Foto: Kike

El diario digital El Confidencial publicaba en el día de ayer una noticia en la que se mencionaba que más de 800 empleados de los Servicios Centrales del Popular ya se habían apuntado voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo impuesto por el Santander a principios de este mes de diciembre.

Aunque el acuerdo firmado entre el Santander y los sindicatos mayoritarios incluía unas condiciones muy favorables en caso de prejubilación, fuentes de los trabajadores consultadas por Diario16 nos han confirmado la gran mayoría de esos centenares de empleados que aceptan el despido de manera voluntaria son los más jóvenes y no los más veteranos que podrían acogerse a las ventajas de la prejubilación.

Este fenómeno, que podría ser contradictorio, tiene dos razones fundamentales. La primera, la gran mayoría de los empleados del Popular que podrían prejubilarse ya lo hicieron en el ERE de 2.016. La segunda, los jóvenes no se fían del Santander porque la propia entidad cántabra no genera la confianza suficiente como para plantearse un proyecto laboral a largo plazo sobre todo teniendo en cuenta las incertidumbres que genera la situación real de sus cuentas.

Además de las más de 305.000 familias arruinadas, los que más han sufrido las consecuencias de la operación de rescate del Santander han sido los trabajadores. En Diario16 ya hemos contado testimonios en los que, en los días previos a la intervención, muchos de estos empleados se veían obligados a ir a trabajar bajo los efectos de ansiolíticos o antidepresivos; muchos de estos trabajadores se derrumbaban ante los clientes que acudían a las oficinas a preguntar sobre la situación y que tenían que ser los propios clientes del Banco Popular los que consolaran a los empleados. Tras la intervención los propios trabajadores nos contaron cómo la presión había aumentado para lograr objetivos que eran inasumibles o que algunos directores de zona notificaban por correo amenazas veladas. También hemos conocido, y publicado, cómo el Santander creó una especie de escenario del terror para evitar que los propios empleados dieran a conocer el funcionamiento del banco desde que pasó a formar parte del Grupo Santander.

Estos más de 800 trabajadores pertenecen a los Servicios Centrales y no a la red comercial. En esos SSCC es donde el Santander más presión ha ejercido de cara a evitar la fuga de información, presión que ha llegado a provocar la imposición de expedientes a directivos históricos del Popular. Esta es una de las causas fundamentales por las que los más jóvenes han decidido acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo.

Lo que no se entiende es que se hable de este hecho como un algo positivo porque jamás lo es el hecho de que, en primer lugar, se despida a ningún trabajador; en segundo lugar, que se esté utilizando algo tan traumático como es un despido para ganar dinero.

Otro aspecto que imposibilita la positividad de que un porcentaje tan alto de trabajadores del Popular se están acogiendo voluntariamente al ERE es que los propios empleados están siendo utilizados por el Santander para impedir a la Justicia que anule la operación y devuelva al Popular a sus verdaderos dueños para que sea éstos los que decidan el camino que debe seguir la entidad. Evidentemente, los trabajadores no son responsables de ello, pero está claro que la aplicación del ERE es una de las partes fundamentales del plan de la entidad presidida por Ana Patricia Botín para hacer imposible la retracción de la operación, es decir, el planteamiento a la Justicia de un escenario de tierra quemada que haga inútil cualquier medida que se adopte contra el Santander. Por eso es fundamental que se tomen medidas cautelares porque el daño que ya se ha producido y se está produciendo es superior al que podría provocar una paralización de la operación.

Todo lo anterior teniendo en cuenta que este ERE «sólo afecta» a los Servicios Centrales y ya va a tener como consecuencia el despido de 1.100 trabajadores. Cuando empiece el de la red comercial, al menos, esas cifras se quintuplicarán, llegando a las cifras que adelantamos en Diario16 en el mes de septiembre.

Por otro lado, miles de los trabajadores del Popular serán dobles víctimas porque, además de perder sus puestos de trabajo para que el Santander gane dinero por la reducción de masa salarial y por las operaciones de venta de oficinas, son también pequeños accionistas y, por lo tanto, perdieron una parte de sus ahorros en la noche del 6 al 7 de junio. No se puede ser más cruel.

 

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