La semana pasada, en estas mismas páginas, se explicaba que el problema de la silicosis tenía dos derivadas. Una la médica y social que dependía de la Seguridad Social y el reconocimiento de la enfermedad como laboral. Y otra, anterior, que es la falta de respuesta por parte de la Inspección de Trabajo a las condiciones en las que los marmolistas estaban trabajando el aglomerado de cuarzo en la fabricación de encimeras, entre otros productos. En este sentido el PSOE desea un cambio de la Inspección de Trabajo que han presentado al Gobierno.

El Secretario Ejecutivo de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, ha respaldado la posición que los gobiernos autonómicos progresistas han defendido hoy ante el Gobierno de España por la que proponen una nueva reforma de la Inspección de Trabajo, con nuevos objetivos y con cambios legales. Así ha quedado de manifiesto durante la reunión que han mantenido hoy los directores generales de Empleo de las CCAA con el director general de la Inspección de Trabajo y seguridad Social.

Ferrer ha destacado que “los socialistas consideramos que el ciclo económico exige una reorientación de la Inspección de Trabajo, de cara a perseguir dos grandes objetivos: el empleo de calidad y la reducción de la siniestralidad”. “Serán – en palabras de Ferrer – los ejes sobre los que versan las medidas que proponen las comunidades con gobiernos progresistas (Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Aragón y Cantabria)”.

En este sentido, Ferrer ha desgranado que “las líneas de la propuesta socialista se concretan en dedicar mayores esfuerzos a la reducción de la temporalidad, las externalizaciones, el control de los tiempos de trabajo, la cesión de mano de obra, las cargas de trabajo, el control de las condiciones de seguridad y salud, la eliminación de la brecha salarial y la erradicación de posibles discriminaciones”.

El dirigente socialista también ha mencionado que “la propuesta socialista comprende igualmente dos cambios legales: el primero, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre registro de jornada, que el Grupo Socialista ya ha presentado en el Congreso y se ha tomado en consideración, buscará una nueva regulación del tiempo de trabajo, incluidos los contratos a tiempo parcial; el segundo, para actualizar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, dado que las sanciones en materia de relaciones laborales llevan 17 años sin actualizarse y han perdido cualquier efecto disuasorio que pudieran tener”.

“El escenario en el que se mueve el mercado de trabajo exige una actualización y una reorientación, con unos objetivos definidos, y si el Gobierno no tiene la iniciativa ni la voluntad de poner en marcha estas medidas, los socialistas vamos a ser los primeros en exigir su desarrollo”, concluyó.

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