutistas sobre las conclusiones de la Resolución.

La JUR puede afirmar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Los afectados y sus abogados van a escuchar todo lo que diga. Sin embargo, estamos en un escenario en el que las palabras ya no sirven y hay que pasar a las confirmaciones, demostraciones y verificaciones de aquello que les y poder expresar libremente su propia valoración.

Por esta opacidad Pimco y Antonio del Valle han presentado sus demandas en los tribunales de los Estados Unidos. Ellos tienen esta posibilidad por su capacidad económica, algo que la gran mayoría de las familias arruinadas no pueden. Sin embargo, es significativo el hecho de que haya que irse a otro continente para poder acceder a una Justicia justa sin las presiones y la influencia del Santander. Es por ello que ante la independencia de los tribunales norteamericanos el banco presidido por Ana Patricia Botín se haya puesto nervioso, en primer lugar, porque en Nueva York se va a poder acceder a toda la documentación que en Europa y España se les niega a los afectados y, en segundo lugar, porque alguna de esas demandas va acompañada de los documentos publicados por Diario16. Es paradójico que quien inició la rebelión y la operación bajista para provocar la dimisión de Ángel Ron, se pueda convertir en la esperanza para las 305.000 familias afectadas que no quieren negociar sino que esperan recibir una Justicia justa que les devuelva el dinero que los poderes económicos les hurtaron la madrugada del 7 de junio para rescatar al Santander.

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