El sociólogo y economista Jeremy Rifkin decía lo siguiente: «El gobierno y la empresa privada han sido compañeros de cama, si no desde el comienzo mismo de la existencia del país, sí al menos desde el final de la guerra de Secesión, momento en el que los ferrocarriles precisaron de una ingente ayuda federal para su empeño por instalar una infraestructura ferroviaria de alcance continental. Fue entonces cuando el presidente Ulysses S. Grant acuñó el término lobby para referirse al pelotón de banqueros, empresarios y directivos de compañías ferroviarias que hacían guardia en el vestíbulo (o lobby) del majestuoso hotel Willard, justo enfrente de la Casa Blanca, con la esperanza de ablandar la voluntad de algún miembro del gabinete presidencial o del Congreso para que mirara con buenos ojos alguna ley o norma favorable a sus intereses. Los magnates del petróleo no tardaron en unirse a los de la banca y el ferrocarril en tales menesteres. Juntos, se convirtieron en una fuerza política no electa, aunque presente de forma permanente en la capital de la nación, presionando para que el dinero de los contribuyentes engrasara la máquina del comercio».

España es un país que puede escribir su historia a base de golpes de Estado. El siglo XIX y los principios del XX son un ejemplo de ello. En este país hemos visto cómo se ha cambiado de régimen por la fuerza por diferentes motivaciones políticas y esos alzamientos venían encabezados por distintas ideologías. Durante 40 años los españoles sufrieron una dictadura fascista que nació tras un levantamiento militar y provocó una guerra civil. Por eso fue una sorpresa que se cambiara de régimen político en paz tras la muerte del dictador genocida y que se pasara de la dictadura a la democracia con la única violencia de quienes no transigían ni con el cambio ni con la voluntad de los españoles. Hace unos días se conmemoró uno de esos momentos violentos: la matanza de Atocha. Pero hubo otros como los asesinatos de Montejurra en los que elementos del propio aparato del Estado dieron órdenes a las Fuerzas de Seguridad para que no hicieran nada mientras los ultrafascistas asesinaban a sangre fría a quienes defendían la democracia. Siempre quedará la duda de la connivencia de las más altas esferas del Estado con el 23F ya que la entrada de Tejero en el Congreso y los hechos posteriores sirvieron para apuntalar a la Monarquía más que a la propia democracia porque ésta ya llevaba un impulso que nadie podría parar porque era la voluntad de un pueblo que no quería más cadenas.

Sin embargo, ahora se está produciendo otro Golpe de Estado que no apuntalará nada que beneficie a los ciudadanos sino todo lo contrario. Se trata de un golpe silencioso, sin ruido, sin tanques por las calles, sin manifestaciones; un golpe que sólo puede darse con la connivencia o la complicidad del Gobierno. España está sufriendo un Golpe de Estado económico/financiero puesto que se está dejando en manos de las grandes corporaciones y de las grandes familias de Wall Street la soberanía y la seguridad de nuestra economía, tanto de la macro como de la cotidiana. Y eso tiene un riesgo muy grande. Como decía Henry Ford: «Es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario, si no habría una revolución mañana por la mañana».

Ya hemos visto cómo, por la «razón de Estado» se permitió arruinar a más de 305.000 familias para rescatar a uno de esos bancos a los que se les ha dado el calificativo de «sistémicos» para que todos sus abusos y los de las administraciones que los protegen tengan una justificación de cara a los ciudadanos. Se dice y se repite como si de un mantra se tratara que estos bancos sistémicos no pueden caer porque pondrían en peligro el propio sistema financiero mundial. La crisis ha generado un miedo brutal en los gobiernos a que se repita un proceso tan traumático y esto ha sido aprovechado por las grandes corporaciones económicas, por las grandes dictaduras privadas, para imponer un orden mundial en el que ellos controlan no sólo la economía, sino la política y las vidas de los ciudadanos. Si hace falta arruinar a 1,5 millones de personas para salvar a uno de estos bancos, se hace sin problemas porque saben que tienen la impunidad garantizada por el Estado. Si es necesario, se crean doctrinas legales a la carta y bautizadas con el nombre de los propios banqueros o, cuando son condenados, se les indulta. Todo por la «razón de Estado».

Ese Golpe de Estado lo vemos en cómo las grandes corporaciones de Wall Street y las grandes familias judías de Nueva York están ya controlando y especulando con nuestras grandes empresas, todo ello con el beneplácito del Gobierno de Mariano Rajoy. El Caso Banco Popular es el mejor ejemplo de ello. Desde las instituciones reguladores dependientes del Ministerio de Economía se permitió un ataque de los mercados para dejar caer a una entidad, arruinar a los pequeños accionistas y bonistas y, como consecuencia, rescatar al Santander que es el mayor representante en España de esas castas neoyorkinas que están gobernando el mundo desde la oscuridad de los mercados. Ya lo dijo Rodrigo Rato: «Es el mercado, amigo». Esa frase de desprecio hacia un representante del pueblo español resume a la perfección lo que está ocurriendo en este país y en el mundo occidental.

