En estos días se vuelve a poner en candelero la eterna polémica acerca de la Memoria Histórica con la muerte de la hija del dictador, su herencia (los frutos de la corrupción con la que esa familia se enriqueció) y con los datos de incumplimiento reiterado de la ley que intentaba dar dignidad a quienes fueron víctimas del fascismo. ¿Cómo es posible que en este país aún haya tantos y tantos vestigios de una dictadura genocida, ya sea en forma de monumento, placa o nombres de calles y plazas?  Principalmente porque quien tiene el poder es el Partido Popular.

El PP, la formación política heredera del franquismo, el partido que fue fundado por exministros de Franco, tales como Manuel Fraga, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó o Gonzalo Fernández de la Mora. Todos estos hombres tuvieron responsabilidades de poder tanto en los gobiernos de Carrero Blanco como en los de Carlos Arias Navarro y, por mucho que desde el Partido Popular se quiera hacer ver que su origen está en la UCD de Adolfo Suárez —que a su vez fue heredera del Partido Popular de José María de Areilza y Pío Cabanillas—, lo cierto es que el actual PP viene de donde viene, del franquismo «sociológico» que representaba Alianza Popular.

Esta es la razón principal por la que el PP aún no ha condenado explícitamente al franquismo y por la que busca siempre excusas para cumplir y hacer cumplir la ley, en el caso que nos ocupa, la Ley de Memoria Histórica. Mientras tanto, en otros asuntos, como el desafío soberanista catalán, se les llena la boca afirmando que ellos se encuentran del sistema legal. Según la Ley de Memoria Histírica cualquier vestigio de la dictadura debía ser eliminado de las calles españolas. Sin embargo, Spain is different, y lo es incluso en un tema tan delicado como el que nos ocupa. Además de monumentos o nombres de calle vemos cómo se siguen realizando misas por las almas de los caídos por Dios y por España, cómo se realizan homenajes a Blas Piñar, cómo se canta el Cara al Sol en el entierro de un declarado franquista o cómo la Iglesia pide un nuevo Alzamiento Nacional. También hemos podido comprobar cómo dirigentes del Partido Popular se reían de las víctimas del franquismo insinuando que sólo han comenzado sus reivindicaciones de justicia cuando había subvenciones del Estado o de cómo personas con cargos públicos imponían medallas a la División Azul, a las tropas que Franco envió al frente ruso para incorporarse a las unidades nazis que invadían la URSS, tropas que, por cierto, llevaban el mismo uniforme que los alemanes. Igualmente, hemos podido ver cómo alcaldes del Partido Popular autorizaban la celebración de mercadillos fascistas o de cómo se intentaba comprar a concejales de otros partidos para que no votaran a favor de quitar símbolos fascistas de plazas y calles. En la España del PP hemos podido ver homenajes a la Legión Cóndor (en la negra etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid se llegó incluso a colocar una batería antiaérea nazi para decorar una rotonda), la fuerza alemana que luchó en nuestra Guerra Civil y que, entre otros «méritos» destruyó Guernica. Del mismo modo, hemos comprobado cómo ministros y dirigentes del Partido Popular han asistido a la beatificación de presuntos mártires, de sacerdotes del bando nacional que fueron ejecutados durante la Guerra.

Finalmente, ¿cómo es posible que siga abierta la tumba del dictador y que se permitan las visitas a la misma o que el ex ministro del Interior fuera a meditar allí? Todo esto es sólo una parte de las cosas que ocurren en un país donde hay una Ley que prohibe la permanencia de esta simbología y donde se daba vida a quien durante décadas ha estado luchando por la justicia del reconocimiento o, simplemente, por el hecho de poder disponer de los restos de quien fue represaliado y asesinado por la simple razón de pensar o de tener una ideología diferente del Régimen. Comparemos este escenario con el que existe en Alemania, un país donde Hitler impuso un régimen del terror similar al que implementó Francisco Franco en España. Allí no hay calles dedicadas a Göring, Goebbels, Hitler, Kaltenbrunner, Heydrich, Himmler o a los generales Jodl o Keitel. Tampoco hay simbología ni monumentos nazis en las calles. Por el contrario, todo lo referido a esta ideología está prohibido, es un delito. En España no ocurre esto, sino todo lo contrario, tal y como los hechos referidos anteriormente demuestran. En España no se respeta a las víctimas, más bien se las vilipendia con la peor condena que se puede imponer: el olvido.

En el año 2014 visitó España el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias para reunirse con distintas asociaciones de víctimas del franquismo y por la Recuperación de la Memoria Histórica y evaluar la actuación del gobierno de Mariano Rajoy en lo referente a este asunto. Siguiendo la actitud propia de la derecha heredera del Movimiento Nacional, el gobierno del Partido Popular se negó a facilitar a la ONU cualquier tipo de información sobre el tema. Tras esta primera visita realizaron un informe preliminar que era demoledor para el gobierno. Lo primero que certificó la ONU es que el gobierno tenía que dejar de poner la Ley de Amnistía de 1977 como cortina para no hacer frente a las responsabilidades jurídicas ante delitos de lesa humanidad que no prescriben. También se reclamó una investigación exhaustiva e imparcial que culminara en graves condenas para los responsables de ese genocidio, así como una reparación adecuada para las víctimas. Tras este informe preliminar el gobierno de Mariano Rajoy dijo que tendría en cuenta las recomendaciones de la ONU. Ya se imaginan ustedes que no hicieron nada que no fuera guardar silencio u obstaculizar las peticiones de extradición de torturadores por parte de la justicia argentina, peticiones que los órganos de la justicia española han rechazado.

