Desde distintos foros afines al Santander se ha comenzado una campaña con el único fin de desanimar a los cientos de miles de víctimas de la operación del Popular que no aceptaron la coerción de los bonos de fidelización.

La estrategia se basa en algo tan simple como generar dudas sobre la propia Justicia, tanto la europea como la española y, de este modo, dar a los afectados la idea de que, por más que protesten, por más que pataleen, por más demandas que pongan, por más que haya suficiente documentación que demuestre que toda la operación es una presunta estafa, además de otros varios presuntos delitos —tanto en el orden penal como en el orden civil—, no tiene sentido intentar frenar una operación que fue movida desde las más altas parcelas de poder. El Santander se juega mucho con el Popular y va a intentar todo lo que esté en su mano, que es mucho, y va a tirar de toda su capacidad de influencia y coacción para que nada ni nadie pueda frenarla porque su futuro está en juego.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín, a través de sus servicios jurídicos y de sus despachos de abogados de referencia, ya hizo un primer movimiento planteando una estrategia judicial que pasaba por negar la competencia de los tribunales españoles para juzgar todo lo referido a la operación del Banco Popular ya que, según ese planteamiento, quienes tomaron la decisión de resolver a la sexta entidad financiera de España fueron las instituciones europeas por lo que debían ser los tribunales europeos los que determinaran las responsabilidades correspondientes. ¿Qué fuerza tiene el Santander en este país para dudar de la Justicia española? ¿Tan seguros están de que son impunes ante cualquier tropelía que se cometa?

La estrategia jurídica del Santander pasa, además, por crear conflicto de interés con grandes bufetes para que las demandas de los afectados se dirijan hacia las instituciones económicas y europeas españolas porque, al existir ese conflicto, no pueden dirigirse hacia la entidad cántabra. Algunos de estos despachos, además, organizaron plataformas de afectados captando miles de ellos, pero a los que no se les comunicaba ese conflicto y se les obligaba a la firma de poderes para que fuera el propio bufete el que tomara las decisiones e implementara la estrategia judicial, una estrategia que, casualmente, coincide con la del Santander en lo referido a que las demandas hay que dirigirlas hacia las instituciones y no hacia el banco. Sin embargo, hay otros despachos libres e independientes que no han caído en esos conflictos y que sí que están planteando demandas civiles y penales contra el Santander porque, según ha podido saber Diario16 a través de varios de estos bufetes, la estrategia de enfocar las demandas hacia las instituciones europeas lo que está provocando es que se reciban notificaciones en las que se indica que la responsabilidad es de las autoridades españolas y éstas indican que la responsabilidad está en las europeas, es decir, que esta estrategia lo que provoca a los afectados es una pérdida de tiempo que favorece claramente al Santander para que monetice el patrimonio y la cartera de negocio del Popular y, de este modo, crear una situación irreversible. Son estos despachos los que dan esperanza a los afectados porque son los que van a luchar para que recuperen lo que se les arrebató la noche del 6 al 7 de junio.

Por otro lado, según diferentes fuentes consultadas por Diario16, varios de estos bufetes que están defendiendo los intereses de las más de 305.000 familias arruinadas y que no tienen conflicto de interés con el Santander van a plantear demandas contra los miembros del Consejo de Administración, altos directivos y  principales accionistas de la entidad presidida por Ana Patricia Botín porque, a pesar de que, según nos consta, hubo algunos de ellos que no estuvieron de acuerdo con la operación.

Ahora dan una vuelta de tuerca más lanzándose a una estrategia basada en la generación de desánimo entre las víctimas jugando con los plazos que maneja la Justicia europea, olvidándose de las demandas y recursos interpuestos en la Audiencia Nacional. Por otro lado, intentan apuntar hacia que la vía civil sería la más productiva en vez de la penal. Con esto lo que se pretende es evitar condenas penales por las que, además del descrédito y la pérdida de prestigio, podría arrastrarse a condenas de cárcel a directivos y consejeros de la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

Es sorprendente cómo el Santander está jugando con los tiempos porque han acentuado la campaña precisamente el día en que se ha sabido que se ha presentado una demanda por enriquecimiento ilícito basada en el estudio pericial encargado por el despacho de abogados Jausas y en la que hay constantes referencias a las informaciones publicadas por Diario16. Este mismo bufete representa a la demandante, una viuda de 80 años que había invertido 50.000 euros en bonos del Popular que tras la resolución fueron convertidos en acciones y, por tanto, perdieron su valor. En esa demanda se declara que, tal y como venimos defendiendo en estas páginas, el Popular era un banco solvente que no tendría que haber sido intervenido. Por esa razón y por el precio irrisorio de 1 euro la demanda estima que el Santander se está presuntamente enriqueciendo ilícitamente en base a las propias previsiones de la entidad cántabra. Si a esto sumamos la cifra de 43.000 millones de euros procedentes del Popular que el Santander agregará a sus cuentas y las emisiones para 2.018 que le permitirán recibir más de 64.000 millones y cumplir con la TLAC para seguir siendo categorizado como banco sistémico, la demanda tiene más peso.

Por otro lado, hay que tener en cuenta un hecho que demuestra, en parte, la propia base de la querella presentada por enriquecimiento ilícito. La presidenta de la JUR, la alemana Elke König, afirmó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que «el Santander sabía lo que compraba». Esta frase no puede ser interpretada como que la entidad conocía la situación del Popular, sino que sabía a la perfección los beneficios que le iba a reportar, principalmente porque durante el tiempo en que Emilio Saracho presidió el Popular el Santander tenía acceso a los datos internos de la entidad intervenida.

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