Un supuesto entramado de ilegalidades y contradicciones, rodeado de ocultismo derivado de una iniciativa del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tiene en vilo a un numeroso grupo de vecinos de las calles Tómbola, Nueva y adyacentes del municipio murciano que les ha llevado a rebelarse contra el otorgamiento de licencia de obras para la construcción de la primera Residencia de Mayores de inversión privada con gestión pública, según ha podido saber Diario 16.

La historia comienza con la presentación pública a mediados de este año en un encuentro donde participan la Alcaldesa lumbrerense, la popular María Ángeles Túnez, acompañada de la mercantil “Recopema Asistencia S.L.” y la Consejera de Familia e Igualdad de la Región de Murcia, Violante Tomás, donde anuncian la pretensión de conceder plazas concertadas por el Gobierno murciano.

Curiosamente, a esta convocatoria asisten numerosos vecinos pero ninguno de ellos perteneciente a las calles afectadas, al no ser informados por la Alcaldia.

El 6 de junio, un total de 28 vecinos afectados solicitan por escrito a la Alcaldía la celebración de una reunión informativa que sirva para acceder al expediente administrativo, reunión que se celebra el 30 de julio, acudiendo la Alcaldesa y una arquitecta contratada por el Ayuntamiento, y los vecinos. En  dicho cónclave, la Primera edil señala que los técnicos encargados del proyecto se encuentran de vacaciones y que la arquitecta “no conoce los detalles y que no hay expediente, tan solo una solicitud de licencia de obras por una empresa privada y que no quiere prevaricar con no otorgarla” pues, dice Túnez, que según los técnicos, dicho proyecto puede llevarse a cabo con las normas subsidiarias del año 1986, concretamente con el Artículo 192 que clasifica el suelo público en distintas clases.

Como contrapunto al argumento municipal, los vecinos señalan que son conocedores de la ubicación y añaden que “el solar no reúne las condiciones” para zonas verdes y aparcamientos, que existen calles estrechas de entre 7 y 9 metros de anchura de calzada y sin salida, que la capacidad resulta reducida para suministros de agua y electricidad, y que el alcantarillado, poco dimensionado, está dando problemas de atascos por la saturación del mismo. Es más, siguen diciendo los vecinos, “existe un incumplimiento” de los artículos 193 y 194 de las normas subsidiarias, respectivamente, que hablan de solución de los estacionamientos de vehículos precisos, así como “los trastornos ocasionados” por las maniobras de carga y descarga de mercancías, las incompatibilidades entre usos diferentes “como sí radican en edificios distintos”, siempre que por su proximidad puedan dar lugar a situaciones de peligro o desorden urbano y estético.

En la misma línea argumental, los afectados recuerdan que el 90% del sector está ocupado por viviendas unifamiliares de dos alturas de carácter residencial, resaltando que en el emplazamiento elegido de 1.150 metros cuadrados de superficie “se pretende” construir un mazacote de edificio de cuatro alturas de unos 4.400 metros cuadrados , sin aparcamientos ni jardines, ni zonas libres para el  esparcimiento de nuestros mayores “más que una residencia, parece un hotel donde se come y se duerme”, agregan los perjudicados.

En este sentido, el colectivo vecinal recurrente se pregunta, entre otras cuestiones, “donde van a aparcar los visitantes de las 94 plazas previstas” así como los vehículos de los más de 40 trabajadores. Sobre este particular, los mismos vecinos aventuran que “nos iremos a aparcar a la rambla”.

Alternativas

Los vecinos dicen “no entender el empecinamiento de la Alcaldía” en llevar a cabo este proyecto, sobre todo, recuerdan, cuando la misma empresa promotora “había propuesto otras ubicaciones” con capacidad para albergar este tipo de instalaciones de uso público, volviendo a preguntarse “qué hay oculto detrás de todo esto, donde está el sentido común”, afirman.

Por otra parte, cabe recordar que los resultados de la reunión bilateral quedaron pendientes, para que una vez superado el período vacacional a partir del 20 de agosto, los técnicos implicados en dicha licencia de obras procederían a comunicar inmediatamente ,la celebración de una nueva reunión, hecho que aún no ha tenido efecto por parte municipal, destacando que el pasado 9 de Agosto fue emitido el primer informe favorable por un técnico, que precede al 10 de Octubre, donde se aprueba la licencia de obras acogiéndose a un trámite de agilización administrativa –“sin informes preceptivos para la licencia de actividad que tiene que dar audiencia a los vecinos y sin más informe que el de la CARM de 30 de Marzo de 2017, prorrogado al 11 de Octubre de 2018”

Ante este cúmulo de circunstancias, nuevamente se presentan varias interrogantes vecinales: ¿Qué proyecto supervisó la Consejería en Marzo de 2017 si el visado del mismo es de Abril de 2018 y su presentación al Ayuntamiento para la licencia de obras es de Mayo de 2018, es decir, un año y dos meses después de dicha autorización? ¿Es el mismo proyecto u otro diferente al de la licencia? ¿Es la misma ubicación?

Por todo ello, los vecinos  del lugar elegido para la construcción de este complejo residencial advierten de “supuestas ilegalidades, contradicciones y ocultismo municipal” haciendo hincapié en el escrito de fecha 24 de Septiembre de 2018, una vez transcurrido el plazo de los tres meses estipulados por la normativa para acceder a la información y que fue contestado fuera de plazo por la Secretaria General del Ayuntamiento, requiriéndoles a demostrar su condición de vecinos afectados, respondiendo los vecinos al requerimiento en el sentido de “tener colindancia y la proximidad” al solar, a lo que desde el mismo órgano administrativo local se responde desestimando la petición.

Todas estas vicisitudes obligan a este núcleo vecinal a acudir a los tribunales para reivindicar sus derechos como vecinos y ciudadanos de Puerto Lumbreras, manifestando no estar en contra de la residencia privada pues su deseo es que se construya, pero en otro lugar que reúna las condiciones adecuadas de acceso de vehículos y aparcamientos  y que disponga de zonas ajardinadas para esparcimiento de los usuarios de la residencia.

La calle Tómbola “es el lugar menos indicado para construir una residencia de mayores. Residencia sí, pero no a  cualquier precio”, concluyen los afectados.

 

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