Santander ha anunciado que lanzará una acción comercial orientada en exclusiva a clientes minoristas del Popular con el fin de resarcirlos de la pérdida total de su inversión tras la operación de acoso y derribo al precio de la acción de la sexta entidad financiera del país que finalizó con la intervención por parte de la Junta Única de Resolución y la posterior venta del Popular al Santander por un euro. Sin embargo, esta acción comercial no está destinada a los más de 400.000 afectados sino sólo a quienes compraron títulos en la ampliación de capital del 2016.

Se trata de un bono de fidelización con una naturaleza similar a un bono subordinado que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes acepten este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción.

Según el Santander, el «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas», a lo que la entidad añade que el «99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió». La entidad cántabra calcula que el valor total de estos bonos de fidelización es de 980 millones de euros.

Para el actual presidente del Popular, además de vicepresidente del Grupo Santander, esta acción se lanza en «reconocimiento a la lealtad de los clientes que invirtieron en Banco Popular, hemos querido poner en marcha esta acción voluntaria con el fin de reforzar nuestra relación con ellos, responder lo mejor posible a sus necesidades financieras y seguir adelante con el trabajo de integración que tenemos por delante».

Rodrigo Echenique, actual Presidente del Banco Popular y Vicepresidente del Grupo Santander

También hay exclusiones ya que no podrán acceder a los bonos de fidelización «los miembros del consejo de administración de Banco Popular hasta su resolución, las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa en Banco Popular declarada en la CNMV».

Sin embargo, hay una condición fundamental para poder acceder a este nuevo producto: los accionistas minoristas deberán renunciar a emprender acciones legales contra el «Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas». Es decir, que lo que quiere realmente el Santander es comprar el silencio de los afectados por la venta del Popular.

Claramente la entidad cántabra quiere hacer un lavado de cara y evitar los cientos de miles de demandas que iba a recibir por una operación que ha dejado en la ruina a miles de pequeños y medianos accionistas del Popular, una operación que cada día que pasa va siendo más oscura y va mostrando cómo se modeló para, precisamente, entregar a la sexta entidad al Santander, tal y como hemos informado en Diario16.

Al principio fueron Antonio del Valle y su grupo de inversores mexicanos, junto a Reyes Calderón, quienes iniciaron la operación bajista. Para hacerlo más efectivo contrataron a un liquidador, a una persona que no tenía experiencia en banca comercial pero que le sobraba en banca de inversión con una única misión: llevar el precio de la acción a un nivel que lo hiciera atractivo para que cualquiera de las cinco entidades financieras españolas más importantes hiciera una oferta de compra. Sin embargo, el modo en que se desarrolló la operación ha mostrado cómo Emilio Saracho tenía un objetivo paralelo: llevar al Popular a los brazos del Santander. Por eso dejó a Del Valle y a su grupo de inversores latinoamericanos en la estacada pocos días antes del 6 de junio. Por eso presentó unos datos de liquidez que no mostraban la realidad del banco. Por eso provisionó más de 4.500 millones de euros incluso con créditos y productos que no tenían ningún tipo de mora para, de este modo, restarle liquidez. Por eso, tras la intervención de la Junta Única de Resolución, se mostró satisfecho con que el Popular hubiera sido vendido al Santander por un euro dejando a más de 300.000 pequeños y medianos accionistas sin nada.

El nuevo producto del Santander, además de querer comprar el silencio y de evitarse miles de demandas, también es un modo de exculpar a Saracho para cargar toda la responsabilidad en Ángel Ron. El hecho de que sólo puedan contratar los bonos de fidelización los minoristas que entraron en el accionariado en la ampliación de capital de 2016 y dejar fuera a más de 250.000 afectados es un modo de poner sobre la mesa la cabeza de Ron como culpable de la situación del banco olvidándose de que fue precisamente el ex presidente quien presentó un Plan de Viabilidad aprobado por el Banco de España que, de haberse llevado a efecto, la situación hubiera sido muy diferente. En cambio, el Santander lo que hace es exculpar al hombre que fue parte de la entidad cántabra, al hombre que formó parte de la familia.

Por otro lado, la estrategia del Santander en referencia a los accionistas del Popular tiene un cierto aire oscuro y una intención más propia de un régimen autoritario o de una dictadura privada en lo que se refiere a debilitar al enemigo dividiendo sus filas que de una entidad seria como es la entidad cántabra que siempre se ha caracterizado por afrontar sus responsabilidades de frente. Partiendo de la base de que este bono de fidelización ha sido creado con la buena intención de restañar el daño económico que se ha generado a los pequeños y medianos accionistas con la operación de compra del Popular, ¿por qué sólo se hace a los de la ampliación de capital de 2016? ¿Por qué no se le ofrece a todos los afectados minoristas? Esta discriminación lo que va a provocar es la división entre los afectados porque de este modo el Santander ya puede dejar resueltas un tercio de las demandas previstas. La situación de ruina en que han quedado muchos, sobre todo entre los miles de empleados que acudieron a la ampliación y a los que se les adelantaron cantidades económicas —cantidades que ahora se les están reclamando, por cierto— o entre los miles de jubilados que lo han perdido todo.

En otro orden de cosas, parece demasiado casual que, precisamente el día en que uno de los bufetes de abogados que encabezó la «rebelión» de los afectados anunciara en una reunión celebrada en Almería que no se iba a litigar contra el Santander por un conflicto de intereses, la entidad cántabra hace este anuncio. Las casualidades no existen y, mucho menos, en el mundo de las finanzas.

 

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