En las últimas fechas el sector financiero anda revuelto. A nivel nacional, con los manejos con Unicaja-Liberbank-Abanca, las grabaciones del ex comisario Villarejo, la investigación del BBVA, el informe de los peritos del Banco de España sobre la viabilidad del Popular o las mentiras sobre el no fichaje de Andrea Orcel por el Santander. A nivel internacional, con los escándalos de malas prácticas bancarias en el Reino Unido del Royal Bank of Scotland (RBS), que fuera socio del Santander, del Lloyds Bank dirigido por el ex Santander Antonio Horta Osorio y del HBOS por diferentes escándalos bancarios que afectan a miles de clientes y están siendo investigados por los reguladores y las propias entidades para compensar a los afectados.

Mientras en el Reino Unido se realizan esas investigaciones, en España no ocurre lo mismo y se tapan y acallan las grabaciones que han salido a la luz del excomisario Villarejo que demostrarían la presunta compra de voluntades políticas y judiciales por el Santander a través de la ex vicepresidenta del Gobierno y ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, en el caso de las cesiones de crédito que libraron a Emilio Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Uclés de la cárcel por delito fiscal y falsedad documental.

También han salido grabaciones en las que se escucha al socio de Villarejo, Adrián de la Joya, hablar de un «asalto» financiero a un banco cometido hace 20 años en el que el presidente del banco asaltado acabó en la cárcel. Podrían referirse al asalto a Banesto de diciembre de 1993, presidido entonces por Mario Conde que daría con sus huesos en la cárcel, asalto que habría tenido la ayuda del Banco de España y los políticos de la época. Este escándalo y fraude de Banesto fue denunciado judicialmente por Rafael Pérez Escolar calificándolo como «la más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera de España» que cifraría en cerca de 2.000 millones de euros, sin contar las ayudas innecesarias, y que archivaría el ex juez Baltasar Garzón Real tras el patrocinio por el Santander de sus cursos en Nueva York. Recordemos cómo Diario 16 publicó las curiosas similitudes de la operación de asalto a Banesto con la operación del Banco Popular.

Como consecuencia de esas grabaciones y otros escándalos conocidos del Santander y la familia Botín, que son constantemente ocultados, un accionista del banco, abogado de profesión, ha requerido a su presidenta Ana Patricia Botín para que constituya una comisión «forensic» independiente para que investigue todos los escándalos sobre presuntos fraudes que persiguen al Santander desde hace décadas.

«La comisión de investigación independiente sería necesaria ante la falta de interés y operatividad del departamento de cumplimiento del Santander que lejos de investigar los casos que se le denuncian los guarda a buen recaudo y redacta interminables informes y memorias anuales que omiten todas las denuncias de operaciones de conflicto de interés e información privilegiada», afirma este accionista a Diario16.

En su escrito reclama la investigación de los escándalos del Santander, muchos de ellos son conocidos y otros muchos sólo los conocen unos pocos. Entre todos ellos se pueden citar los ya mencionados de las cesiones de crédito y la doctrina Botín, los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza en el HSBC, el blanqueo de capitales investigado por el Magistrado José de la Mata de la Audiencia Nacional que involucra a Ignacio Benjumea y a la cúpula del departamento de prevención de blanqueo de capitales del Santander, el asalto a Banesto, la operación del Popular, el fraude piramidal de Madoff, la operación Antibióticos, las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, el fraude de los dividendos cum-ex, Ausbanc, el Banif Inmobiliario, la Ciudad Financiera del Santander, la finca de Mijas, Quasar Investments, y otros.

El accionista también requiere la investigación del uso presuntamente fraudulento por parte de Ana Patricia Botín y el consejo de administración de los medios materiales del Santander, como sucursales y empleados, para la captación de delegaciones de voto para las juntas de accionistas.

El accionista deja claro que «solicito la constitución de la comisión de investigación con catedráticos y abogados independientes sin vinculación ni conflicto de interés con la entidad y accionistas minoritarios. Pido que se reciban las denuncias de los afectados por las malas prácticas del Santander, se entreviste a los altos directivos involucrados y que se revisen los archivos y comunicaciones internas de la entidad y sus directivos».

Desde el mes de mayo hasta la fecha la presidenta del Santander no ha contestado a la solicitud del accionista y, mientras en el BBVA, en el RBS, en el Lloyds Bank o el HBOS se llevan a cabo investigaciones, en el Santander se siguen ocultando todos los escándalos manteniendo la habitual falta de transparencia y opacidad que caracteriza a la entidad cántabra desde hace décadas y que es consentida por reguladores y políticos.

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