El siguiente paso para que el Santander continúe sacando beneficios de la incautación del Banco Popular Español va a darse muy pronto: el cierre de oficinas y el despido masivo e indiscriminado de sus empleados. En estas páginas ya contamos el temor que existe entre los trabajadores del Popular respecto al ERE que todo el mundo sabe que va a llegar y que sólo falta la certificación de la fecha. Según un estudio realizado por el banco norteamericano Morgan Stanley, el Santander cerrará un 50% de las oficinas del Banco Popular, tal y como hizo con Banesto, cerrando 700 sucursales, consiguiendo unas sinergias de costes de un 44% de su base de costes (420 millones de euros). En el caso del Popular se tratará de más de 800 sucursales, de las 1700 con las que cuenta el banco expropiado.

El estudio de Morgan Stanley certifica que la estrategia del Santander respecto a las oficinas del Popular es exactamente la misma que ya aplicaron con Banesto: una distancia máxima entre oficinas de 2 kilómetros con un máximo de oficinas competidoras entre ellas. Todo esto, junto con el ahorro de la sede corporativa del Popular, supondrá un beneficio para el Santander superior a 700 millones de euros, algo que se posiciona muy por encima de las propias previsiones iniciales de la entidad cántabra tras hacerse con el Popular por un euro y dejar en la ruina a más de 300.000 familias.

Con estos datos, la partida inicial del ERE que está por venir se situará en un mínimo del 50%, es decir, casi 6.000 empleos destruidos con una repercusión anual mínima de 120 millones de euros en ahorro por coste salarial.

Que sea Morgan Stanley quien haya hecho este estudio no es casualidad, teniendo en cuenta, sobre todo, que el Director General Adjunto del Santander es Francisco Javier García-Carranza, quien aterrizó en la entidad cántabra procedente del banco estadounidense, en el que desempeñó funciones de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones logrando más de 100.000 millones de dólares en operaciones de financiación de equity y deuda. Diario16 ya expuso hace meses el temor que existía entre la plantilla del Popular de que la reestructuración tanto de la red de oficinas como de la plantilla cayera en manos de García-Carranza porque su perfil es la de un «tipo duro» de las finanzas, un verdadero killer, un hombre que no negocia, impone, en definitiva, «el señor Lobo». Su trayectoria en el Santander avala estos temores ya que la actuación en Isolux, donde vendió toda la deuda y la participación dejando a la constructora en concurso de acreedores y al resto de acreedores (CaixaBank y Bankia) en una difícil situación. Lo mismo hizo con la participación del Santander en las autopistas de peaje quebradas. Es un hombre al que no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar deudas o de poner en marcha operaciones en las que no tiene piedad con aquellos que pueden salir damnificados. En este caso son los trabajadores del Popular.

García-Carranza llevará la reestructuración de las oficinas a sus últimas consecuencias implementando los escenarios más crueles porque su misión es la de generar el máximo de beneficios a través de la resolución de problemas.

En otro orden de cosas, el Santander hará negocio con la venta de las sucursales cuyos locales son propiedad del Popular. No es la primera vez que el banco cántabro hace esto. Ya ocurrió hace unos años con la venta de su Ciudad Financiera en Boadilla del Monte y de miles de oficinas. En los años 2007 a 2009 la entidad cántabra se vio obligada a vender parte de su patrimonio inmobiliario propio con el fin de mejorar sus cuentas de resultados y superar los test de estrés del Banco Central Europeo. Para ello se puso en marcha el Proyecto Brick, es decir, un proceso de venta en sale&leaseback (vender para alquilar posteriormente) de activos del Banco de Santander por un valor de 4.400 millones de euros. El mismo proceso se produjo con la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte que, en principio, fue vendida en 2008 a Marne Inversiones por 1.900 millones de euros con un arrendamiento posterior de 80 millones al año.

El Proyecto Brick se hizo famoso por la implicación de Oleguer Pujol Ferrusola en la compra de las oficinas del Santander por 2.012 millones de euros en representación de Samos Servicios y Gestiones S.L. En esta operación también estuvieron implicados hijos de Javier de la Rosa o el hijo del compañero de pupitre de José María Aznar, José María Villalonga. Todos ellos fueron imputados por blanqueo de capitales con la operación.

Este es un nuevo caso de la situación en que está llevando el Santander al Banco Popular. Ante las opciones de que la Justicia anule la operación por las presuntas ilegalidades cometidas, tanto en Europa como en España, el banco cántabro está realizando operaciones rápidas para hacer caja con el patrimonio y las carteras de negocio del Popular para, en el caso de que los tribunales determinaran la anulación de la intervención, plantear un escenario de hechos consumados como argumento para hacer imposible la devolución del banco a la situación previa al 7 de junio. Todo atado y bien atado, como dijo aquel.

Las diferentes administraciones de Justicia tienen que entrar de oficio y ordenar la cancelación cautelar de cualquier operación del Santander respecto al Popular hasta que los miles de demandas interpuestas ya y los miles que se van a interponer en fechas próximas prosperen y tengan una resolución definitiva, sea cual sea. Permitir que, a través de una operación dudosa, se esté vendiendo y realizando negocio con el patrimonio de una de las partes perjudicadas, es un modo de complicidad con la misma y la Justicia debe actuar en base a su independencia y no de los intereses espurios de quienes han diseñado el expolio del Popular para rescatar al Santander. En cierto modo, esa operación podría ser calificada como presunta corrupción por la que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia tendrían que entrar de oficio a investigar poniendo todos los medios con que cuenta la Justicia española para resolver una situación que ha dejado en la ruina a más de 300.000 familias y que, con la intención del Santander, va a dejar sin patrimonio al Banco Popular con que responder en el caso de que los tribunales decidan suspender la operación.

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