El fútbol es un deporte fascinante que promueve valores éticos fundamentales como el esfuerzo, la solidaridad entre compañeros y el juego limpio. Sin embargo, lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver imágenes de ultras matándose a palos a las puertas de los estadios, autobuses de jugadores apedreados, insultos y amenazas de muerte a los árbitros y otras tropelías que nada tienen que ver con el conocido como deporte rey. Por alguna razón, la violencia ha encontrado un canal fluido y expedito en los campos de fútbol, mientras los directivos de los clubes profesionales y los políticos que nos gobiernan se ven superados por los altercados que se producen cada fin de semana en nuestros estadios.

Que haya violencia en las canchas de Primera División es preocupante, pero que esa misma violencia se traslade a los terrenos de juego del fútbol base, a la cantera donde nuestros niños aprenden los valores positivos del deporte, resulta intolerable, ya que en ese ámbito no solo están en juego los 3 puntos de rigor de la jornada liguera, sino algo mucho más importante: la integridad, el civismo y el futuro de los ciudadanos de las generaciones venideras.

De ahí que la sanción impuesta a los padres de los jugadores que se pelearon en la grada del campo Los Marques, en la pedanía murciana de Beniaján, el pasado 24 de noviembre durante el partido de infantiles entre el equipo local y el Lorquí, sea una de las mejores noticias que han llegado a las redacciones de los periódicos deportivos en los últimos tiempos. Hubo de todo, insultos, puñetazos, patadas y empujones en un espectáculo nada edificante para los menores, que si estaban allí aquel día era precisamente para aprender buenos valores y formarse como personas. No extraña por tanto que los niños terminaran llorando, desconsolados y asustados, al ver cómo sus padres se empleaban a fondo como bestias. Todo quedó registrado en un vídeo que fue subido a las redes sociales y que ha resultado fundamental como prueba de cargo.

Ahora los implicados en los sucesos deplorables de Beniaján han sido sancionados con una suspensión de dos años sin poder acceder a recintos deportivos y con 6.000 euros de multa, tal como ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Estas multas ejemplares no solo son justas sino necesarias y suponen un claro aviso a todos aquellos padres que tengan la tentación de montar bronca durante un partido de las ligas infantiles. En este país llamado España hay muchos que no aprenden por puro comportamiento cívico y filosófico, sino que solo entienden el lenguaje del castigo, la multa y la expiación. Solo cuando la autoridad competente les toca el bolsillo, cuando les afloja el peculio mediante fuertes sanciones, rectifican y enmiendan su bestial comportamiento.

Por eso esta sanción resulta tan importante para una sociedad democrática y debería abrir la puerta a otros expedientes sancionadores por actitudes similares que se repiten cada fin de semana en todos los campos de fútbol españoles, no solo en los de la liga de fútbol profesional, sino también en los amateurs y de cantera. La Justicia, las autoridades gubernativas y las fuerzas de seguridad del Estado deben concienciarse en la importancia de reprimir estas conductas que corroen por abajo, por la misma base, los cimientos de una sociedad democrática. También tienen una responsabilidad crucial los demás aficionados, que cuando asisten a un episodio violento deben denunciar los hechos y dejar aislado, si es preciso, al vándalo que los promueve. Los abucheos no se los debe llevar el delantero centro que falla un gol fácil o el portero que “pega una cantada”, sino el cretino de turno que trata de convertir una tarde apacible de fútbol en un campo de batalla.

La ejemplarizante sanción de Beniaján es digna de aplauso, pero si la reducimos a la categoría de anécdota no habremos conseguido nada. Los insultos que cada domingo soportan las mujeres que se dedican al arbitraje de partidos de fútbol masculino (y también femenino) tienen que aguantar a menudo las palabras babeantes de esos aficionados salvajes que se creen con derecho a vejar a una persona solo porque se viste de corto y sale a un estadio a cumplir con su trabajo. Se trata de una minoría, es cierto, energúmenos que no recibieron la educación necesaria durante su infancia y que crecieron asilvestrados. La Justicia, y por qué no, la autoridad administrativa, deben caer sobre estos siniestros personajes de la camorra futbolera con todo el peso de la ley. Permitir que un estadio deportivo termine convirtiéndose en un coto privado de seres abyectos, embrutecidos y embriagados que dan rienda suelta a su violencia verbal y a su machismo nauseabundo (“vete a cocinar que no vales para esto”, “mujer tenías que ser”, “¿a quién te has follado del otro equipo?”) supondría claudicar gravemente, dejando el territorio de la civilización en manos de la jauría que no respeta unos mínimos valores humanos.

Hay que empezar, por tanto, desde abajo, desde el fútbol base, desde la “democracia base”, sin perder ni una sola oportunidad de corregir, sancionar y castigar comportamientos agresivos más propios de hienas rabiosas que de personas normales. Para ello no es ni siquiera necesario aplicar al violento la controvertida “prisión permanente revisable”. Basta con una multa dolorosa que haga pupa en el bolsillo del descerebrado. Ese que se cree con derecho a imponer a los demás su santa voluntad.

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