El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha mostrado su satisfacción después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Murcia haya reconocido «el derecho a obtener una copia» del expediente de las obras de la «Avenida Juan Carlos I» pero lamenta que haya que tenido que acudir a los juzgados para ello.

Mateos ha señalado que se pidió la copia por primera vez en 2017 y que ante la negativa del Alcalde, Fulgencio Gil Jódar, le obligaron a acudir a la Justicia, lo que le hace preguntarse “qué tienen que ocultar para negar una copia del proyecto a un concejal”.

La Justicia «da la razón» al Grupo Municipal Socialista y literalmente expone que el objeto de la demanda del PSOE no era la obstrucción del procedimiento como alegaba el Ayuntamiento, sino la entrega del expediente en formato digital y que si el Consistorio hubiera tenido “verdadero interés en cumplir con lo solicitado, no tendría que haber habido especial dificultad en hacerlo, ya que la estructura burocrática de un gran Ayuntamiento como el de Lorca debe estar suficientemente capacitada para hacerlo”.

Así mismo el juez ha censurado que «La negativa general a la entrega de la copia solicitada no sólo supone una vulneración de la legislación ordinaria sino de la constitucional »  añade el juzgador también que «el Ayuntamiento no podía apoyarse en el carácter confidencial de ciertos documentos para negar todo el expediente» y que «No cabe duda que privar a un parlamentario (Local en este caso) de la información necesaria mediante copia que pueda ser valorada técnicamente para el ejercicio del control político constituye sin duda alguna una violación del indicado derecho fundamental»

Por lo tanto, la Justicia ha dejado en evidencia a Gil Jódar, “un Alcalde que intenta obstaculizar la legítima labor de oposición y control vulnerando la ley y la Constitución e ignorando los principios de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que  brillan por su ausencia gracias a la labor obstruccionista del Alcalde y su equipo de Gobierno”.

El Portavoz del PSOE ha exigido «el cumplimiento inmediato» de la sentencia y por tanto que se le haga entrega de copia completa del expediente y el proyecto de obras «para que se pueda comprobar los defectos, chapuzas, errores y omisiones que se han ejercido» durante las obras de la «Avenida Juan Carlos I» y que han supuesto «un calvario para vecinos y comerciantes».

El pasado mes de mayo, cuando fue admitida a trámite esta demanda, el Concejal de Obras anunció que “en unos días” haría entrega la copia en CD de este proyecto. Sin embargo, meses después han continuado negando esta información. Ahora, están obligados, por condena, a hacer público este proyecto.

El PP insiste en que la Justicia le da la razón al Ayuntamiento

Por su parte, la Portavoz adjunta del Ayuntamiento de Lorca, Fátima Mínguez, ha expresado que el Consistorio Municipal se congratula de que el “absurdo empeño” del PSOE en acudir a la justicia ordinaria haya servido para que los tribunales confirmen que la documentación protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) tiene que ser respetada. «De hecho esta sentencia nos da la razón, ya que ratifica que no se puede aportar la información protegida por la LOPD, algo que ya dijimos el pasado 16 de mayo. Sin embargo el Sr Mateos se ha obsesionado de forma absurda en ir a un contencioso, cuando ya sabía perfectamente que se le iba a entregar la documentación. Por ello solo se le ha estimado en parte lo que pedía, que es lo mismo que ya le dijimos que le íbamos a entregar».

«Hemos de recordar que el PSOE ha tenido acceso al expediente completo todas las veces que ha querido. Ojalá nosotros hubiéramos dispuesto de esta facilidad y colaboración cuando su partido ejercía el poder en Lorca. Este Sr, en cualquier caso, tiene que aclarar a quién pretende pasar “de tapadillo” la documentación a la que va a tener acceso en su condición de concejal, ya que él mismo afirmó que la entregaría a “personas capacitadas”, expresión que evidencia su intención de pasarla a terceras personas, ajenas al propio Ayuntamiento, vulnerando la Ley. Si están tan comprometidos como dicen con la transparencia, que aclaren a quién están ocultando y por qué».

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