¿Sorprendidos? Resulta que sí, que en Ciudadanos también tienen sus casos de corrupción política y eso que sólo llevan cuatro años en las instituciones andaluzas. No es que sea uno de esos casos donde se han movido miles de millones, pero no deja de ser corrupción el conceder dádivas a ciertas empresas para que contraten a tus familiares. No es el enchufismo de la “administración paralela”, esa que tanto preocupa al trifachito en el gobierno andaluz, sino sacar recursos públicos para las empresas que se portan bien con ese cargo público. Por ello cabe preguntarse si el nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Justicia y Regeneración Política, Juan Marín va a poner todo su empeño en que la Justicia se aplique a sus propios compañeros de partido. Y de paso a los corruptos de su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla.

Los que dicen llegar sin mácula, pero sí tienen deslustre en la provincia de Almería y algo en la de Huelva, deberían para ser creíbles comenzar por limpiar la casa propia antes de levantar alfombras en otros lados. No vaya a ser que tanto empeño por las alfombras de otros impida limpiar las propias y se piensen que todo vale y acaben todos enfangados. Como el sistema permite que copen todos los cargos con dedazos, ya tiene sitio para colocar a sus amigos y amigas del clan de la manzanilla. Así que tiene libertad para acabar con su propia corrupción y la de sus amigos del alma del PP. Ya sabemos que en Huelva se utilizaron fondos de la Diputación para pagar la sede de su partido y unas obras que allí se acometieron. Se hizo un uso fraudulento de las subvenciones para el trabajo de los grupos parlamentarios pues está prohibido por ley. Pero esto, siendo grave, no es la corrupción almeriense que se conoce hasta el momento.

El caso al que hacemos referencia es la concesión y renovación a dedo del servicio de limpieza urbana y de playas a la UTE La Generala-Acciona por un montante de 110 millones de euros. Según la denuncia de AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia) en 2013, el entonces concejal Ramón Fernández-Pacheco (hoy alcalde de Almería) votó a favor de la concesión del servicio de limpieza urbana y playas a la UTE Acciona-La Generala con un coste de 110 millones de euros. Una UTE que había contratado a la cuñada del alcalde un mes antes de la confección de los pliegos municipales. Por lo que debería haber advertido la circunstancia y/o haberse abstenido. Desde la Asociación entienden que la contratación de la cuñada del alcalde actual se produjo ex profeso “para obtener este concurso”. Además, y esto aumenta la gravedad del caso, se ha generado un “ambiente propicio para los intereses personales” de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos como, según denuncia AMAyT, los del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.

La denuncia que está investigando la Fiscalía, además, advierte que esta UTE se ha convertido en una suerte de “oficina de empleo” porque hubo una serie de familiares contratados (tras el despido de 70 trabajadores “limpios” que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo) entre ellos supuestamente el cuñado de Cazorla o el yerno del diputado provincial de Ciudadanos Roberto Baca. De hecho se denuncia que siendo ya alcalde, Fernández-Pacheco, éste amplió el contrato de la UTE en dos ocasiones en menos de tres años, con una repercusión en los siete años que restan de concesión por importe de más 11 millones de euros y que a petición de Ciudadanos incrementó estas subidas con la inclusión de una partida de 800.000 euros para 2018. Lo que supone un incremento mayor al 20% del coste anual permitido por la Ley.

El concejal Cazorla no es nuevo en las lides judiciales fue estuvo imputado por un caso de apropiación indebida. Ahora parece haber colocado a su cuñado, que se tenga constancia, y a familiares de otros cargos de Ciudadanos. Esto es algo grave y que Marín debería atajar cuanto antes poniendo los medios necesarios, pues los juzgados de Almería se encuentran un tanto colapsados por falta de personal, como sucede en Roquetas de Mar, nicho de la corrupción del Partido Popular, y no sólo administrativos sino jueces. Es su deber como regenerador mayor de la Comunidad Autónoma el procurar que tanto sobre su propia corrupción como la del PP caiga todo el peso de la Ley. Y si, además, descubren algo malo del PSOE pues también. Mas lanzarse a una caza de brujas pero permitir que el propio partido sea un nido de corruptos, así como el del aliado en el trifachito, dejaría clara la moral que posee Ciudadanos. Ninguna. No es que se dude de que no tengan moral (es algo empíricamente demostrado), es que deberán mostrar al común de los mortales que el cuñadismo ideológico y esos golpes de pecho por ver quién es menos corrupto son ciertos y, así, disipar las dudas, si las hubiere.

Albert Rivera, que raudo y veloz acudió a presentar él, sólo él, a los nuevos consejeros, sabe perfectamente que este caso de corrupción está en manos de Marín. ¿Querrá atrasarlo y ralentizarlo tanto como se pueda para que no le afecte en las elecciones municipales? Seguramente sí. Como es seguro que intentarán buscar cualquier pequeña nimiedad del PSOE para escandalizar cuanto antes a la opinión publicada y así seguir en su lucha contra el sanchismo. Pero el periodismo libre, que aún queda en España, seguirá sacando a la luz los trapos sucios de Ciudadanos, ese partido que está protegido por los poderes fácticos. Da igual que sea el caso familiares que el caso Amat, aún mucho más grave, del PP de Moreno Bonilla. De momento ha puesto la competencia de Universidades con Economía, para poder privatizar mejor y destruir uno de los pilares críticos de la Sociedad Civil, esa misma que encanta a Rivera sólo cuando es económica.

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