Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la Generalitat valenciana deberá abonar 14,6 millones de euros a la UTE Dragados (Florentino Pérez-ACS) y Rover Alcisa (Alfredo Rodríguez Verdugo) por los sobrecostes en las obras de acceso a Alicante por la avenida Denia. Con esta sentencia se revoca la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Un proyecto ejecutado bajo mandato de Francisco Camps y Sonia Castedo que supondrá un nuevo daño para las sufridas arcas valencianas. El cual se viene a sumar a los sobrecostes de la Formula 1 y demás barbaridades que se cometieron bajo gobiernos del PP valenciano.

No es la primera vez que una instancia superior perjudica las arcas de la Generalitat valenciana. La propia Unión Europea multó a la Comunitat con 19 millones de euros por ocultar el déficit, o falsear las cuentas, como prefieran. En esta ocasión son sobrecostes por culpa de la mala praxis de la administración según explica la sentencia: “Tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la Administración, pues desde el primer momento, como consta en el acta de replanteo de 10 de noviembre de 2006, incumplió con sus obligaciones contractuales”.

A diferencia de otras obras públicas que ya se estiman tendrán sobrecostes, en esta ocasión el propio juzgado ha verificado que todo se debió a cambios de las administraciones. Por ello indica que hubo una modificación por el “cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento”, a lo que habría que añadir la inclusión de “una gran fuente ornamental” y diversos vallados y cerramientos no contemplados en el proyecto original. Además, constata el Tribunal que las obras no pudieron comenzar en tiempo por culpa de las administraciones pues ni los terrenos estaban disponibles y había “consistentes” discrepancias entre planos de obra y presupuesto en unidades de obra. Una chapuza completa por parte de Camps y Luis Díaz Alperi.

Compromís pide la asunción de responsabilidades políticas.

Compromís ha mostrado su indignación ante lo que califican como “una nueva prueba de mala gestión del anterior Consell gobernado por el Partido Popular después que el Tribunal Supremo haya condenado a la Generalitat a pagar 14’6 millones de euros a las constructoras que ejecutaron el acceso norte a Alicante”.

Clara Ferrando, Secretaria Autonómica de Hacienda, ha señalado que “las valencianas y los valencianos tendremos que volver a pagar de nuestros bolsillos la mala gestión del gobierno del PP. Con los 14’6 millones de euros que tendremos que pagar después de ser condenados se podría pagar la construcción de 3 colegios o 3 centros de salud. Ese dinero no irá destinado a políticas sociales ni a inversión en infraestructuras, sino a pagar a una condena por daños y perjuicios a unas constructoras. La señora Bonig o alguien de su partido debería dar explicaciones. Los contribuyentes tienen derecho a saber quién ha hecho las cosas mal y por qué. Se trata de su dinero”.

Para Compromís, esta nueva condena de la Justicia es otra muestra de la nefasta gestión del PP durante los años que gobernó la Generalitat. “El PP y su aparato de propaganda siempre alardean de buena gestión, pero en la Generalitat la huella que han dejado es nefasta. Aquí conocemos muy bien cómo ha sido su gestión. A los escándalos por corrupción de su partido y a la presunta financiación irregular, no dejamos de sumar ejemplos de su mala gestión, que nos está costando mucho dinero. Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, la Fórmula 1… A estos agujeros contables que aún estamos pagando, hay que sumarle sorpresas como esta. Pagar el mal trabajo de los exdirigentes del PP es un lujo que no nos podemos permitir” ha asegurado la dirigente política valenciana.

“Francisco Camps y Sonia Castedo inauguraron una de las rotondas de ese acceso norte a Alicante. Todos sabemos dónde están ahora, pero quizás no todos saben que los valencianos y las valencianas seguimos pagando a día de hoy su mala gestión. Hacer las cosas mal tiene consecuencias. Lo malo es que muchas veces las consecuencias las pagan los contribuyentes” ha concluido Ferrando.

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