Por más que la derecha española (Pablo Casado, Albert Rivera), que los ultra fascistas (Santiago Abascal), que una parte del PSOE heredero de la socialdemocracia fallida de Felipe González (Susana Díaz), que la caverna mediática (Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos) o que la Casa Real afirmen que el 1-O fue un intento de golpe de Estado, la verdad es que no es así y, por lo tanto, las peticiones de penas por los supuestos delitos por los que la Justicia va a juzgar a los políticos presos catalanes no son proporcionadas a lo que realmente ocurrió aquel domingo.

El 1-O no hubo ningún intento de golpe de Estado en Cataluña

Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el transcurso de los hechos y procesos históricos se suelen combinar entre sí.

Nada de esto ocurrió en Cataluña aquel 1 de octubre en el que los catalanes sólo pretendían votar. No existió más violencia que la aplicada por el propio Estado español con las vergonzosas imágenes de la policía cargando contra ciudadanos pacíficos en las puertas de los colegios electorales. No hubo intención de tomar el poder político puesto que los líderes del referéndum habían sido elegidos democráticamente en las elecciones de 2.015. No se produjo ninguna revolución porque los centros vitales no fueron tomados por nadie.

A pesar de todo lo anterior, en la actualidad se encuentran encarcelados y encarceladas Oriol Junqueras, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Dolors Bassa, para los que la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 25 años de prisión.

Cuando sí que se produjo un intento de golpe de Estado fue el 23 de febrero de 1.981 y, sin embargo, la petición de penas y las condenas para los que sí fueron golpistas sorprenderán si las relacionamos con los políticos catalanes.

Los cabecillas del 23F apenas cumplieron un 50% de las condenas y algunos de ellos fueron indultados por el gobierno de Felipe González

El teniente coronel Antonio Tejero fue condenado a 30 años de cárcel, pero sólo cumplió la mitad de la condena, aunque había accedido en 1.991 al tercer grado, es decir, realmente pasó en prisión 10 años. El teniente general Jaime Milans del Bosch también fue condenado a 30 años, pero sólo pasó 9 años tras ser liberado en 1.990. El general de división Alfonso Armada se le impuso una pena de 30 años de prisión, pero fue indultado seis años después por el gobierno de Felipe González. El resto de los cabecillas del 23F pasaron en la cárcel un máximo de siete años.

Teniendo en cuenta que la redención de penas en aquel entonces era mucho mayor que con el actual Código Penal, Oriol Junqueras, por ejemplo, a quien la Fiscalía pide un mayor número de años de prisión, pasará más tiempo en la cárcel que Antonio Tejero.

Esta es la consecuencia de distintos factores que, desde las esferas más conservadores de este país, Casa Real incluida, se quisieron imponer a los ciudadanos para salvaguardar las esencias heredadas del franquismo como, por ejemplo, la unidad de España. El 23F sirvió para dos cosas: en primer lugar, para apuntalar definitivamente la imagen de Juan Carlos de Borbón al frente de la Jefatura del Estado y, en segundo término, frenar la descentralización. El 1-O se quiso utilizar para ensalzar a una institución que cada vez causa más rechazo a la ciudadanía y el mejor ejemplo de ello fue el discurso catalanafóbo y con raíces de extrema derecha pronunciado por Felipe de Borbón el tres de octubre, un discurso que analistas independientes ajenos al Procés han calificado como una de las causas del ascenso de opciones políticas como Vox.

Por otro lado, tenemos las irregularidades judiciales que se produjeron en el Tribunal Supremo para que la instrucción de la causa del Procés recayera en un magistrado ultraconservador, Pablo Llarena. El Estado puso toda la munición para que los políticos presos catalanes no pudieran salir indemnes y se está queriendo dar una apariencia de legalidad a lo que no la tiene. Hay que ejemplarizar, aunque sea a costa del propio prestigio de la Justicia o de la democracia española. Por ello, no va a haber piedad para Oriol Junqueras, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Dolors Bassa. Se les condenará y pasarán más tiempo en prisión que los verdaderos golpistas del 23F.

 

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