La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha mantenido un encuentro con alcaldes y concejales de entidades locales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla para explicarles sobre la puesta en marcha y desarrollo del decreto ley que establece en Andalucía la Renta mínima de inserción social. Sánchez Rubio ha insistido en que de acuerdo con el decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio de persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.

Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, incorporará, según la consejera, “la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”. Además, ha explicado que el decreto ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.

Sánchez Rubio ha destacado también que “otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario”.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que “se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza”. De acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso mínimo de solidaridad (IMS).

La estimación para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla sería de más de 23.800 familias y cobertura a más de 63.400 personas. Por provincias, Cádiz con 4.268 unidades familiares y 11.579 personas beneficiadas; Córdoba con 5.823 unidades familiares y unas 15.500 personas beneficiadas; Huelva 2.361 unidades familiares y 6.775 personas beneficiadas, y Sevilla 11.410 unidades familiares y 29.578 personas beneficiadas, según las previsiones. En total en Andalucía serán más de 120.000 personas.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado de que esta prestación, en vigor desde el 1 de enero, contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para el periodo 2018-2021. Además, ha insistido en la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo. Sánchez Rubio destaca asimismo que la nueva prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravada por el aumento de la desigualdad y la precariedad, que “ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha subrayado que la renta mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social se ha incorporado como prestación garantizada en el catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). “Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales”, ha detallado.

Durante su intervención, ha resaltado que “el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad”. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por otra parte, ha explicado a los alcaldes y concejales que “el requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las ex-tuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales”.

El decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la renta mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA, y otras entidades como Cepes y la Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

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