«A Rubén le robaron la cartera en el Metro. Denunció dicho robo ante las autoridades sabiendo que no iba a recuperar nada, pero, aun así, luchó y buscó una solución para recuperar lo que era suyo. Un día, para su sorpresa, recibió una llamada a su teléfono móvil. Su interlocutor se presentó como la persona que le había quitado su cartera y le ofrecía devolverle el dinero poco a poco pero cuando él quisiera no cuando Rubén lo necesitara. Además, le exigía que retirara la denuncia».

En estos días, los afectados por la incautación del Popular están recibiendo llamadas telefónicas de sus directores de oficina en las que se les está ofreciendo la posibilidad de aceptar la oferta comercial del Santander de bonos subordinados. En estas páginas ya denunciamos que se trataba de una oferta manipuladora y ofensiva. Un afectado se puso en contacto con Diario16 para contarnos el contenido de la llamada y dejó muy claro que la oferta de los bonos era una mala oferta, eran las migajas. El Santander no canjeará esos bonos hasta pasados 7 años en los que el cliente está obligado a mantenerlos, ofreciendo por ello una rentabilidad del 1% anual. Es decir, que, por cada 1.000 euros invertidos, el pequeño accionista recibirá una compensación durante esos siete años en que está obligado a mantener los bonos de 10 euros anuales que con los descuentos en base a ratio de intereses se quedará en bastante menos cantidad. El pequeño accionista podrá, eso sí, vender los bonos en el mercado y, teniendo en cuenta que por la situación económica a la que la operación de incautación del Popular los ha llevado, serán muchos los que los pondrían a la venta lo que, por lógica, bajará el precio por el aumento de demanda. De este modo, el propio Santander se podría hacer con esos títulos por menos cantidad a través de fondos y bancos de inversión dependientes de los bancos custodios que son sus máximos accionistas. Negocio redondo aprovechándose de la situación límite de muchos de los pequeños accionistas que lo perdieron todo por el rescate del banco cántabro a través de la intervención del Popular.

Otro aspecto que demuestra la presunta felonía que se está cometiendo es el mero hecho de obligar a los directores de oficina del Popular a ser quienes ejecuten la acción comercial. Según fuentes internas del Popular consultadas por Diario16, «La acción de captación de accionistas afectados realmente comienza el lunes 11 de septiembre pero se está haciendo una primera toma de contacto. Ahora mismo la presión es de tal calibre que los directores no saben a dónde apuntar. Es de locos. Pero a partir del lunes es la acción comercial estrella». En las comunicaciones internas del banco se dice que hay que contactar con todos los clientes afectados para llevar a cabo en firme esa acción a partir de la próxima semana. Por otro lado, se ha dado un aviso a la red de oficinas de que se realizará una segunda acción de verificación de los contactos realizados a los afectados, es decir, que los clientes recibirán una segunda llamada simplemente para concretar que se les han ofrecido los bonos subordinados.

El banco cántabro está potenciando esta acción comercial para, tal y como indicamos en Diario16, silenciar a los afectados y que no puedan reclamar judicialmente nada. Esto es, si un afectado se ve obligado a aceptar las condiciones de la acción comercial acepta no presentar demandas ni reclamaciones judiciales contra el Santander. Por tanto, ofrecen una limosna a cambio del silencio.

Esta oferta del Santander es cruel y, tal vez, roce la ilegalidad posiblemente tipificada en el código mercantil como irregular, falta jurídica penal, o presunto delito, ya que se quiere beneficiar de la necesidad de quienes se han visto sin nada de un día para otro. Es dar un sorbo de agua al sediento o un mendrugo de pan al hambriento a cambio de cobrarle el “sorbo y el mendrugo” por cien veces su valor en un mercado regulado por el “benefactor” .

Según cálculos de la propia entidad cántabra el coste estimado de estos bonos no superaría los 1.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que ya han ganado más de 5.000 millones con la venta del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, gastarse un 20% de ese beneficio no es más que una inversión puesto que las minutas que tendrían que pagar a los despachos de abogados, teniendo en cuenta el volumen de demandas que podrían llegar a interponerse, serían mucho mayores.

Por otro lado, tenemos la perfidia de utilizar a la red comercial del Popular para vender el producto del Santander, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los empleados y directores que la están realizando o que la van a realizar a partir del próximo lunes 11 también son afectados. Víctimas intentando silenciar a las víctimas. No se puede ser más cruel, además de que esas personas ni siquiera tienen su puesto de trabajo garantizado una vez que el Santander haga el ERE que todo el mundo sabe que va a aplicar en la red de oficinas del Popular. ¿Esta situación de inestabilidad también la aprovechará el Santander para obligar a los trabajadores que también son pequeños accionistas a aceptar la oferta de bonos? Si no lo hacen, ¿se tomarán medidas contra ellos o se les pondrá en los primeros lugares de la lista cuando se aplique el ERE? Hemos contactado con algunos trabajadores por si de una manera «no oficial» se les había podido llegar a insinuar una acción de este tipo y los propios trabajadores nos aseguran que, de momento, no.

No obstante, a nadie se le escapa que en esta acción lo que presuntamente pretende el Santander es ganar el silencio de quienes por necesidad se vean obligados a aceptar la oferta de bonos. Por otro lado, ya se ha garantizado la no interposición de medidas legales por la acción de diferentes despachos de abogados que representan a plataformas de afectados que no van a ir a por la entidad cántabra por tener conflictos de intereses.

 

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