En estos días más de 400 empleados del Banco Popular, desde directores regionales hasta trabajadores de la red comercial, están recibiendo un escrito por parte del Grupo Santander por el que se les solicita implícitamente que reconozcan que han manipulado la información comercial y, de este modo, se les niega el pago de los variables que tienen firmados por contrato.

Esta comunicación es un escándalo y un nuevo elemento que demuestra que el Santander está intentando rentabilizar al Popular para que les arregle las cuentas que, tal y como ya hemos indicado en Diario16, arrojan unas pérdidas de más de 25.000 millones de euros en activos si no se cuenta lo que está aportando Banco Popular.

¿Cuánto pueden suponer dichas variables? En un banco del presunto volumen de negocio del Santander es una miseria. Sin embargo, todo parece indicar que hay que «rascar la olla» para que ni un euro salga del asiento de ingresos para que las cuentas no vuelvan a mostrar la verdadera realidad del Santander.

En concreto, la carta que han recibido los empleados se refiere a que se han detectado presuntas incidencias en la gestión de distintas operativas:

Por tanto, el Santander está acusando a los empleados del Banco Popular de manipular los datos de la entidad con la única finalidad de cumplir con los objetivos marcados. Si esto fuera así, la responsabilidad de ello es del propio Santander puesto que se refieren a hecho sucedidos en el tercer trimestre y, por tanto, el Popular ya pertenecía al Grupo. Si los hechos no fueran ciertos, es otra demostración de que el Santander pretende exprimir a los empleados y a la sexta entidad financiera de España para lograr una rentabilidad rápida.

No obstante, hay que tener en cuenta que una de las acusaciones por las que está demandada la entidad presidida por Ana Patricia Botín es, precisamente, por enriquecimiento ilícito. No querer pagar los variables de estos más de 400 empleados sugiere que ese presunto enriquecimiento tiene como única finalidad evitar la quiebra absoluta.

Por otro lado, el Santander en dicha carta lanza acusaciones muy graves contra los trabajadores.

Cualquier entidad o empresa ante unas acusaciones de tamaña gravedad, que considera como «Falta Muy Grave», hubiera adoptado medidas inmediatas que se hubieran traducido en despidos procedentes. Sin embargo, no ha sido así, sino que, simplemente, apercibe a los destinatarios de la misiva y les pide que reconozcan implícitamente con su firma que han manipulado dichas cuentas:

El acuse de recibo es un modo de asumir la culpa de esta presunta manipulación y de aceptar el que no se les paguen las correspondientes variables.

Además de todo lo anterior, hay varios puntos a tener en cuenta. Esta carta es una verdadera trampa para los empleados porque lleva un reconocimiento implícito de mala gestión y, por lo tanto, deja expuestos a los trabajadores que la firmen a que las querellas se deriven hacia ellos. También es un modo de meter miedo a toda la plantilla de cara al Expediente de Regulación de Empleo salvaje que se prevé que el Santander aplicará antes del final de 2.018 y que, según la información de la que disponemos en Diario16, podría afectar a más de 5.500 empleados.

Por otro lado, la carta enviada por el Santander demuestra otra intención totalmente torticera: culpar de los presuntos malos resultados del Popular a los trabajadores por una mala praxis y, de este modo, intentar justificar la compra por un euro. De este modo, pretenden que los afectados se vuelvan contra los empleados del Popular en vez de contra el Santander.

Ante esta situación deben ser los sindicatos los que medien entre estos empleados, independientemente del puesto que ocupen, y el Santander y les expliquen las implicaciones reales de firmar esa carta. ¿Pueden los representantes de los trabajadores dejarles olvidados? No debería ser así y no tendrían que permitir este nuevo chantaje como el que ya se produjo cuando se negociaron «bajas voluntarias» en el ERE de los Servicios Centrales.

Nuevamente nos encontramos ante la indefensión que se está propiciando en todo lo relacionado con el Caso Banco Popular gracias a la inacción de la mayoría de la clase política. ¿Dónde están los partidos, sobre todo los que se autodefinen como la «verdadera izquierda» tras su proceso de primarias? Los de la derecha ya están demostrando en el Congreso de los Diputados que ni los afectados ni los trabajadores del Popular pueden esperar nada de ellos. ¿Se anteponen los intereses particulares a los de los trabajadores, jubilados, autónomos, pequeños empresarios a los compromisos que se puedan tener adquiridos con el Santander? ¿Han caído en la trampa de la derecha de tratar el rescate de la entidad presidida por Ana Patricia Botín como de razón de Estado? Los partidos deben saber que muchas de las 305.000 familias arruinadas —entre las que se cuentan muchas de empleados o ex empleados— darán su voto al partido que les defienda y, de momento, ya hay uno que está sacando ventaja en ello y no es ni rojo, ni azul, ni naranja

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