Foto: Partido Popular

Un nuevo frente político se le abre a Mariano Rajoy, quien fiel a su estilo dejará macerar la situación y que le pongan en bandeja la cabeza del muerto. En este caso el muerto será Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y rodeado de olor a cloaca empresarial y política debido a las últimas noticias conocidas. Poco a poco se va vislumbrando cómo el PP, con su sentido patrimonial del Estado, está desangrándose por la soterrada lucha interna que se vive entre los pretendientes a la sucesión. Sorayistas y cospedalistas (aunque tal vez habría que hablar de no-sorayistas) se atizan dentro del propio gobierno en perjuicio de la ciudadanía.

Cristóbal “Señor Burns” Montoro ha sido reprobado por el Parlamento español, ese mismo que a los conservadores gusta catalogar como centro de la soberanía nacional, por tanto lo ha sido por la ciudadanía española. España, según la lógica que a todo aplican los conservadores, ha reprobado a un ministro del PP. Tan sólo esto serviría para que en cualquier democracia occidental el ministro se fuese a su casa. Sin embargo, el carácter tradicionalista, patrimonialista e, incluso, dictatorial del Estado y la democracia (que les gustaría fuese orgánica) del PP y su máximo dirigente lo ha impedido. El Tribunal Constitucional no es un enemigo del PP, basta ver su composición, y le ha recriminado al ministro su amnistía fiscal. Pero no terminan ahí los problemas en la casa del señor.

Las filtraciones de los distintos grupos internos del PP han sacado a la luz tráfico de influencias y vulneración del secreto por parte de Montoro. También el sorayismo filtró y azuzó el informe de la UCO contra Cristina Cifuentes o el video contra el alcalde David Pérez. Responden por tanto los no-sorayistas con filtraciones que van directamente contra el controlador de la caja. La Fiscalía investiga a Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro, por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Algo que sucede con otras empresas de vez en cuando, pero que en el caso del ministro tiene una prolongación hacia lo político porque, según cuentan diversos medios de comunicación, Montoro habría estado beneficiando a aquellas empresas que contrataban sus servicios con el despacho familiar.

A ello se suma la declaración de José Manuel Soria en el sentido de que Montoro habría hecho lobbyismo en favor de Abengoa para que, con la reforma energética, no perdiese los beneficios que obtenía por las energías renovables. ¿Con quién tenía contrato de servicios Abengoa? Con Equipo Económico. Empresa dirigida por su hermano Ricardo Montoro y el ex-secretario de Estado, Ricardo Martínez Rico, a la par consejero de Abengoa también. Esto generó odio y persecución a Soria por parte del titular de Hacienda. Le había chafado el negocio y lo pagaría caro.

Según cuenta Soria, y recogen en las páginas de El Mundo, Montoro habría enseñado a Rajoy los datos de una cuenta en Suiza de la madre de Soria para presionarle y obligarle a dimitir. Una vez más se demuestra que el ministro utiliza los datos, que son confidenciales por ley, para atacar a los enemigos. Como cuando manifestó que en la amnistía fiscal sólo se había acogido un alto dirigente del PP y dos del PSOE. Sáenz de Santamaría y Montoro querían acabar con Soria, por no transigir en cuestiones internas y en el mercadeo que tienen en los ministerios con las grandes empresas, y le atizaron con un familiar muy querido. También lo habían intentado con la esposa del ministro anteriormente. Nada ilegal en ello porque todo está declarado, pero sirvió para que Montoro dejase su frase sentenciadora: “No puede formar parte del Gobierno quien ha operado en paraísos fiscales”.

En Estados Unidos, que no es que sirva de ejemplo para muchas cosas, un cargo público con tremendas acusaciones tras la espalda habría dimitido o se habría pegado un tiro. Como en España no hay libertad de uso de las armas, ni coraje en el ministro, sólo cabe que el presidente Rajoy cese inmediatamente al ministro si quiere no seguir ensuciando la democracia. Porque España no es patrimonio del PP ni de las grandes corporaciones sino de la ciudadanía española, del pueblo español. Ese mismo al que dicen proteger y están esquilmando.

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