Las consultas ciudadanas sobre la nueva renta valenciana de inclusión registradas en el mes de su entrada en vigor han alcanzado las 1.242, según los datos registrados por el servicio de atención 012, y que a juicio de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, evidencian que esta es una prestación «esperada por la sociedad». De hecho, ha precisado la vicepresidenta, el 84 por ciento de las consultas, concretamente 1.046, se han realizado en los primeros días de entrada en vigor de la nueva prestación el pasado lunes 23 de abril.
Oltra ha explicado que tanto en el 012 como en la página web de la Conselleria, la ciudadanía dispone de toda la información oportuna para que conozcan las novedades y los requisitos y saber, antes de acudir a los servicios sociales municipales, si reúnen los requisitos que les permiten acogerse a esta ayuda, así como la forma de solicitarla.
La vicepresidenta ha recordado que con la nueva renta, se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, que realizan la parte de valoración e intervención con la persona solicitante, mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica. También ha manifestado que las prestaciones de la renta de inclusión están destinadas a cubrir las necesidades básicas y a insertar en planes de inclusión sociolaboral a personas con recursos limitados, atrapados en situaciones difíciles, personas en riesgo de exclusión, víctimas de maltrato, etc».
En esta línea, la vicepresidenta del Ejecutivo ha recalcado que la nueva renta incluye mejoras respecto a la anterior renta garantizada de ciudadanía, como el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática. Asimismo, querido matizar que para agilizar todo el proceso de gestión, la Conselleria ha puesto en marcha una aplicación informática, que por primera vez permitirá la interconexión entre los servicios sociales municipales y la Administración autonómica.
Igualmente, en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos de formación para todos los trabajadores de los servicios sociales municipales. Paralelamente, según ha subrayado Oltra, en los últimos años su departamento ha mejorado y ampliado las inversiones para reforzar los equipos sociales municipales, y además, este año la Conselleria cuenta con una partida presupuestaria de más de 41 millones de euros que permiten a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales.
Conviene recordar que la prestación tendrá carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años. Además se amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como las de jóvenes ex tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo. La nueva renta valenciana de inclusión contempla cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia. Las que entran en vigor este año son las prestaciones garantía de ingresos mínimos cuyo titular suscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social; y la de inclusión social cuyo beneficiario no suscribe este compromiso.
Para Mónica Oltra, una de las novedades más significativas de la nueva ayuda respecto a la anterior es el acceso directo «en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más», a otros tipos de ayudas como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.
En cuanto al importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25 por ciento en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros.
La vicepresidenta ha incidido también en que la nueva ley introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.
