En el artículo anterior hicimos referencias a una serie de hechos que se concatenaron en unas fechas muy concretas que, evidentemente, no pueden ser casuales. Ante esta sucesión de factos, ¿a qué está esperando el juez Andreu para adoptar medidas cautelares mientras resuelve la investigación y el análisis de toda la documentación de la que ya dispone, incluidos los más de 100.000 folios que entregó el Santander para paralizar aún más una instrucción que está destacando sobre todo por su pasividad.
En primer lugar, y en base a la información del día de ayer, el juez Fernando Andreu —gran amigo de la ministra Dolores Delgado—, debe solicitar de inmediato, si no lo ha hecho ya, el contenido de la carta cifrada remitida por Elke König a Jaime Ponce en la noche del día 2 de junio para conocer con exactitud las órdenes dictadas de cara a la reunión del día 3 que determinaron que el FROB iniciara el proceso de resolución.
A continuación, el juez Fernando Andreu debe solicitar al Banco Central Europeo las actas de la reunión del día 2 de mayo por la que se decidió que, sin poner fecha, el Banco Popular Español debería ser resuelto.
Mucha de la documentación de esos días ya la tiene la Audiencia Nacional porque Diario16, a través de su presidente Manuel Domínguez Moreno, la depositó hace varios meses. Una parte de la misma ya ha sido aceptada. En esos documentos se puede comprobar, además de los correos entre Jaime Ponce, Elke König y Emilio Saracho, cómo éste fue demorando tanto la venta de activos no estratégicos (WiZink o TotalBank) como las ofertas de ampliación de capital de Barclays Bank y de Deutsche Bank, cómo se tomaron decisiones, entre ellas la declaración de inviabilidad, en base a las indicaciones de Uría y Menéndez, despacho de abogados de referencia del Banco Santander que fue contratado por Saracho cuando aún no disponía de poderes para firmar acuerdos en nombre del Popular, los colaterales insuficientes para la concesión de la liquidez de urgencia del Banco de España, los movimientos del ministerio de Economía, en concreto, de la Secretaría de Estado del Tesoro, para frenar el plan de negocio que hubiera salvado al Popular, las firmas de Emilio Saracho en la carta en la que declaraba el estado FOLTF (fail or likely to fail) etc.
Con toda esta documentación, con todas estas evidencias, ¿a qué está esperando Andreu para decretar medidas cautelares como le han sido solicitadas por distintas acusaciones? ¿A qué está esperando Andreu para realizar el peritaje de la firma de Saracho? ¿Acaso está aguardando a que se genere un escenario de tierra quemada que haga imposible que los afectados recuperen lo que se les quitó en la noche del 6 al 7 de junio de 2017?
La concatenación de fechas, actuaciones, publicación de resoluciones legales que soportan las valoraciones realizadas por la JUR, negociaciones por parte del Santander de venta de los activos del Popular antes de que la entidad fuese resuelta, la salida masiva de depósitos, la publicación por parte del FROB el día 3 de junio del cronograma con los deadline para la subasta que coincidían con el día de la intervención, el cambio de condiciones cuando se supo que BBVA también estaba interesado en comprar el Popular, la adjudicación por un euro fuera de plazo, son algunas de las razones que hace ver que todo fue una operación perfectamente diseñada con un único fin: el rescate del Santander. ¿No tiene Andreu ya suficientes evidencias? Hay más de un millón y medio de ciudadanos que lo perdieron todo, ¿la Justicia volverá a ser injusta con el pueblo? Eso es algo que, con los acontecimientos recientes, la democracia española no se puede permitir.