Cuando sus tropelías son descubiertas por las investigaciones periodísticas o policiales, estas nuevas dictaduras privadas que, al fin y al cabo, son más peligrosas que las que aparecieron en Europa en los años 30 del siglo XX, estos nuevos dictadores sacan su agenda y se ponen en contacto con el poder político o judicial para imponer su ley y aquéllos, inevitablemente, hacen lo que tienen ordenado hacer: ponerse a su servicio porque como controlan todos los resortes sociales, económicos, mediáticos, políticos y empresariales son quieres ostentan el poder.

Por esta razón, vemos cómo, ante las investigaciones de Diario16 sobre el Caso Banco Popular, han organizado una estrategia de distracción consistente en desviar la atención de la opinión pública hacia unos culpables que no lo son porque el verdadero culpable de todo lo ocurrido con el Popular y el verdadero responsable de la ruina de más de 305.000 familias no es otro que el Santander. En primer lugar, apuntan hacia la JUR. Es cierto que la Junta de Resolución tomó la decisión y que era parte fundamental en la operación, pero quien lo organizó todo fue el Santander, quien debe responder ante la Justicia y ante los afectados es el Santander y, sobre todo, quien tiene el dinero para indemnizar de un modo justo a los arruinados es el Santander. Por otro lado, parece que se haya abierto la veda nuevamente contra Ángel Ron y se responsabilice de perfil al propio Emilio Saracho. Que medios de comunicación serios sean utilizados de este modo publicando noticias que en el momento en que nos hallamos no aportan más que una cortina de humo para salvar al Santander y exonerarle de la responsabilidad que tiene. Que en estos días se hable de si Ron pidió asesoramiento a Deloitte en 2.016 como una noticia da la medida de lo que está ocurriendo. ¿No es normal que un banquero solicite asesoramiento externo? No sólo es normal, sino que si no lo hubiese hecho Ron habría sido un irresponsable.

Lo mismo ocurre con los problemas que está teniendo el ex presidente con Allianz y su pensión. Se trata de un tema privado que nada tiene que ver con el Caso Banco Popular, salvo que se le quiera dar una categoría superior para desviar la atención de lo que realmente debiera tener el foco tanto de los afectados como de los ciudadanos porque, lo mismo que les ha ocurrido a las 305.000 familias víctimas de los depredadores sistémicos, le puede pasar a cualquiera. Nadie está a salvo ya, ni siquiera los que se creen seguros porque están dentro del club de las élites. Esta guerra abierta entre Ron y Allianz no es normal, sobre todo porque la aseguradora alemana fue uno de los principales apoyos del ex presidente del Popular en la rebelión de Antonio del Valle, incluso manteniéndole como consejero internacional hasta el mes de septiembre de 2.017 a pesar de que el propio Ron presentara su dimisión una vez que dejara de la presidencia del Popular, dimisión que no fue aceptada. Lo que tiene que hacer Allianz es hacer público si ha llegado a un acuerdo con el Santander por el pago de la prima que tenía establecida y que la entidad cántabra no le quiere pagar porque la JUR, al parecer, le quitó esa responsabilidad. Es su obligación para con el resto de afectados del Popular informar de este hecho porque, si ha llegado a ese acuerdo, lo cual es totalmente lícito, demostraría que el Santander está realizando pactos con los grandes accionistas mientras que las 305.000 familias tienen que penar por un laberinto judicial sin posibilidad de acuerdo. Por esa protección de los gobiernos a esas élites, no sería de extrañar que la propia Cancillería alemana realizara llamadas representando los intereses de Allianz. Sin embargo, ¿quién representa a los verdaderos afectados? Desde luego, nadie del gobierno ni de los partidos políticos españoles, salvo el Defensor del Pueblo, se ha puesto de su lado para mediar ante el Santander. Están totalmente desamparados por el miedo que hay en este país a enfrentarse tanto a la entidad cántabra como a la familia Botín.

Esta invasión, este Golpe de Estado financiero, se corresponde a una estrategia bien definida desde Estados Unidos para tomar, en primer lugar, el poder económico de los países de la Unión Europea y, en segundo lugar, una vez asumido el control de la economía del continente, poder, en dependencia de intereses personales o «patrióticos», destruir todo lo que pueda ser una amenaza para los Estados Unidos y, sobre todo, construir un muro de contención para frenar el poderío asiático, principalmente el chino. La propia estrategia de Antonio del Valle para hacerse con el Popular y crear un gran banco en la UE es una muestra de cómo se están moviendo esas élites financieras.

¿Por qué España? En primer lugar, por la gran debilidad en que aún se encuentra el país tras la crisis económica que hace que la especulación en los mercados sea mucho más fácil y barata para estas multinacionales que mueven billones de dólares al año. Vemos cómo ahora mismo, entre bancos custodios, gestores de cartera, bancos de inversión, hedge funds, fondos buitre, tienen controlado más del 25% de las empresas del IBEX35, lo cual es una catástrofe para nuestra economía. En segundo lugar, porque han encontrado un aliado dentro del propio Gobierno en el ministro de Economía, un hombre siempre favorable a las grandes corporaciones internacionales y a ser el protector de las élites financieras. En tercer lugar, la propia ideología neoliberal tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y su defensa del libre mercado hacen que España se haya convertido en el centro de operaciones para estos tiburones de Wall Street.

