Escandaloso. Ese es el único término que puede definir la rectificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia por la que se obligaba a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en vez de al cliente. En una ajustada votación y tras dos días de deliberación, el alto tribunal ha decidido retomar la jurisprudencia anterior, es decir, que es el contratante de un crédito hipotecario el que debe asumir el pago del impuesto. No se trata de prejuzgar la decisión adoptada, sino que es la constatación de que el tercer poder de nuestra democracia está siempre predispuesto a favorecer los intereses de los poderosos antes que los del pueblo.

Imagínense que el Supremo tuviera que analizar un asesinato, una estafa o un delito cualquiera. Habiendo disparidad de opiniones, como ha sido el caso de las hipotecas, si una parte estaría dispuesta a condenar al acusado a muerte y la otra lo dejaría en libertad, la persona que busca justicia debe enconmendarse a la divinidad o a la suerte porque su sentencia va a depender, no de la Ley, sino de quién le juzgue. Esto es intolerable. Por esta razón en el caso que nos ocupa, no pierde solamente el ciudadano o ciudadana que contrató una la hipoteca, sino toda la sociedad.

Sólo la banca podría provocar el escándalo judicial que se ha vivido en España desde que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia por la que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados no le correspondía al cliente sino a la entidad bancaria. En principio, si se hubiese mantenido la sentencia inicial, los afectados tendrían que reclamar a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma en la que se firmara el contrato, lo que supondría un grave descalabro a la hora de cumplir los objetivos de déficit. No obstante, posteriormente las administraciones públicas tendrían que reclamar esa cantidad a los bancos. Según la ministra de Hacienda, la cifra habría rondado los 5.000 millones de euros.

El Supremo tenía cinco opciones a la hora de decidir qué hacer con la sentencia: ratificar la nueva línea jurisprudencial, revocarla para volver a la situación anterior por la que es el cliente quien debe hacer efectivo el pago, trasladar el problema al Gobierno o al Parlamento, establecer nuevas reglas de aplicación del impuesto y determinar la fecha a partir de la cual los ciudadanos pueden reclamar el importe pagado. Finalmente, se han decidido por la segunda que, precisamente, es la que favorecía a la banca.

Sin embargo, subyace en todo lo que está ocurriendo —que está dejando nuevamente en ridículo a nuestra Justicia— un hecho muy grave para nuestro sistema democrático: el poder de la banca o la influencia que tienen el tercer poder de la democracia. En Diario16 ya hemos publicado cómo el Banco Santander ejerce ese lobby a través de los grandes despachos de abogados —principalmente desde Uría y Menéndez— o de, incluso, jueces a los que se financian cursos en el extranjero o que abandonan la carrera judicial para pasar al sector privado para defender los intereses, precisamente, de la entidad cántabra. Por no hablar de cómo se infiltra a personas afines en los organismos de Justicia como, por ejemplo, la esposa de Juan Manuel Cendoya, director de comunicación y vicepresidente de Santander España, quien ejerce actualmente como jefa de gabinete de Carlos Lesmes, es decir, del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. ¿Alguien puede imaginar que no haya podido existir, como afirman diferentes fuentes de extremada solvencia consultadas por Diario16, una influencia para que se produjera la revisión de la sentencia de las hipotecas? No está confirmado, pero la reflexión en base a la lógica genera conclusiones que son contrarias a la independencia que se le presume a la Justicia.

Todo lo anterior sin contar cómo desde la banca se financia a organizaciones profesionales de jueces y de fiscales, ya sea a través de patrocinios directos o indirectos para convenciones, congresos o jornadas.

La banca presionó y continúa presionando a los magistrados del Supremo. Si no, sería impensable la celebración de la reunión de hoy. No hay más que comprobar la reacción del mercado el día en que se hizo pública la sentencia, con importantes pérdidas, y la subida de los valores en el momento en que el Supremo anunció la revisión de la misma.

En las diferentes presentaciones de resultados del tercer trimestre los bancos hicieron una valoración clara basada en que ellos cumplieron con la ley y que, esto es importante, estaban muy confiados en que no se iba a aplicar la retroactividad tras la revisión de la sentencia. ¿Por qué esta seguridad? Hay que tener en cuenta que, de haberse aplicado dicha retroactividad, no tendrían que ser las entidades bancarias la que devolvieran el dinero a los afectados, sino las diferentes Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas que, al fin y al cabo, son las que cobraron el impuesto de actos jurídicos documentados. La realidad es que la retroactividad no supone un peligro para la banca, sino que es el hecho de tener que afrontar el pago del tributo lo que les preocupa, puesto que, a pesar de que se trate sólo de un 1% del total del préstamo, eso tiene como consecuencia que generará una guerra comercial que terminará imponiendo la asunción del impuesto sin imputárselo al cliente y, tal y como se encuentran realmente los bancos españoles, un 1% del total de créditos hipotecarios es mucho dinero.

En consecuencia, la sentencia de las hipotecas ha demostrado que cuando se enfrenta a las élites nuestra Justicia no es justa. Da igual que sea la banca o las empresas del IBEX35. Da la sensación de que se piensan que el pueblo es idiota y que traga con todo, cuando lo que está ocurriendo con la Justicia de nuestro país no es lo propio de una democracia en la que el tercer poder debe ser libre e independiente, sino, más bien, lo que ocurría en nuestro país durante la dictadura en la que los juzgados estaban al servicio de los gerifaltes del Régimen. Ahora la opresión no es de tipo político sino financiero y empresarial. Las dictaduras privadas del capital son las que mandan y las que disponen el futuro del pueblo.

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