La Red de Abogados y Abogadas nace como una asociación entre letrados y letradas de oficio pero, en realidad, es un contrapoder que se opondrá con firmeza a las injusticias que la Justicia está perpetrando en España, algo que debilita de manera significativa a la democracia española.

La Justicia española se encuentra, en realidad, secuestrada por los intereses de las élites que son los que, finalmente, se acaban imponiendo en los tribunales. El tercer poder de la democracia se encuentra secuestrado por una serie de lobbies que defienden los intereses de los poderes fácticos, sobre todo de los económicos, y que tienen capacidad de acceso hasta las más altas instancias del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Un ejemplo de estos lobbies lo pudimos comprobar con la presentación del libro del letrado Manuel Medina Se vende banco por un euro, acto en el que se reunieron representantes del poder político (Pablo Casado), del poder empresarial (Florentino Pérez), del mundo jurídico (Baltasar Garzón, Dolores Delgado (aún era fiscal y no había accedido al ministerio) o Fernando Andreu) o del poder financiero (Juan Manuel Cendoya o Ángel Corcóstegui).

El 85% de la abogacía española está compuesta por abogados y abogadas que trabajan solos o agrupados en pequeños despachos. Son profesionales para los que clasificaciones en «juniors» o «seniors», tan querida para los grandes bufetes, les es totalmente ajena. Estos profesionales están ligados a sus clientes por nexos personales que hacen de su víncull profesional una relación personalísima y donde la identidad y características del abogado o abogada son determinantes de su elección.

Esta abogacía, que no sale en las páginas de economía de los diarios ni en sección alguna de la prensa salmón, que no mide su éxito en términos del beneficio económico y cuya cuenta de resultados no se expresa en dinero sino en términos de defensa de los derechos de sus clientes, tiene problemas específicos que siente que no son adecuadamente defendidos.

Esta abogacía independiente no puede disfrutar la maternidad o la paternidad como el resto de la ciudadanía pues los plazos procesales les impiden incluso agonizar sin la amenaza de incurrir en responsabilidad. Esta abogacía ve cómo su camino hacia la precarización no es obstaculizado por ninguna de las instancias que estarían obligadas a ello. Han aparecido ya bolsas de pobreza en esta abogacía y, mientras la legislación favorece a bancos o aseguradoras, se castiga a estos profesionales que defienden la libertad y los derechos de todos.

Esta situación es sentida con no poca irritación por los profesionales que la integran y, convencidos de que, si en décadas nadie ha tomado medidas eficaces, tampoco lo hará ahora, han decidido tomar su futuro en sus manos y han convocado un congreso en Córdoba para tomar acuerdos sobre los problemas que le afectan y acordar las medidas a llevar a cabo.

Saben que son mayoría en la abogacía, conocen de su especial cualificación, intuyen que pueden volver a repetir acciones comunes anteriores coronadas por el éxito y, por todo eso, se han convocado en Congreso. Estos abogados y abogadas tienen la absoluta convicción de que en la república de la abogacía nadie es mejor que nadie y que, de la primera al último, todos son lo mismo: abogados y abogadas; y es por eso que nadie sobra y que la responsabilidad de afrontar los problemas les corresponde a todos y no sólo a una élite cuya inoperancia perciben como evidente.

En Córdoba estos abogados y abogadas van a hablar de conciliación profesional y familiar, pero también de precarización y, cómo no, del turno de oficio; no dejarán de analizar cuál es su relación con los grandes despachos y cuál va ser la evolución del sector, con sus oportunidades y amenazas.

Esta abogacía siente que es la verdadera garantía de los derechos de la ciudadanía; no vinculada a grupos económicos ni a más interés que los derechos de sus clientes se sienten la abogacía necesaria, la única capaz de defender los derechos de todos.

Y en Córdoba van a organizarse, lo cual ha puesto muy nerviosos, precisamente, a esos lobbies, puesto que una abogacía independiente, una abogacía necesaria, una abogacía libre y ética, se convierte en un poder muy importante a la hora de oponerse a la situación actual de la Justicia y ser el trampolín para la reforma integral que necesita el tercer poder en España. ¿Podrá esta abogacía parar el monopolio que tiene el Banco Santander con la Justicia que supone 500 millones de euros al año? Desde nuestra independencia estaremos atentos a los avances y a la necesidad de iniciativas como esta para poder informar sobre ello al pueblo español.

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