Como ha venido publicando en exclusiva este diario, Santiago Milans del Bosch, que habría sido contratado por la Fundación Francisco Franco para evitar que los restos del dictador sean exhumados del Valle de los Caídos, fue denunciado ante la fiscalía anticorrupción por un supuesto delito de lo que antes se llamaba prevaricación de abogados, por su ex cliente, el magistrado Fernando Presencia.

Éste, recientemente, había descubierto que poco tiempo después de haberle defendido, el abogado fue contratado para el mismo asunto por la persona contra la que el magistrado Presencia se querelló por corrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Vicente Rouco Rodríguez.

Los hechos denunciados en la fiscalía anticorrupción se remontan a la época en la que Santiago Milans del Bosch se ofreció al magistrado Fernando Presencia para diseñar una estrategia de defensa ante la avalancha de expedientes disciplinarios –más de una veintena- que le fueron incoados por sus denuncias públicas contra la corrupción que implicaban a varios integrantes de los estamentos judicial y fiscal en Castilla La Mancha, entre ellos el sobrino del arzobispo Rouco Varela, Vicente Rouco Rodríguez.

Posteriormente, el magistrado Fernando Presencia fue expulsado del proceso de selección paradójicamente por haber denunciado la corrupción. Por ese motivo recurrió en la vía contencioso administrativa el acuerdo del Pleno del CGPJ, que en su reunión de 28 de enero de 2016 nombró a Vicente Rouco Rodríguez, nuevamente, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Fue precisamente en la impugnación de ese nuevo nombramiento ante el Tribunal Supremo cuando el Magistrado Presencia descubrió que su ex abogado había cambiado de cliente en el mismo asunto sin su autorización, lo que está prohibido y castigado en el artículo 467.1 del Código Penal.

La sorpresa vino de la mano del Procurador Jacobo De Gandarillas Martos, quien reconoció en un escrito suyo dirigido al juzgado que “quien estaba detrás de la confección de los escritos evacuados para la defensa de Vicente Rouco Rodríguez era en realidad el abogado especializado en temas administrativos y judiciales, Santiago Milans Del Bosch y no el abogado que aparece oficialmente en las actuaciones, Juan Molins Otero”, lo que según la denuncia podía suponer la comisión de un delito del Artículo 467.1 del Código Penal, que castiga al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios.

Después de la denuncia, y poco después de que este diario la hiciera pública, la página web del despacho de Milans del Bosch afirmaba que la noticia era falsa y anunciaba el  ejercicio de acciones penales, pero sin dar ninguna explicación del porqué aparecían los nombres de dos abogados de ese despacho en la minuta de derechos del Procurador.

De la misma manera, el Procurador Gandarillas se dirigió a Diario16 anunciando el derecho de rectificación por considerar también que la noticia era falsa, pero sin ofrecer tampoco ninguna versión alternativa sobre porqué su minuta de derechos recogía los nombres de Santiago Milans del Bosch y el de su hija Marta Milans.

Fue en el día de ayer cuando el mismo Jacobo De Gandarillas ha dirigido un nuevo escrito a la Sala 3ª del Tribunal Supremo indicando esta vez que si hizo figurar el nombre de Santiago Milans del Bosch y el de su hija Marta Milans fue solo por un error, porque se confundió con las minutas de otro procedimiento sin indicar cuál.

Pero lejos de aclarar las cosas esta rectificación no ha hecho más que empeorarlas. Si todo fue un error ¿por qué no se dijo esto en el anuncio de la rectificación? ¿y por qué ahora no se han dado detalles de cuál fue la confusión y con qué procedimiento?

Todo indica que, además del supuesto delito de prevaricación de abogados, se podría estar cometiendo presuntamente ahora otro delito, el de estafa procesal. De esta forma el culebrón del abogado de la Fundación Francisco Franco estaría a punto de convertirse en un verdadero escándalo.

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