En febrero de 2014 el informe final no podía ser más duro con España. En primer lugar se critica de forma contundente que este país no haya enjuiciado y condenado los crímenes de la dictadura franquista y que la Ley de Amnistía de 1977 sea tomada como una «Ley de Punto Final» que deje impunes los crímenes de un régimen dictatorial que aplicó la represión y el asesinato como forma de mantener a la población a raya. El Partido Popular tiene la desvergüenza de condenar a la dictadura cubana o a la venezolana mientras que no mueve un dedo para reparar los daños del franquismo. La ONU pide que la Ley de Amnistía sea derogada y permita juzgar a los criminales que torturaron y asesinaron a quienes no pensaban igual que ellos o que luchaban contra la dictadura.

Este verano la ONU ha vuelto a solicitar al Gobierno de Mariano Rajoy que haga algo en lo referente a las desapariciones forzosas y a la reparación de las víctimas del franquismo. Ante la pasividad del gobierno del PP en este tema la ONU puso un plazo de tres meses para presentar un cronograma de medidas a tomar en lo referente a las víctimas del franquismo y a aquellos que desaparecieron de manera forzosa como consecuencia de la represión de la dictadura. Ante esto el Partido Popular, a través de uno de sus órganos de propaganda, el Telediario de RTVE, respondió como siempre: olvidándose de estas víctimas y, por tanto despreciándolas, en una pieza dedicada a las desapariciones forzosas en el Día Mundial de los Desaparecidos.

¿Qué hará el PP ante las constantes condenas de la ONU? ¿Qué hará Mariano Rajoy ante quienes le reclaman justicia y que se les repare todo el daño que se les hizo? Nada, no harán nada, ya que parten de la base de que hacer justicia a las víctimas del franquismo abriría de nuevo heridas que fueron cerradas en la Transición. Este argumento es una falacia ya que no se puede reabrir una herida que no fue cerrada, una herida que, sin embargo, se va a abriendo más y más con cada desprecio por parte de los ultraconservadores españoles. La reconciliación de los españoles, de las «dos Españas», sólo podrá hacerse efectiva cuando los familiares de los represaliados, de los asesinados, de los que descansan en las cunetas, puedan recibir a sus familiares, puedan sentir que el Estado del que forman parte hace justicia para con ellos. La gran mayoría de estas víctimas sólo piden que se les den los medios para buscar a sus familiares asesinados para poder enterrarlos y tener un sitio donde honrar su memoria. Mientras que en otros casos, como el de los niños asesinados por José Bretón, donde Ruth Ortiz reclama los pocos restos de sus hijos para poder enterrarlos, son puestos a la luz en los medios de comunicación y tienen una actitud favorable por parte de la opinión pública porque es de justicia que una madre pueda enterrar a sus hijos, los mismos medios de comunicación, por presiones políticas, se olvidan de que esa reivindicación es la que tienen las víctimas del franquismo: poder enterrar a sus seres queridos. Es la doble vara de medir de los ultraconservadores españoles.

Por otro lado tenemos la cuestión penal. Mariano Rajoy, su partido y sus militantes olvidan que los delitos de desaparición forzosa no prescriben, que los crímenes contra la Humanidad no prescriben. La represión franquista fue un crimen contra la Humanidad puesto que se realizó una limpieza ideológica similar a la que ejecutó Adolf Hitler en Alemania. Muchos de los criminales responsables de estos crímenes ya han muerto, incluido el propio Franco. Sin embargo, muchos siguen vivos, sobre todo aquellos que tuvieron responsabilidades políticas o policiales durante el Tardofranquismo. No son juzgados porque la Ley de Amnistía de 1977 está siendo interpretada como una Ley de Punto Final. Sin embargo, dicha Ley no es aplicable a lo que reclaman las víctimas del franquismo ya que no hay prescripción del delito, además de que la propia amnistía estaba pensada para aquellos que fueron condenados por el franquismo, no por sus defensores. No obstante, la Justicia española se sigue oponiendo a que estos criminales sean juzgados o sean extraditados a países que sí han abierto causa contra los crímenes franquistas.

El porqué de esta actitud obstruccionista y de este desprecio que se tiene por parte del Partido Popular hacia las víctimas del franquismo es obvio: son herederos de quien son y no van a juzgar al Régimen franquista ni van a hacer justicia a quienes desprecian, desprecio extensible a lo que esas víctimas defendieron, tal y como estamos viendo en su manera autoritaria de gobernar. Son herederos de quien son y todos lo sabemos.

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