Desde Podemos plantean, mediante la presentación de una Proposición No de Ley (PNL), establecer un Pacto de Estado que tenga como objeto el Patrimonio Cultural. Así lo ha destacado Eduardo Maura, portavoz de la formación morada en la comisión de Cultura, al realizar el registro de la misma. Dos son los ejes principales que atraviesan esta iniciativa impulsada por el Podemos. Por una parte ratificar la Convención de Faro de 2005 y así abrir la gestión del patrimonio cultural a la participación ciudadana; e incluir en esta modificación legal medidas para homologación, regulación y mejora de las condiciones de las profesiones relacionadas con el sector patrimonial.

Respecto al primer eje, cabe recordar que el artículo número 2 del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Histórico, el cual se firmó en Faro en el año 2005, establece que “el Patrimonio Cultural es el grupo de recursos heredados del pasado que la gente identifica, independientemente de su propiedad, como un reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en continua evolución. Incluye todos los elementos del medio ambiente que resultan de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo”. No es pues solamente cuestión de monumentos, cuadros o vasijas, sino que se extiende más allá. En esta Convención de Faro quedó también establecida la búsqueda de “de formas innovadoras de valorar el patrimonio sustentadas en la conceptualización y el provecho que la sociedad le asigna, a través de la identificación de estrategias que pueden ayudar a aproximarlo a los intereses de la sociedad actual y buscando su aportación al avance social, su enlace con la actividad creativa y la cultura contemporáneas”.

Por todo ello, en Podemos pretenden, mediante su PNL, y siguiendo el espíritu de Faro, que en el Pacto de Estado sobre Patrimonio Histórico recoja la socialización de su uso en el ámbito educativo y el impulso de las nuevas tecnologías como herramientas óptimas para su identificación, conservación preventiva, investigación, gestión, y difusión, partiendo así del “elemento participativo como indispensable para la gestión cooperativa a nivel europeo”.

Con la formación de las Comunidades Patrimoniales (compuestas por personas unidas por su sentimiento de pertenencia a concretos bienes culturales, al margen de su nacionalidad, origen social, lugar de residencia, vinculación directa o indirecta con el lugar en que se ubica el elemento patrimonial) se socializan y subjetivan los bienes históricos. Esto es, no sólo depende el valor de una reunión de expertos, sino que el sentimiento de las personas respecto a esos bienes también debe tenerse presente en su protección. Otra materia a incluir en el Pacto sería la participación de la ciudadanía. Una ciudadanía que, mediante sus impuestos, donativos y/o acciones actúa en favor de la propia conservación. “Por eso se debe reconocer que la participación social en la gestión y difusión del Patrimonio Cultural no sólo es necesaria para mejorar una y otra sino que genera una espiral positiva de actuaciones, tanto mayor cuanto mayor sea su intervención”, tal y como recoge el Manifiesto de Madrid.

España es el tercer país del mundo en número de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y, al margen de titulaciones, su valor patrimonial se incrementa a medida que analizamos las distintas expresiones culturales a lo largo de la línea de tiempo desde el Paleolítico hasta la actualidad en todo el territorio. “Este valor cultural forma parte de nuestro potencial para generar oportunidades de crecimiento y desarrollar capacidades de aspiración por medio de su conocimiento, sobre el que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir de forma transgeneracional, ya que es el caldo de cultivo de un desarrollo colectivo, que debe crecer dentro de los parámetros del respeto y la tolerancia multicultural e intercultural” afirman en Podemos.

La puesta en valor del patrimonio implica además el cuidado de las y los profesionales así como un freno decidido a la precarización del sector que se dedica a la gestión patrimonial en todas sus vertientes. La PNL que defenderá en el Pleno el diputado Eduardo Maura propone además una estrategia integral de mejora, desde la actualización legislativa, pasando por la revisión de las penalizaciones por expolio, daños o tráfico ilícito de obras de arte, hasta el incremento en la aportación presupuestaria. Un Pacto de Estado para elaborar un protocolo que pueda evitar cualquier acción u omisión que facilite la pérdida o empobrecimiento de “nuestra herencia más común”.

Porque, aunque existan normas para el cuidado de los Bienes de Interés Cultural (BIC), los resultados de estas normas españolas se han visto en ocasiones empañados por la temporalidad o parcialidad de las iniciativas, por la escasez de los recursos destinados o por la falta de coordinación entre Estado, autonomías, municipios, comunidades locales o la Iglesia (en manos de quien se concentra gran parte del Patrimonio y donde la limitación de las acciones concertadas se hace aún más patente, aun constituyendo el 51% del volumen total de los BICs en todo el Estado).

