El día 5 de junio a las 19.57, María Isabel Moreno Ayuso, Directora de Información Corporativa y Análisis del Banco Popular, enviaba un correo electrónico a Emilio Saracho, Miguel Escrig, Antonio San José, entre otros, en el que decía lo siguiente: «Os volvemos a enviar el documento de depósitos cubiertos por el FGD […] El importe sigue siendo el mismo (36.188 millones, un 55% del total)». Estamos ante un asunto de enorme complejidad que demuestra que la operación se estaba gestando en España, por lo que las responsabilidades legales deberán ser dirimidas en los tribunales españoles y no en los europeos, ya que éstos lo único que harán es alargar los tiempos para que los afectados cobren lo que se les arrebató el día 7 de junio.

Si había más de 36.000 millones de euros en depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que suponía un 55% del total, quería decir que los titulares de esos depósitos no tendrían ningún problema en el caso de que el Popular entrara en concurso de acreedores. Sin embargo, había 32.500 millones que no estaban garantizados y estaban expuestos a la liquidación que determinara un juez.

Este hecho tiene una relación directa con los movimientos de Emilio Saracho y del Santander. Supuestamente, Saracho pretendía o una venta a bajo precio a otra entidad, es decir, una operación corporativa, o una ampliación de capital barata. Para lograr cualquiera de estos presuntos objetivos había que perjudicar al banco a través de malas noticias y de operaciones bajistas en el mercado con el riesgo de una salida masiva de depósitos, lo que se pudo comprobar después de sus declaraciones en la Junta de Accionistas del 10 de abril o del anuncio en un medio de comunicación de que el Popular estaba quebrado.

El Banco Popular siempre se caracterizó por tener una gestión muy conservadora de la liquidez. Esto consiste en tener una relación adecuada entre créditos y depósitos. Antes de la llegada de Saracho el Popular la tenía en torno al 100%, muy conservadora para un banco comercial europeo. Además, poseía una reserva de liquidez en activos que se pueden hacer líquidos en la ventanilla ordinaria del Banco Central Europeo. Esa reserva estaba en 12.000 millones de euros el 31 de marzo de 2.017.

Sin embargo, a partir de la Junta de Accionistas del 10 de abril comienza una salida masiva de depósitos y el Popular se ve obligado a acudir esa ventanilla reduciendo ese excedente porque los depósitos estaban saliendo. Esto tuvo como consecuencia que tenía que atender a los pagos de los clientes y proveedores con ese dinero que se iba descontando.

Este hecho era una oportunidad para el Santander y, por tanto, para Emilio Saracho. A 31 de mayo, tras una fuga de depósitos de 11.000 millones de euros desde abril, se había comido una buena parte de ese colchón de reserva. Para los interesados en la ampliación de capital barata, principalmente Antonio del Valle, se había marcado un valor de la acción de 0,25 euros, lo que era una verdadera salvajada teniendo en cuenta que el valor contable de la acción en esa fecha estaba en 1,80 euros. Los movimientos de los últimos días parecen indicar que a Saracho no le preocupaba la liquidez, un hecho que demuestra que se quería generar una situación de incumplimientos de ratios a futuro que provocara un escenario de inviabilidad, tal y como le indicaron desde el despacho de Uría y Menéndez. Todo parece indicar que, además de lo indicado por el bufete de referencia del Santander, Saracho, por su inexperiencia en la gestión de un banco comercial, consideraba que el Banco de España y el BCE estaban obligados a darle liquidez porque disponía de más de 40.000 millones en activos que podía hacer líquidos a través de una línea de emergencia (ELA) del BdE por delegación del BCE. Que no la solicitara hasta el día 5 de junio, en la misma fecha en que se envió el correo electrónico citado anteriormente, es inexplicable desde la lógica, pero cuando había un interés externo en que el banco cayera, no parece tan ilógico. Ese mismo día 5 de junio, además, se produjo el inicio de las salidas masivas de depósitos por parte de empresas, organismos e instituciones públicas.

Saracho estaba llevando al Popular al precio que parecía interesante, en principio, para quienes apostaban por una ampliación barata. Sin embargo, ese era el precio por el que el Santander podría entrar y eso se demuestra en el hecho de que paralelamente se estaban desarrollando negociaciones en el entorno de 3.500 millones de euros. Sin embargo, la intención del Santander era otra: comprar el Popular por un precio simbólico y que fueran los accionistas y bonistas los perjudicados de la operación. Por esta razón ya tenían preparada una presentación que fue publicada como Hecho Relevante tan sólo 22 minutos después de que se anunciara la compra del Popular por un euro, un documento en el que se citan datos internos del banco intervenido con una precisión que sólo se puede tener si se dispone de esos datos.

Las cifras de depósitos garantizados demuestran que la misión para la que se contrató a Saracho fue la de llevar una gestión suicida para que el Popular fuera comprado por el Santander sin ningún coste para obtener una rentabilidad rápida que arreglara sus cuentas. Para lograr esta situación, Saracho, además de generar una pérdida del valor porque, tal y como le reconoció a Ángel Ron, «el precio de la acción estaba muy alto», complementó la acción agresiva de los mercados con la creación de una crisis de liquidez desde el primer momento para estrellar al Popular y que se lo quedara el Santander por un euro. Esto supone que presuntamente Saracho tuvo una auténtica voluntad de causar daño al banco.

Todos estos movimientos con la liquidez no pudo hacerlos Saracho solo. Tuvo que tener el apoyo institucional y mediático del que dispuso desde el primer momento. Por ello, la responsabilidad de la ruina de más de 305.000 familias no está sólo en el último presidente elegido por la Junta de Accionistas, además de que Saracho no puede hacer frente con su patrimonio a la reparación del daño causado, sino que tanto el Santander como el propio Gobierno, a través del ministro de Economía y de los organismos dependientes de él son los verdaderos responsables hacia los que hay que dirigir las querellas criminales consecuentes. Desde luego, Europa no es la única responsable. Tiene su cuota, evidentemente, pero no la única como para que ahora se inicie una campaña para que los afectados se dirijan únicamente contra la JUR.

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