Supongamos que una serie de acontecimientos vividos en los últimos meses con una persona de edad avanzada muy próxima, me hayan hecho hacerme esta pregunta. ¿Quién protege a nuestros mayores?

No ya quién los cuida, sino qué estamento oficial se dedica a ayudarles y protegerles en situaciones complejas para ellos.

Como en algunas películas comenzaremos con el rótulo de; “esta reflexión está basada en hechos reales, pero los personajes son ficticios para evitar cualquier problema posterior”.

Imaginemos que esa persona muy querida está casada en segundas nupcias y en momentos dados te pide que le ayudes a superar situaciones complejas con esa persona. La autoridad en este caso la tiene ella y no los hijos o nietos con lo que la situación resulta compleja.

A raíz de esa petición te movilizas para informarte de maneras de defenderle ante supuestos comportamientos deshonestos.

Llegas a la conclusión de que tenemos una gran situación de indefensión ante los y las supuestos canallas. Que este mundo está diseñado para gentes sin escrúpulos, que practican la hipocresía y la teatralidad para dar una apariencia de lo que no son y tampoco hacen.

Verlo desde dentro y poder comparar con el comportamiento externo podría llevarte a tener una visión completa.

Supongamos que comprender y observar la falta de cuidados, incluso de todo lo contrario, te subleva y decides recurrir a los organismos oficiales. Servicios sociales de Ayuntamiento y comunidad, policía municipal, foral, nacional. Todo con el mismo resultado; con los instrumentos actuales no se puede hacer nada.

Sólo pueden intervenir si demuestras que la persona querida está incapacitada mentalmente, o si existe maltrato físico, repito; físico exclusivamente, que no sería éste el caso.

Así que otras variantes como maltrato psicológico, económico, o falta de atención quedan fuera de la posible intervención de las diferentes autoridades. Indefensión.

A partir de esos hechos comienzan los interrogantes: ¿Qué pasa si esa persona supuestamente manipula el comportamiento de la otra intentado aparentar que es agresivo, o que está loco, con provocaciones constantes en público? Nada.

¿Qué ocurre si maniobra para supuestamente tener un control mayor del dinero incluso con trasvases a otras cuentas de manera irregular? Nada, porque tal y como dijo la policía a una persona directamente afectada, en el seno del matrimonio no existe el delito económico. Aunque estemos hablando de una persona de noventa y tantos años.

¿Qué sucedería si a esa persona, diabética con tratamiento de insulina, se le compra cantidades ingentes de productos absolutamente desaconsejados como higos, cerezas, pan blanco, o se le atiborra de comida? ¿Incluso si esa mala práctica alimenticia se refleja en los informes médicos de los numerosos ingresos producidos por hiperglucemia? Nada.

¿Existe formas de deshacerse de una persona de edad que necesita un gran cuidado de esa manera, sin que sea delito? ¿Qué se puede hacer ante situaciones parecidas que probablemente sean más numerosas de lo que parece?

Después de esa experiencia personal se podría llegar a una conclusión. Que resulta absolutamente imprescindible crear la figura del “Defensor del Mayor”, o algo parecido tanto a nivel estatal como autonómico, con una conexión directa con Fiscalía y los diferentes organismos oficiales, servicios sociales, policía municipal, foral y nacional.

Que cualquier caso que tenga que ver con esta problemática se pueda llevar para investigar y en su caso intervenir. Que lo puedan hacer no sólo familiares, también vecinos, o personas allegadas. Así las instituciones de manera rigurosa e imparcial pondrían fin a esta problemática y los mayores quedarían protegidos.

El problema existe, parece que cada día será de mayor envergadura, por eso urge tomar medidas. A esa persona querida hipotética ya no le afectará porque probablemente ya no esté, pero si sirve para otros y otras deberíamos darnos por satisfechos.

Veremos…………

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