La sentencia del Tribunal Supremo frena la exhumación del Dictador Franco reconociéndolo como Jefe de Estado desde octubre de 1936.  Entre sus argumentos dicen que ese hecho provocaría “un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco”.

La polémica está servida y la prensa refleja sus posiciones de las que analizo algunos titulares, por ejemplo,  El Mundo publica: “Política: En el auto del Tribunal Supremo. Críticas al Supremo por considerar a Franco jefe del Estado desde octubre de 1936: “insultante”, “vergüenza” y “barbaridad”. Pablo Iglesias, Eduardo Madina, Gaspar Llamazares o Carles Puigdemont se han  mostrado en contra de la expresión usada en el Alto Tribunal para paralizar la exhumación del Dictador” (…) (ElMundo.es 4-6-19).

Salvo que los miembros del Tribunal Supremo sean unos ignorantes (que no lo son) o que tuviesen “presuntas” predilecciones ideológicas cercanas a aquel régimen, eso representaría dar una validez al golpe del 18 de julio, lo cual es muy grave, porque sería como legitimar las consecuencias de los miles de muertos, mayormente militantes republicanos de izquierdas, los más de 300 campos de concentración donde hacinaban a la población en condiciones infrahumanas,  las terribles torturas por la Brigada Político Social y los Tribunales de Orden Público, que funcionaron hasta después de la muerte de Franco.

La represión era tremenda, por hacer huelgas, protestar contra el régimen, estar afiliado a un partido político,  sindicato de izquierdas o pedir algún derecho estaba prohibido y castigado con prisión y sanciones hasta 1977. Fueron cientos de miles los exiliados obligados a huir de aquella terrible y sangrienta dictadura durante y después de la guerra.

El diario Público.es el 5-6-19 titula la noticia “El Supremo reconoce a Franco como jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil. El auto que paraliza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos recoge que Francisco Franco fue “Jefe del Estado” desde el 1 de octubre de 1936. Sin embargo, en aquella fecha, solo habían pasado dos meses desde el golpe militar del 18 de julio y quedaban por delante más de dos años de Guerra Civil”.

Se desprecia a Manuel Azaña… a Francisco Largo Caballero… a la Democracia… a la República… a la Historia…se insulta al pueblo, lo que indica que este modelo híbrido de “pseudodemocracia burguesa” viene haciendo aguas por todas partes, aguas albañales de los sumideros de las Cloacas del Estado que quedaron intactas y que todavía no es homologable a otras democracias vecinas, porque piense alguien que ocurriría si esa sentencia sucediese en Alemania y el T.S. justificase los comportamientos de Hitler o atendiera peticiones de sus familiares.

También es impensable que en Italia se fallara una sentencia similar sobre Mussolini, pero algunos jueces y políticos no quieren entender que en el Estado español ocurrieron hechos gravísimos, siendo el país del mundo con más fosas comunes después de Camboya.  Los torturadores y asesinos nunca fueron juzgados por lo que mucha gente duda que esto sea un verdadero “Estado de Derecho”, más bien lo han convertido en un “Estado de Desecho” con este desprestigiado “régimen del 78” como le llama cada vez más gente.

El País.es informa de la noticia el 6-6-19: “EXHUMACIÓN VALLE DE LOS CAÍDOS. El jefe de Estado el 1 de octubre de 1936: ¿Franco o Azaña? El auto del Tribunal Supremo sobre la paralización de la exhumación del dictador causa sorpresa al reflejar que éste llegó al poder tres meses después de que estallara la Guerra Civil”.  ¿Sorpresa o algo más…?

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado el “vínculo de amistad de algún juez con Santiago Milans del Bosch, sobrino del teniente general golpista, colaborador de la Fundación Francisco Franco y dueño de un bufete de abogados que ha representado a la familia del dictador en varios casos”. 

Es inadmisible para cualquier demócrata honrado que  miembros del aparato del Estado justifiquen al Dictador, beneficiando a sus familiares, que nunca fueron investigados por acumular riquezas ni han demostrado su procedencia lícita, pero la responsabilidad también debe atribuirse al Poder Legislativo que ha tolerado esa situación demasiado tiempo.

Todos los gobiernos desde la muerte del Dictador han venido siendo cómplices de las reminiscencias franquistas y de la incapacidad para poner fin a la “apología del terrorismo de Estado”, que representaron los 40 años de aquel régimen atroz y otros más de 40 años de “pseudodemocracia burguesa contaminada de  fascismo”.

Ninguno de los Gobiernos desde la llamada Transición  se ha atrevido a legislar para limpiar el aparato del Estado de esos elementos “neonazifascistas” que han quedado en la impunidad, amparando crímenes, ocultando enormes fortunas, rechazando derogar la Ley de Amnistía, rechazando publicar las listas de los Evasores Fiscales que garantiza la impunidad de esos delincuentes,,, ¿Hasta cuándo?

Es una vergüenza que tampoco se hayan retirado las condecoraciones a los torturadores y se sigue haciendo la vista gorda  con los que participaron en el golpe del 23F, teniendo algunos la desfachatez de asimilar aquel golpe militar con lo que ocurrió en Cataluña, cuando el pueblo se organizó para poder votar.

