“Son los niños que más vulneraciones de derechos sufren y protegerlos debe ser una prioridad para las administraciones”, así comienza Save the Children su nota de prensa, en la cual denuncia la grave situación de los migrantes menores de edad no acompañados que llegan a nuestras costas o a nuestras fronteras buscando una esperanza de vida. Una esperanza que ha sido segada en sus países de origen. Si es ya traumático para una persona adulta abandonar su tierra para buscarse la vida, jugándosela en muchas ocasiones, sólo hay que imaginar lo que puede suponer para estos chiquillos.

Save the Children ha presentado su informe “Los más solos”, donde analiza los fallos en el sistema de acogida, protección e integración de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. También aprovechan para, mediante la campaña Se buscan familias, concienciar del problema. Gracias a un vídeo (que se puede consultar aquí) las personas de bien que pueblan España pueden ver cómo es el largo recorrido que padece un niño, en este caso senegalés, para llegar a España.

Guerras, explotaciones varias (económica, esclavitud, homofobia, etc.) y un abandono por parte de casi todo el mundo provocan que el flujo migratorio aumente año tras año a Europa. El año pasado 28.349 migrantes llegaron a nuestras costas, tan solo 1.369 menos que a Grecia. El informe “Los más solos” señala cómo un 14% de las personas que han llegado a España por tierra o por mar son niños y niñas. Solo en patera, durante 2017 llegaron a España 2.177 menores solos, casi cuatro veces más que en el año anterior. A pesar de la magnitud de las cifras, España sigue sin estar preparada para acoger a los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la exclusión, denuncian desde la ONG. A ello hay que sumar que, en el caso de los niños, “a los obstáculos que se encuentran durante el viaje se suman los impuestos por Europa, que ha priorizado la seguridad de las fronteras por encima de la de las personas, independientemente de que sean adultos o niños”.

“Mi madre es pobre, no tiene nada. Hace una semana llegué a la frontera y llevo tres días intentando cruzar por Ceuta. Quiero vivir en España para construir un futuro y ayudar a mi madre. Aquí en Ceuta la situación es muy dura, nos pegan y nos destrozan los sitios donde dormimos. Pasamos tanto frío que no podemos dormir. Yo sólo quiero aprender un oficio y trabajar en cualquier cosa, lo que sea”, es el testimonio de Ahmed, recogido por Save the Children, un niño que con 12 años ha emprendido solo el viaje a España desde Tánger y ahora sobrevive en las calles de Ceuta.

El caso es que en España no se hace todo lo necesario para acoger a estos niños y niñas como denuncian en la ONG. Es más, no se sabe a ciencia cierta cuántos niños y niñas llegan a España porque las estadísticas oficiales no recogen todos los niños que llegan solos a España. Ya que muchas veces estos chicos esconden su condición de menor de edad para evitar ser tutelados en una comunidad en la que no desean quedarse, otras veces dicen ser mayores de edad para poder llegar a la península y acceder al mercado laboral y otras son los propios mecanismos obsoletos e ineficaces de identificación de la edad los que les declaran adultos cuando en realidad son menores.

Sigue Save the Children afirmando en su informe que las cifras tampoco recogen a los niños y niñas que abandonan las instituciones voluntariamente y dejan de vivir bajo la tutela pública. En 2016 abandonaron los servicios de protección y figuran “en fuga” 825 menores (770 niños y 55 niñas) de los que se ignora su paradero actual. Las causas varían según la nacionalidad o el sexo. El colectivo sirio generalmente tiene como destino algún país del norte de Europa, donde suelen esperarlos sus familiares, detrás de la desaparición de las niñas y jóvenes nigerianas suelen estar las redes de trata y para otros, en su mayoría marroquíes, la dura situación de los centros y su deseo de llegar a las comunidades donde saben que tendrán mejores oportunidades les empuja a fugarse y continuar su vida en la calle. Un ejemplo son los más del centenar de niños que viven en las calles de Ceuta y Melilla esperando la oportunidad de cruzar a la península arriesgando y muchas veces perdiendo sus vidas.

Save the Children también destaca que los menores que llegan, en muchas ocasiones ocultan su propia documentación (o la pierden conscientemente), para ser “deportados en caliente”, una práctica avalada por la reciente Ley de Seguridad Ciudadana. “Si llevas pasaporte de Senegal te devuelven del tirón. Cumpliendo la Ley, si eres menor no te devuelven, pero a veces ponen la Ley a un lado”, explica Walid, un joven que llegó en patera a Canarias. “Si te pillan dentro del puerto te mandan otra vez a Marruecos, tanto si eres menor como si no, les da igual”, cuenta Imad, otro joven que actualmente vive en Bilbao. Lo que demuestra que España incumple su propia ley.

