El asesor del comité de huelga en El-Prat, Juan Carlos Giménez, ha calificado la actitud del Gobierno respecto al Consejo de Ministros extraordinario de este miércoles, como un “intento de aplicar un laudo ilegal”, cuando no hay ninguna situación que justifique un laudo obligatorio para resolver este conflicto laboral, ha explicado en declaraciones a Diario 16. “Si el Gobierno impone un laudo ilegal, nos planteamos poner una denuncia en la ONU y ante la Justicia europea, al vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores”, anuncia este asesor. “Aún no tenemos claro quien sería nuestro árbitro, ni hemos designado a nadie para este cometido, porque estamos a la espera de las medidas acordadas en el Consejo de Ministros”.

Si el Gobierno impone un laudo ilegal,  el comité de huelga plantea una denuncia en la ONU y ante la Justicia europea

Giménez sitúa la figura de Julio Anguita “muy coherente” como un posible árbitro, aunque también apunta al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, u otros perfiles válidos para participar en si fuera necesario en un arbitraje.

“El Gobierno actúa contra  los trabajadores en España,  y aplica la ley cuando quiere y como quiere desde Fomento, contra el derecho de huelga”, explica Giménez, que pone de ejemplo  a la empresa ICT que se dedica a la limpieza y el mantenimiento de aviones internacionales  “a la que se le ha impuesto un 100% de servicios mínimos”, “estos trabajadores no tienen derecho a la huelga si aplican el 100% de los servicios en su totalidad, y en el caso de los vigilantes de Eulen, solo se ejercita el 10%, del derecho a la huelga, al cubrirse por la Guardia Civil el 90% de los servicios mínimos en El-Prat”.

“El Gobierno actúa contra  los trabajadores en España,  y aplica la ley cuando quiere y como quiere”, sostiene Giménez

Desde el comité de huelga, esperan que el Gobierno recapacite, y se valore la situación en los informes de los Abogados del Estado “al no existir ningún motivo para imponer este laudo ilegal, porque no hay riesgo de seguridad ni incumplimiento en los servicios mínimos”, aclara Giménez, “espero que la ONU sancione a España por vulnerar derechos de los vigilantes”, ha subrayado en Diario 16.

La cuestión de fondo es el 49% de beneficios de accionistas de Aena, a costa del sueldo de los trabajadores. Habría que saber quienes son esos accionistas”, sostiene el asesor,  recordando que “se ha batido un récord de 5 millones de pasajeros en el aeropuerto de Madrid, que tiene 1.000 vigilantes, mientras en El-Prat cuenta con 350 trabajadores, con una diferencia solo de 47.000 viajeros en el registro de los dos aeropuertos”. El escaso número de personal en El-Prat provoca que los vigilantes hagan turnos de 12 y 14 horas, pero solo les pagan a 7, 80 la hora en bruto, ha subrayado Giménez, que reclama “la recuperación salarial de lo que cobraban los vigilantes en 2009. Esta huelga no está basada en un aumento de sueldo, sino en una recuperación de la situación laboral que habían logrado años atrás”.

No existe ningún motivo para imponer este laudo ilegal por el Gobierno

La situación se ha vuelto tan insoportable, que una trabajadora en El-Prat acaba de pedir la liquidación con la empresa, por las presiones recibidas por la presencia de los guardias civiles desplazados al aeropuerto por el Gobierno. Han amenazado a la trabajadora con quitarle su placa, y hay otras mujeres que ya han solicitado la baja por depresión”, indica Giménez, y apunta a que “las mujeres no podían ni ir a baño cuando tenían la regla”.

También Giménez reconoce  que “a diferencia de los guardias civiles habituales en el Prat, con una actitud  muy buena con los vigilantes, los efectivos de la Guardia Civil llegados desde fuera que no trabajan en el aeropuerto, llevan muy mal las relaciones con los trabajadores”. “Desconocemos que órdenes tiene la Guardia Civil, pero los guardia civiles que trabajan asiduamente en el Prat,  tienen un buen comportamiento con los vigilantes, incluso han aplaudido a los huelguistas”.