Llamar golpe al conflicto de Cataluña, comparándolo con el de Franco, con los cientos de miles de asesinatos que perpetraron los golpistas alzados,  dirigidos por el Dictador y la abominable dictadura cruel que instauraron al terminar la guerra,  que las  fuerzas del Capitalismo financiaron y alentaron, es cuando menos una falsificación histórica descomunal, por no afirmar otra cosa.

También está resultando una farsa las manipulaciones que estamos viendo en el aparato del Estado de este “régimen híbrido creado en el 78”, pues los responsables de aquellos hechos nunca fueron sentados en el banquillo y los familiares de las víctimas, cuyos cuerpos todavía están esparcidos en cunetas y fosas, siguen sufriendo ese escarnio que dura ya más de 80 años.

Las críticas contra la judicatura, contra la Monarquía, contra la casta política siguen arreciando porque con esa posición se ha puesto de manifiesto sin ningún tipo de duda, que las leyes, los derechos y la parafernalia en la que se escudan y amparan hablando de la Constitución, no representan más que métodos amables y dilatorios bajo los que se esconde, con la careta de esa “pseudemocracia burguesa”, la dictadura de los capitalistas y su clase dominante para beneficio de los poderes económicos, empresariales y sus poderes fácticos afines, que defienden los intereses de los archimillonarios y sus familiares.

Basta solo con repasar y estudiar los nombres y apellidos de esa plutocracia que se afianzó bajo el franquismo, que ha estado protegida, financiando al PP (herederos de aquella AP de Fraga, pupilo aventajado del antiguo régimen) haciéndose patente que son los mismos que dominan la política a través del actual Trifachito.

La política es la economía concentrada y en este aparato del Estado que vienen usufructuando para medrar, utilizándolo como una “propiedad privada” más, estos elementos se consideran los legítimos “herederos de Franco por la Gracia de Dios”, que han seguido amasando inmensas fortunas, que atesoran en potentes bancos o en Paraísos Fiscales y multinacionales, a base de trabajo esclavizado y mal pagado, con una explotación salvaje y oprimiendo a la clase obrera, para beneficio del Ibex35 que es quién financia a toda esa casta.

Ese núcleo duro de “españolistas carpetovetónicos” son los que se sienten amenazados cuando los pueblos como el de Cataluña y otros movimientos sociales luchan por una democracia sana y el derecho a decidir sus propios destinos, como vemos que,  hartos de tanta podredumbre, abusos y chanchullos, el pueblo se levanta, las feministas se organizan, los pensionistas retan al Estado y la indignación de la juventud y la clase trabajadora crece contra sentencias infames que protegen a violadores, cuando aplican la Ley de forma represiva, como hemos comentado anteriormente y también el reciente ejemplo, cuando se sanciona al Sindicato de Estudiantes con 600 euros por llevar una camioneta con megafonía a la manifestación del 8 de Marzo como han venido haciendo desde hace muchos años, impidiéndoles la entrada recibiendo ahora una sanción, lo que significa una peligrosa regresión en la aplicación sesgada de la legislación.

La indignación,  las movilizaciones, las protestas y las luchas masivas son legítimas, pero con la represión se pone en evidencia la catadura de algunos pilares de este modelo que está completamente agotado, que pide una Segunda Transición o se tendrá que ver con una Revolución.

La creciente marea de protestas masivas que se está viendo en los últimos años, reprimidas brutalmente,  significa la frustración y el engaño permanente que sufren las masas, manipulados por esos sectores reaccionarios de las derechas, que utilizan sus posiciones en las instituciones, de forma ilegítima por estar dopado con dinero negro de la corrupción,  no para solucionar nuestros problemas sociales, sino para golpearnos con la pretensión de amedrentarnos y que la clase dominante siga  impunemente robando al pueblo trabajador.

Es el momento de organizarnos mejor, para poder movilizarnos conjuntamente en defensa de nuestros derechos que nos vienen siendo arrebatados. Tenemos el legítimo derecho de protestar contra las sentencias injustas, contra los abusos laborales, contra el incumplimiento de las Leyes que nos perjudican y esas movilizaciones deben ser dirigidas y organizadas por los sindicatos de clase, por los partidos y organizaciones sociales, porque también hay que salir a la calle para enfrentarnos a la ofensiva de las derechas a base de acciones masivas de la clase trabajadora y la juventud.

Esa sentencia debe entenderse como una prueba de fuego para todas las organizaciones de izquierdas, que debemos hacer frente conjuntamente a la reacción demostrando nuestra fuerza y determinación para frenar las agresiones a nuestros Derechos, porque tenemos Memoria Histórica y exigimos “verdad, justicia y reparación” y reivindicamos el derecho a una vida digna, a una democracia sana, a una Justicia equitativa, con Libertad, Igualdad y Ética, en una batalla firme por la transformación socialista de la sociedad, por la que tantos luchadores republicanos dieron su vida, sufrieron represión, persecución y exilio.

Esos objetivos lo podremos lograr si continuamos la lucha organizándonos para sanear este sistema corrupto y apartar a sus portavoces, políticos y empresarios corruptores,  que trapichean para beneficiar a la clase dominante, pero la solución pasa por la defensa de una alternativa socialista que ponga fin a este modelo degenerado que está al servicio de una minoría y no de la mayoría de la población, usurpando el nombre de la verdadera Democracia.

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