La fiscal general del Estado, María José Segarra, propondrá al Gobierno un total de 16 nombramientos en la cúpula fiscal tras la reunión del Pleno del Consejo Fiscal celebrada antes de ayer en el Palacio de Justicia de Cuenca. El más significativo de todos esos nombramientos es el del sucesor de Luis Ibáñez Cuesta, que no será prorrogado en la jefatura provincial de Toledo como consecuencia de sus sospechosas relaciones con la corrupción.

La misma suerte estaba a punto de correr José Javier Polo Rodríguez, que hasta hace unas semanas era fiscal jefe de la provincia de Madrid, si no fuera porque gracias a un chivatazo tuvo conocimiento de que iba a ser sustituido también de manera fulminante, por lo que decidió anticiparse solicitando una plaza en la fiscalía de la Audiencia Nacional.

De esta forma se pretende desmantelar definitivamente desde la Fiscalía General del Estado el entramado de relaciones peligrosas que había mantenido María Dolores de Cospedal con la corrupción judicial en Castilla La Mancha y que recogía una famosa fotografía, aquella en la que la entonces presidenta castellano manchega presenciaba el 13 de septiembre de 2013 la toma de posesión del entonces nuevo fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, que sustituiría a José Javier Polo tras ser nombrado fiscal jefe de Madrid, acompañada claro está del sempiterno presidente del TSJ, Vicente Rouco Rodríguez, y de su mejor amigo en la judicatura, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Manuel Gutiérrez Sánchez Caro. Los dos magistrados serían denunciados poco después por su participación en actos de corrupción.

En una rueda de prensa celebrada 2 años antes, el entonces fiscal jefe de Toledo José Javier Polo comunicaba que la Fiscalía de Toledo acababa de llevar a los juzgados los distintos casos de delitos de injurias o amenazas cometidos por usuarios no identificados a través de distintas páginas y y blogs de internet, entre otros, contra la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal y la ex portavoz del Ejecutivo de José María Barrea, Isabel Rodríguez.

En el caso de las injurias a Cospedal, se señaló que fueron realizadas antes de ser presidenta de la región y que incluían amenazas a su hijo por parte de personas anónimas.

En esa misma rueda de prensa José Javier Polo anunciaba que también se estaban investigando presuntos delitos cometidos en la red contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Vicente Rouco Rodríguez, y el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Los comentarios en la red traían causa de la denuncia que su comunidad de propietarios interpuso contra el fiscal Demetrio, por la construcción ilegal de su chalet en un cauce fluvial bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales. A consecuencia de esa denuncia la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó ya en el año 2009 la demolición del chalet ilegal.

Sin embargo la sentencia de apelación que confirmaba la de instancia, dictada casualmente por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo presidida por Manuel Gutiérrez Sánchez Caro, terminó condenando a quien hizo pública la denuncia en las redes sociales, favoreciendo a los sospechosos de corrupción – Vicente Rouco Rodríguez, y Ángel Demetrio de la Cruz Andrade – con 6.000 euros de indemnización para cada uno de ellos a cargo del denunciante condenado.

Después de eso, bajo el titular “La Fiscalía de Toledo muestra su «firme apoyo» al fiscal de Talavera”, la agencia EFE / TALAVERA publicaba el día 24/07/2015 que la Fiscalía Provincial de Toledo había expresado su «firme apoyo» al fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tras el anuncio de «Manos Limpias» de que preparaba una querella en su contra por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

En el comunicado de prensa firmado por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez manifestó su defensa a Andrade por «su dilatada y solvente trayectoria profesional que le avalan como fiscal íntegro al servicio de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones» que los fiscales tienen «institucionalmente encomendadas».

La querella del pseudo sindicato fue archivada inmediatamente después por Vicente Rouco Rodríguez, que negó que tuviera ninguna obligación de abstenerse sabiendo, por la información de la que disponía, que «Manos Limpias» iba a caer pronto en desgracia.

El mismo presidente del TSJ impidió un año antes que Cospedal fuera investigada por un delito de malversación, cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha.

Greenpeace recibió un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor, interpuesta por  María Dolores de Cospedal cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha. El motivo de esa demanda era el informe “Amnistía a la destrucción”, en el que la organización no gubernamental repasaba la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno del PP.

El informe sostenía que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, era consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo era tan intenso, según sugería el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  y el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

Como luego también advirtió la propia Greenpeace en un comunicado de prensa, sorprendía que para la demanda sobre los derechos particulares de Mª Dolores de Cospedal y de su marido se hubieran utilizado los servicios jurídicos de la administración autonómica. En ningún momento, el informe de Greenpeace señalaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, ya que, como era evidente, la Junta no tenía competencias en ese ámbito.

Pero lo que fue más sorprendente si cabe es que a tan solo tres días de la celebración del juicio los servicios jurídicos de la Junta retiraron la demanda por no existir ya la pretendida vulneración al honor de la presidenta, y seis meses después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de la mano de Vicente Rouco Rodríguez, archivaba de plano una posible investigación a Mª Dolores de Cospedal por el supuesto delito de malversación.

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