Ningún partido político se ha puesto en contacto con el comité de huelga, y esto es vergonzoso. Esta huelga no está convocada por ningún sindicato específico, sino que se organizó a través de la asamblea de los trabajadores donde votaron la huelga, aunque en este comité se encuentran diferentes personas de organizaciones sindicales, pero a nivel personal, no sindical”. El abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro,  también se ha referido a la  “ilegalidad del laudo de arbitraje que trata de imponer el Gobierno”, incluso “el estado de alarma” en relación  a la situación en El-Prat.

La cuestión de fondo es el 49% de beneficios de accionistas de Aena, a costa del sueldo de los trabajadores

Los vigilantes han señalado en repetidas ocasiones que “no van a renunciar a su derecho a la huelga”, y se plantean convocar paros en los aeropuertos de Madrid, A Coruña, Canarias, Cantabria, Santiago de Compostela.

El secretario general a nivel nacional de FTSP-USO, Basilio Febles, ha señalado en Diario 16 que “aún no hemos presentado por registro una convocatoria en El-Prat, porque hemos logrado en el caso de los trabajadores, -que desempeñan su labor en bodega-, de  Ilunion,  que la empresa se comprometa a pagar un complemento salarial de 100 euros”. Febles ha declarado que se encuentran a la espera del 1 de septiembre, aplazando la  huelga hasta esta fecha, por el cumplimiento de Ilunion”. José de Paz, secretario general de USO en Cataluña, está negociando las condiciones para los trabajadores con Ilunion.

“En nuestro comunicado ponemos en conocimiento la decisión de convocar actos de protesta en toda España, a partir del 7 de septiembre, por la situación que sufren los trabajadores de seguridad, incluso protestas ante Defensa por la concesión de servicios a la empresa Marsegur”, indica Febles “con un preaviso de huelga”.

Respecto a la huelga en El-Prat, “aún no hemos presentado ninguna acción de manera formal, porque estamos pendientes de valorar conjuntamente esta situación con CCOO y UGT,  porque hay que dar los pasos de una manera organizada, no cada uno por su cuenta, para poder presionar en todos los sitios a la vez con una huelga organizada”, explica Febles, que apela a la unidad sindical y el apoyo a todos los trabajadores de los aeropuertos de España.

La huelga en los aeropuertos de Galicia convocada por UGT, no será secundada por CCOO ni USO, al no compartir con UGT las formas empleadas para esta convocatoria”, apostilla el secretario general de USO.

Contactado por Diario 16 el sindicato PROU (Plataforma de representación obrera unitaria), y ADN Sindical (Seguridad y Servicios de Ciudadanía), no ha sido posible acceder a sus declaraciones por el momento respecto a la huelga de vigilantes en El-Prat.

El Gobierno estudiará en el Consejo de Ministros extraordinario en la tarde del miércoles, el procedimiento para elaborar el laudo arbitral con carácter vinculante, que establezca un acuerdo salarial para las partes implicadas respecto al conflicto laboral que se mantiene en el aeropuerto de El-Prat.

En un plazo de 24 horas Eulen y los trabajadores, -en huelga indefinida-,  en función de este laudo deberían designar por consenso un árbitro imparcial. Sí no llegaran a un consenso entre las partes sobre la elección del árbitro, el Gobierno designará un árbitro independiente y de  prestigio, para resolver este conflicto en un breve tiempo.

Algunos huelguistas estiman que “ambas partes pueden usar su derecho al veto” con las propuestas que realicen en la designación de un árbitro.

Por su parte, el Gobierno apela a que “las mesas de negociación colectiva, y los convenios nacionales y sectoriales habrían de incluir soluciones a conflictos como el del aeropuerto de El-Prat”, para no tener que acudir a los laudos obligatorios. Pero desde UGT han solicitado la “modificación de las condiciones en las contrataciones por parte de la Administración”, con el objetivo de que se cumplan condiciones laborales dignas, evitar las bajas temerarias a costa del salario de los trabajadores.

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