Esta entrada de esos depredadores financieros también responde a otra estrategia para incrementar sus beneficios: la destrucción de todo el sistema de protección social que era uno de los pilares sobre los que se asentaba el Estado del Bienestar europeo. El ahogamiento económico al que pueden llevar estas grandes corporaciones a un país tras haber logrado el control de la economía de éste sirve para que esos gobiernos vayan dando pasos atrás en los sistemas de protección social al que los ciudadanos españoles tienen derecho. Se va privatizando la sanidad, la educación, las empresas públicas, los servicios con el mantra de que lo privado siempre estará mejor gestionado. Para que ello se produzca sin que el pueblo se rebele (cosa que en España no sucederá porque somos un país de amebas) hay que tenerlo distraído en otros temas. Durante meses era Cataluña, ensalzando los valores patrióticos, sacando la bandera de los Tercios de Flandes, la espada del Cid y el casco de Don Pelayo para terminar con el malvado catalán que tuvo el valor de pedir que se les dejara votar. Mientras todo el mundo miraba hacia Cataluña, se olvidaban los juicios por corrupción del Partido Popular, las imputaciones de políticos, las muertes en el Mediterráneo, etc., etc., etc. Ahora que el tema catalán está desvaneciéndose como un azucarillo, salvo por las referencias a Puigdemont, el nuevo tema de discusión lo tenemos en las pensiones, un asunto muy importante pero que se está llevando hacia un debate predeterminado desde esos centros del poder económico que no tienen más interés en que la protección pública de nuestros jubilados pase a manos de las grandes aseguradoras, grandes fondos o grandes bancos. Es un nicho de negocio demasiado apetecible y donde se puede ganar mucho dinero que no se puede dejar escapar. Y desde Wall Street ya enviaron la orden.

Poco a poco también van metiéndose en la propia pedagogía de la sociedad. Mientras los colegios se privatizan y se hace proselitismo de ese nuevo capitalismo sin prejuicios, el Gobierno español incluye clases de patriotismo en vez de educar en ética, igualdad, en erradicar la violencia juvenil, en el respeto a los derechos humanos, etc. Es mejor aprovechar el desafío catalán para meter en las mentes de los niños las excelencias patrias como hacían en el franquismo.

Al igual que Felipe González creó el sistema de protección social con el fin de perpetuarse en el poder gracias al clientelismo que se generó en muchas regiones de España, ahora viene el camino contrario pero financiado por las grandes familias judías de Nueva York: destruirlo todo para hacer negocio. Para ello han encontrado al partido perfecto que, además de compartir ideología económica, también es partidario de las tesis sionistas. El poder de los Rothschild es ilimitado. No se extrañen si algún día ven a Albert Rivera con Kipá.

Esta invasión está siendo permitida por el Gobierno de España del mismo modo en que Carlos IV permitió la entrada de las tropas napoleónicas. Ahora sólo queda ver si alguien tiene el valor de los habitantes de Madrid, Girona, Bailén o Zaragoza. El problema que tiene el pueblo español es, en primer lugar, que no es amigo de revoluciones o de enfrentamientos con el poder. En segundo lugar, y quizá el principal, es que no tienen un referente político que lidere esa defensa del pueblo. De los partidos de la derecha, que son prácticamente la totalidad, no se puede esperar nada. Son liberales o neoliberales y favorables al libre mercado. De la izquierda, del PSOE no se puede esperar ya nada. Les queda de socialismo la «S» de las siglas porque, como toda la socialdemocracia europea, es un cadáver que vive aún de las remembranzas de tiempos pasados pero que no pueden aportar ningún futuro. De Podemos se podrían esperar muchas cosas, pero aún no han salido del cascarón académico ni de la revolución en papel, lo que les lleva a mantener una postura confusa que desconcierta a millones de ciudadanos deseosos de seguirles pero que aún dudan por, precisamente, mantenerse descifrando qué es lo que quiere Podemos ser de mayor.

Para terminar, toda esta estrategia pasa por la imposición de un modelo similar al de los Estados Unidos, donde todo es privado y quien tiene dinero puede optar a ello y quien no lo tiene debe buscar la generosidad de la beneficencia, un modelo en el que se permite la explotación de seres humanos a través de la inmigración ilegal, un modelo cruel en el que lo único que importan son las cuentas de resultados de esas grandes corporaciones, un modelo en el que para mantener a esos monstruos económicos se ha llegado a asesinar a un presidente para que la industria armamentística no sufriera o a inventar guerras para subir el número de pedidos. Esto sólo tiene un nombre: corrupción y el hecho de que desde el Gobierno se esté permitiendo la invasión económica de nuestro país es un modo de corromperse. Tal vez no individualmente pero sí poniendo un precio al bienestar del pueblo que, tarde o temprano, tendrá repercusiones porque esos gigantes de Wall Street no tienen escrúpulos y en el momento en el que un gobierno no se pliegue a sus exigencias, destrozarán la economía y, en consecuencia, se volverá a maltratar al pueblo, el que siempre paga.

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