Nunca habían intentado con tanto denuedo entrar representantes políticos en una cárcel. Tampoco ha sido común la negación del permiso para visitar a los migrantes que viven encerrados en la cárcel de Archidona. Maribel Mora, senadora, e Ione Belarra, diputada, han conseguido que el ministerio de Interior les permita entrar hoy en el centro penitenciario para observar in situ las condiciones en las que se encuentran los migrantes allí retenidos. Ya se ha denunciado que es una clara vulneración de los Derechos Humanos y las dirigentes políticas quieren verificar que no se incumplen más preceptos humanitarios.

Tras negarse la entrada a la propia senadora Mora y al diputado europeo Urbán, la semana pasada, el ministerio de Interior, una vez que han debido acondicionar medianamente el centro, ha incluido a los representantes de Podemos en la visita “guiada” que han preparado. Como si de visitar un castillo medieval o un viaje a Benidorm, los responsables ministeriales no quieren dejar nada al azar y que se les vean las costuras. Como se informó, algunos de los propios policías que custodian a los migrantes tuvieron que ir a comprar agua y alimentos, pagados de su bolsillo, por las condiciones en que se encontraban estas personas.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Por otra parte, los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu en las comisiones de Interior de Congreso y Senado, así como en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, han remitido una queja a la institución que encabeza Francisco Fernández Marugán. En el texto remitido se insta al Defensor del Pueblo “a tomar las medidas y recomendaciones que procedan” ante el internamiento en la prisión de Archidona (Málaga) de cientos de migrantes llegados en patera a las costas españolas durante las últimas semanas.

Tal y como apunta el texto, “si bien dichos internamientos han contado con autorización judicial, nos consta que en dichas resoluciones se recoge que estas personas iban a ser internadas en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)” y no en un recinto de carácter penitenciario. Los grupos políticos firmantes del texto recuerdan también al Defensor del Pueblo que “nuestro ordenamiento configura y expresa nítidamente el carácter no penitenciario de los CIE”, tal y como se establece en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como en el artículo 1.2 del Real Decreto 162/2014, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE. Habida cuenta de que a través de la Orden de Interior 247/2017 de marzo del presente año se crea el Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, los grupos parlamentarios firmantes del escrito entienden que el recinto “no es legalmente apto para el internamiento de extranjeros”.

La queja remitida al Defensor del Pueblo añade además que, según el contenido de la sentencia 807/2015 del Tribunal Supremo, la decisión de Interior supone una grave ilegalidad, pues aunque el Gobierno tiene la potestad de “crear centros de internamiento de carácter temporal y transitorio por razones de emergencia”, no se ha producido ninguna resolución por parte del Ministerio para habilitar la cárcel de Archidona como centro provisional o temporal para el internamiento de extranjeros.

Otra de las graves irregularidades que los parlamentarios apuntan en su escrito es que la cárcel de Archidona (Málaga) “carece de suministros básicos, como el agua potable, razón por la cual no estaba siquiera operativo para funcionar como centro penitenciario”. La prisión, además, “carecía del personal necesario para funcionar como Centro de Internamiento, habiendo podido destinarse personal de las UIP (antidisturbios)”, lo que supone “una evidencia de la inexistencia de los servicios establecidos reglamentariamente, en especial los de carácter sanitario, jurídico, sociales, culturales y religiosos, lo que igualmente debiera haber impedido los internamientos”. De la misma manera, a las personas recluidas se les podría haber impedido el acceso a teléfonos móviles, contrariamente a lo establecido en varios autos de diferentes Juzgados de Control.

El texto pone también sobre la mesa “las denuncias públicas realizadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sobre las condiciones del traslado” al Centro Penitenciario de Málaga II. Los propios agentes de Policía denunciaban que en el dispositivo de traslado no se había previsto siquiera que las personas migrantes tuvieran acceso a agua y alimentos, que hubieron de ser adquiridos en las estaciones de servicio de la zona. Asimismo, ACAIP –Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias- ha presentado una denuncia por la actuación del Ministerio del Interior.

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