Así la PNL presentada solicita:

  1. Ratificación y entrada en vigor a la mayor brevedad por parte del Estado español de la Convención de Faro (2005), que equipare nuestro compromiso hacia los derechos culturales, la diversidad cultural, la vida democrática, la participación social y la responsabilidad compartida, con el de otros países miembro de la UE.
  2. Revisión y actualización de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, (incorporando entre otras la ley 10/2015 y las convenciones suscritas posteriormente por el Reino de España: sobre patrimonio arqueológico (Valletta); UNIDROIT (expolio); convención europea sobre el Paisaje y sobre el patrimonio subacuático (UNESCO)), con una metodología participativa, que involucre a todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de técnicos profesionales de los sectores culturales afectados por dicha ley.
  3. Implementación de las medidas recogidas en la Declaración de Lisboa (ICOM, 2013) sobre “políticas públicas para los museos en tiempos de crisis”, atendiendo a la importancia reconocida que tienen las colecciones conservadas y gestionadas por entidades públicas y privadas en museos, bibliotecas y archivos como parte integrante del patrimonio cultural.
  4. Elaboración de un catálogo completo, actualizado y accesible del patrimonio cultural español (incluido el de la Iglesia), que coordine tanto catálogos autonómicos como municipales e impulse su finalización estableciendo mecanismos participativos.
  5. Consideración de la relevancia del patrimonio documental fílmico, su investigación, catalogación completa y conservación, estableciendo a Filmoteca Española y a las filmotecas autonómicas y locales como centros de referencia para este tipo de actuaciones.
  6. Incremento de la dotación de recursos destinados a la conservación, restauración e investigación del Patrimonio, para diseñar nuevas medidas de estímulo a la inversión en la preservación, conservación y rehabilitación del Patrimonio.
  7. Creación de medidas de implementación de datos para que la gestión comunicativa interterritorial sea fluida y actualizada de forma eficaz, creando mecanismos ágiles de coordinación y colaboración entre las administraciones y los gremios profesionales. Implementación en todo el ámbito nacional del programa HEREIN System del Consejo de Europa.
  8. Promover el turismo cultural sostenible potenciando la incorporación del patrimonio cultural a la economía. En la actualidad sólo el 10% del patrimonio cultural de España está en condiciones de ser considerado un verdadero producto cultural. El turismo cultural debe ser responsable, sostenible e informado. Buscar a través de los expertos un diálogo efectivo que pondere oportunidades, beneficios y amenazas a los bienes culturales en términos tanto materiales como inmateriales.
  9. Considerando el daño que han supuesto las bajas temerarias, regular con precisión la estrategia de precios y bajas contenida en la Ley de contratos del Estado para las obras en patrimonio cultural que aseguren los estándares de calidad en las intervenciones en entornos y sitios históricos.
  10. Profesionalizar y regular la elección de los altos cargos estatales vinculados a la gestión del patrimonio cultural, evitando las dinámicas de discontinuidad y eventualidad por cambios políticos que dificultan la continuidad de los proyectos a largo plazo.
  11. Lucha contra el tráfico ilícito y expolio de bienes culturales (aumento de recursos, endurecimiento de las sanciones, políticas de mayor publicidad). Control más riguroso de ferias y mercados de antigüedades. Creación de servicios de vigilancia activa y control del tráfico de Bienes Inmuebles. Creación de una fiscalía específica para delitos relacionados con el patrimonio cultural.
  12. Incorporación de la arqueología, con entidad propia, a los servicios de la administración pública. Creación de un Instituto de arqueología preventiva.
  13. Regulación del ejercicio profesional (competencias en materia de patrimonio según la UE) de las actividades vinculadas al patrimonio cultural: excavaciones arqueológicas, protección, restauración (en su caso) y conservación del Patrimonio Cultural, tanto material como inmaterial, regidos por criterios estrictos de competencia y calidad reforzando la formación en profesiones tradicionales y nuevas, reforzando su reconocimiento social y la mejora de sus derechos laborales y fomentando con carácter vinculante los códigos deontológicos y de buenas prácticas.
  14. Ordenación, fomento y estímulo de la formación e investigación en esos campos profesionales, incorporando la ciencia y la tecnología.
  15. Ampliar la participación de la ciudadanía en la defensa del Patrimonio, para coeducar y sensibilizar a la ciudadanía en su dimensión social e histórica. Instar a todos los poderes públicos a incorporar a los currículos escolares programas que permitan adquirir capacidades para el conocimiento del patrimonio cultural, insistiendo en el valor formativo por su transversalidad que supone para la infancia y la juventud y que garanticen en el futuro la valoración individual y la protección colectiva del patrimonio cultural.
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