Se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid una demanda, a la que ha tenido acceso Diario16, en representación de uno de los más de 300.000 afectados por la intervención por la que se reclama la «declaración de concurso necesario para la mercantil Banco Popular Español S.A.». Como ya adelantó Diario16 hace meses, en el proceso de intervención y posterior compra por un euro por el Santander se había vulnerado la legislación concursal. En nuestro equipo de investigación somos periodistas, filólogos, sociólogos, escritores y, para contrastar las evidencias que habíamos detectado sobre esta irregularidad y conocer si la ley concursal se aplica en la misma medida en las entidades de crédito que en las empresas llamémoslas normales, recurrimos a un experto en derecho mercantil, el juez Fernando Presencia, quien nos confirmó nuestras sospechas: en la incautación del Popular por el Santander se había vulnerado la ley concursal porque, tal y como se indica a la demanda, «en caso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria». En otros casos, como el de la reversión de la operación, consultamos con el despacho Navas&Cusí o con el de Iván Hernández, Iuris Tantum, siempre con el fin de ofrecer a nuestros lectores una información correcta.

La base de la demanda está en la previa declaración del concurso necesario, y se solicita con carácter principal para que, «una vez recibida en el Juzgado de lo Mercantil la documentación solicitada […] resuelva el juzgado como cuestión prejudicial administrativa sobre la nulidad de todo el Mecanismo Único de Resolución (MUR) aplicado en relación del Banco Popular desde la decisión de la JUR SRB/EES/2017/08 o sólo desde la Resolución de 7 de junio de 2017 de la Comisión Rectora del FROB, aunque sólo sea como presupuesto y a los meros efectos del concurso necesario y dicte auto declarando en concurso necesario a la mercantil Banco Popular Español S.A. aplicando las especialidades previstas en la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y, alternativamente, para el supuesto de que no se admita a trámite la solicitud de concurso necesario, se tenga por promovida la designación de una administración concursal».

Con carácter alternativo a todo lo anterior y conforme a lo dictado en el artículo 174 de la Ley Concursal, que dice que «1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad; 2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea firme, el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso» será necesaria, según el demandante, el nombramiento de una administración concursal para que realice lo que la ley ordena.

Por tanto, en esta demanda lo que se solicita es la aplicación de la ley en la resolución del Banco Popular y el nombramiento de una administración concursal porque el Mecanismo Único de Resolución (MUR) se aplicó mal en el caso de la liquidación del Banco Popular. El FROB debió de solicitar la previa declaración del concurso y el nombramiento de la administración concursal, antes de “regalar” el Banco Popular al “Banco del Santander”.

Por otro lado, la adjudicación del Popular fue un regalo lo demuestra el hecho de que el Santander obtuvo por la venta de su activo tóxico, que le costó 1 euro, más de 5.100 millones de euros. Esa venta del activo tóxico debió de hacerse dentro del proceso concursal, al constituir una liquidación parcial “encubierta”.

Por otro lado, Pero que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) constituya una legislación especial dentro del proceso ordinario no significa que pueda sustituir a todo el proceso concursal ordinario. Lo dice expresamente el apdo. 1 de la referida disposición adicional segunda de la Ley Concursal, cuando indica expresamente que:

«En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal».

De hecho, en la propia legislación especial se dice que el mecanismo de la resolución se aplicará para evitar solo la “liquidación concursal”, no el resto del procedimiento concursal ordinario, que no tiene por qué acabar con la liquidación. En cambio, en los casos de liquidaciones parciales sí que debe de aplicarse el procedimiento concursal ordinario, porque lo dice el artículo 25.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio:

Cuando se utilicen los instrumentos de resolución previstos en el apartado 1, letras a) y b), y se apliquen para realizar una transmisión parcial de los activos y pasivos de la entidad, la entidad residual se someterá a un procedimiento concursal dentro de un tiempo razonable teniendo en cuenta la necesidad de que la entidad residual colabore para garantizar la continuidad de los servicios por parte del adquirente y el mejor cumplimiento de los objetivos y principios de resolución».

El sólo hecho de que dicha demanda sea admitida a trámite ya paralizará la operación hasta que se determine si se establece una administración concursal para el Banco Popular en el que los deudores serán los más de 300.000 afectados por la intervención. Según fuentes judiciales consultadas por Diario16, más del 95% de las solicitudes de administración concursal son admitidas a trámite y en un tiempo corto de tiempo, por lo que la importancia de esta demanda es fundamental porque paralizará la operación de manera cautelar mientras se decide o se asigna una administración concursal.

El Gobierno y el PP, en connivencia con el Santander, “liquidan” al Popular al margen de la Ley Concursal

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

cinco + siete =