El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que solicita que se abra un proceso de negociación con las entidades financieras, en colaboración con los Ayuntamientos de los municipios afectados por el apagón financiero, con el fin de buscar una fórmula legal que permita restablecer los servicios financieros en aquellos municipios afectados por el cierre de oficinas bancarias.
González Tovar denunció que recientemente cuatro municipios de la Región se han quedado sin ninguna oficina bancaria. Los municipios que han entrado en denominado apagón financiero, es decir, sin ninguna sucursal de las entidades en las que sus vecinos tenían cuentas bancarias son Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós (los tres situados en el Valle de Ricote) y Albudeite, todos municipios con menos de 5.000 habitantes. A estas poblaciones hay que sumar también cerca de una veintena de pedanías de Lorca, de Murcia y alguna diputación de Cartagena, “que en otros tiempos llegaron a tener una oficina de cada una de las grandes instituciones financieras y poco a poco han visto como progresivamente han ido cerrando”.
El parlamentario socialista destacó que la peculiaridad que tienen estos municipios es la alta población de personas con avanzada edad, “que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet y en muchos caso no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades para hacer los trámites bancarios”.
En España hay 8.124 municipios y el 48% no cuenta con ninguna sucursal bancaria. Entre 2008 y 2016 más de 17.000 oficinas bancarias han cerrado sus puertas, lo que supone el 37% de la red. “Actualmente funcionan las mismas sucursales que en 1982, lo que supone retroceder casi 36 años”, señaló González Tovar.
La crisis de las Cajas de Ahorros agudizó el problema. Los datos revelan que alrededor de 1,13 millones de ciudadanos no tienen acceso a una oficina en su lugar de residencia, un 20 % más que antes de la crisis.
“Por ello, es necesario buscar una fórmula entre el Gobierno regional, los municipios afectados y las entidades bancarias para resolver el problema y recuperar el servicio financiero para evitar que los vecinos tengan que desplazarse”.
