El Secretario General de Podemos Comunidad de Madrid ha participado en la asamblea ciudadana que convocaron ayer en Tres Cantos miembros de la plataforma “Asamblea de las mil viviendas”,  un colectivo formado por cerca de 1.000  familias víctimas de las consecuencias más crudas de la especulación inmobiliaria promovida desde el gobierno regional.

Desde hace 7 años los afectados por esta estafa han venido luchando por encontrar solución a un problema que les aboca a una situación de urgencia social. Para ello han puesto en marcha distintas iniciativas que jamás han sido apoyadas ni atendidas por el ejecutivo autonómico ni por el Ayuntamiento de la localidad, en manos del PP.

En un plazo aproximado de dos meses vencerá la calificación como vivienda pública de estas casas. Los residentes temen que se impongan las lógicas del mercado libre para la venta de unos hogares que fueron concebidos inicialmente con parámetros de viviendas bajo protección pública, algo que de producirse las convertiría en inaccesibles para muchas de las vecinas y vecinos afectados.

Sobre la base de opacas gestiones políticas y empresariales, en las que desde el principio han primado los beneficios particulares de algunas constructoras por encima del interés general de la ciudadanía, el ejecutivo de Ignacio González autorizó la venta de los hogares de estas personas a la empresa FIDERE -filial española de Blackstone, una de las firmas de capital riesgo más grandes del mundo- convirtiendo al gobierno regional en culpable y cómplice de la nueva situación creada.

Así, este fondo buitre adquirió en 2013 las viviendas por un precio medio de 60.000 € y ahora pretende vendérselas a los inquilinos que desean ejecutar su opción a compra por un importe de entre 170.000 y 200.000 €.  Igualmente, para las vecinas y vecinos que deseen continuar residiendo en régimen de alquiler, los precios podrían dispararse exponencialmente, dos consecuencias directas de la recalificación de facto que se ha producido en este y otros casos en nuestra región, transmutando viviendas de origen público en casas sujetas al devenir del mercado privado y a los abusos de los fondos buitre .

El pasado mes de mayo los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE presentaron en la Asamblea regional una proposición de Ley destinada a proteger los intereses de los residentes que se encuentran en estas circunstancias en varios municipios de la comunidad autónoma. La medida, que pretendía la regulación de las tipologías de viviendas de protección pública destinadas al alquiler con posterior opción a compra, garantizando un precio justo en todo el proceso, fue tumbada en la mesa del Parlamento regional en dos ocasiones con los votos del PP y de su muleta naranja Ciudadanos.

Ramón Espinar escuchó con atención los argumentos de los afectados, que han solicitado la ayuda de Podemos para conseguir asistencia jurídica y apoyo político que les refuerce en la tarea de defender sus hogares frente a la especulación. El Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid ha reconocido la lucha que ha venido desarrollando este colectivo a lo largo de los últimos años y les ha animado a continuar adelante con su movilización ciudadana, tanto en las calles como en las instituciones. También se ha comprometido a facilitar todo el apoyo que pueda ofrecerles.

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