Otra cuestión denunciada en el informe es que los menores, a pesar de que la Ley de Extranjería prohíbe expresamente que se detenga a algún menor de edad por su condición de migrante o por su entrada irregular, confirman que este supuesto tampoco se respeta. “Cuando llegamos la policía nos cogió para hacer la entrevista, para hacernos fotos y luego para llevarnos al hospital. Cuando salimos pasamos tres días en comisaría, en prisión. Solo comía galletas, tres días son muchos sin comida”, explica otro de los chicos.

España ha sido señalada por Naciones Unidas, por varios organismos de defensa de los Derechos Humanos e incluso por el Defensor del Pueblo por las prácticas invasivas y poco fiables de determinación de la edad de los menores migrantes que llegan solos. Estas pruebas médicas deberían ser el último recurso, afirman en Save the Children, cuando sea imposible determinar la edad e ir acompañadas de exámenes psicológicos, sin embargo, España sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones y realizando estas pruebas, incluso cuando el niño o niña tiene documentación que acredita su minoría de edad. Cuando esto ocurre, el menor queda en un limbo jurídico que le impide disfrutar de sus derechos como adulto y de la protección que merece como menor de edad.

Aun cuando se les reconozca la minoría de edad a estos jóvenes, las condiciones en las que están en España tampoco es que sean las más dignas en muchas ocasiones. Pues los centros de internamiento acaban convirtiéndose en verdaderas cárceles con altos niveles de violencia y tráfico de drogas, que no es controlado por los responsables.  En ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo, también hay menores migrantes no acompañados que deciden escapar de los centros y quedarse en la calle para escapar de las condiciones en las que viven y de los malos tratos que a veces denuncian por parte del personal de los centros. Muchos emprenden el viaje hacia otros países del norte de Europa y desaparecen entre las grietas del sistema.

Sin políticas educativas y de empleo, el futuro de estos niños queda condenado a la precariedad y la exclusión social y el día que cumplen los 18 años se quedan desprotegidos, sin prácticamente ningún tipo de apoyo de la Administración, que ha sido su tutor hasta entonces. “A nadie se le ocurriría dejar abandonado a su suerte a su hijo el día de su 18 cumpleaños, los Estados tampoco deberían hacerlo. Los esfuerzos orientados a la inclusión del menor en la sociedad no sirven de nada sin medidas orientadas a su integración como adulto”, explica Andrés Conde, director general de Save the Children.

La lucha de la senadora Maribel Mora.

El tema de los menores no acompañados que migran hacia España lleva siendo tema de una lucha larga y frustrante, en muchas ocasiones, de la senadora de Podemos, Maribel Mora. Pese a su insistencia y preocupación por esos seres humanos tan desprotegidos, la senadora choca una y otra vez contra el muro que supone la dejadez, desconocimiento o mala fe del ministerio de Interior de Juan Ignacio Zoido. Más preocupado por disfrutar de una caña con los amigos en la calle Sierpes, el ministro nada hace por estos menores de edad. Algo que no arredra a la senadora Mora que insiste e insiste. Por ejemplo, en varias preguntas (porque hay veces que se les tiene que preguntar varias veces) pide la senadora de Podemos un informe sobre menores trasladados de Ceuta y Melilla a la península y que hayan sido reconocidos como tales. ¿La respuesta del gobierno? Que no hay constancia de esa circunstancia. Da la impresión que ni se han molestado en hacerlo porque, como demuestra el trabajo de Save the Children, haberlo haylos.

En otros casos pregunta por la situación de los menores en los centros, en situación de calle o qué pasa con ellos. Y el gobierno responde con un batiburrillo de buenas palabras que la realidad desmiente. Por ejemplo, responden que los datos los tienen en su mayoría las Comunidades Autónomas, pero que ellos siempre velan por el “interés superior del menor”. Algo que en el informe de Save the Children se desmiente… otra vez. Y con eso se quitan cuatro o cinco preguntas realizadas sin contestar realmente. Es más, llega a ser tal la meticulosidad de la senadora que hasta les pide los datos por centros, como el de la Purísima. ¿Respuesta del gobierno? Dos o tres folios con lo que dice la ley que hay que hacer para, a continuación, dar los datos solicitados así como el que no quiere la cosa y sin mucha explicación. Así es normal que salte la sorpresa de que hay 290 menores en Melilla y sólo den cursos de formación a 90. De hostelería peluquería, estética y poco más, y sólo a los mayores de 16 años. Eso sí, los cursos de español no parecen ser prioritarios o no se incluyen en las respuestas. Para que cuando vayan al médico el personal sanitario se las vea y las desee para entenderse.

Lo paradójico es que a este tipo de preguntas respondan y a las que tienen que ver con la situación de personal y estructura de los centros, como la Purísima de Melilla, digan que son parte de las comunidades autónomas, o ciudades autónomas en este caso. El esfuerzo, por tanto, de la senadora de Podemos lo que acaba demostrando es que el informe de Save the Children sobre la poca importancia que le concede el gobierno de M. Rajoy a este tema es cierto. Que como son menores y se quejan lo justo para qué hacer algo más.

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