Foto: LaSexta

La postura del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas (fallando a favor de los bancos y condenando a miles de clientes a pagar los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados) no solo supone que la Justicia española se haya pegado un tiro en el pie, sino que de rebote también se lo dado a la democracia española, ciertamente devaluada tras los últimos grandes casos que han afectado a los cimientos mismos del Estado de Derecho. En los últimos cuatro años el estamento judicial de nuestro país ha ido dictando una serie de polémicas resoluciones que han supuesto un serio recorte no solo a las libertades, sino a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya se vio venir la ola judicial conservadora cuando Mariano Rajoy solo fue citado en calidad de testigo en el juicio de la Gürtel, a pesar de que resultaba harto evidente que en los papeles de Bárcenas figuraban inquietantes pagos a nombre de un tal “M. Rajoy”. Sin embargo, la Justicia pasó de puntillas por tan escabroso asunto y dejó irse de rositas al ex presidente del Gobierno.

Tampoco se abrió una investigación judicial ‒aunque solo fuera de cara a la galería, como suele decirse‒, cuando vieron la luz las polémicas grabaciones de Villarejo en las que la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey emérito, acusaba al monarca de ser poco menos que un comisionista y de tener dinero oculto en cuentas opacas en el extranjero. Esta vez era la seguridad del Estado la que estaba supuestamente en juego, y por supuesto también la inviolabilidad de Juan Carlos I. Caso cerrado. O mejor dicho: no hay caso.

Pero es que mientras todo eso sucedía en la Justicia española, corroyendo la credibilidad e independencia del sistema, el caso de las preferentes de Caja Madrid era archivado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu con el argumento de que no había quedado acreditado que las acciones se emitieran para “engañar a los inversores de forma global”, descartando lo que para muchos ha sido una de las mayores estafas de la historia reciente de nuestro país. La investigación inicial se centraba en dos emisiones de Bancaja (1999 y 2000) por valor total de 600 millones de euros y otras dos de Caja Madrid (2004 y 2009) por importe de 1.140 y 3.000 millones de euros respectivamente. Miles de españoles vieron cómo la posibilidad de reclamar su dinero se esfumaba para siempre, la misma desazonadora intuición que tienen ahora mismo más de 305.000 familias afectadas por la compra del supuestamente quebrado Banco Popular a manos del Santander por la cantidad de un euro, una broma macabra que en cualquier país avanzado del mundo se habría penado ya con durísimas penas de cárcel. Aquí todo apunta a que ese sumario seguirá el mismo camino que los anteriores, o sea el del contenedor de basuras de la Audiencia Nacional. Hay que abrigar a la banca, no vaya a ser que se constipe.

Por si fuera poco, la instrucción del sumario contra los líderes independentistas catalanes impulsores del procés ha estado plagada de “chapuzas judiciales”, unas más gruesas que otras, hasta que finalmente órganos judiciales europeos han terminado dictaminando que nunca existió la rebelión violenta e insurreccional que sí vio el juez Pablo Llarena. A pesar de todo, el procesamiento de Oriol Junqueras y los suyos ha seguido el curso que parecía trazado de antemano, como si ninguna autoridad europea se hubiese pronunciado en contra de un sumario bajo sospecha de manipulación política. ¿Con qué autoridad moral encara el Supremo, tras el tocomocho de las hipotecas, el crucial juicio al procés fijado para primeros del año próximo? ¿Cómo se puede pretender que el ciudadano no sospeche que si unos magistrados se han plegado al poder de los mercados no harán lo mismo ante el poder político de la ultraderecha revanchista ansiosa por que un grupo de indepes pudra sus huesos en la cárcel?

Podríamos seguir enumerando casos de decisiones judiciales cuanto menos controvertidas que dejan un poso amargo en el ciudadano, la extraña sensación de que las moscas más grandes casi siempre terminan atravesando (y hasta rompiendo) el filo hilo de araña que teje la Justicia. No haría falta recordar que en nuestro país hay músicos, artistas y hasta pobres titiriteros perseguidos por sus ideas (algunos incluso han tenido que salir por piernas del país tras ser acusados de enaltecimiento del terrorismo) ni que un actor, Willy Toledo, está actualmente procesado por blasfemar contra Dios, una distopía descabellada que ni el más febril guionista de Netflix hubiese imaginado. El último revés se ha producido esta misma semana, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado al Estado español porque el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, no tuvo un juicio justo.

Resulta obvio que el polémico acuerdo al que llegaron ayer los 28 magistrados de la Sala Tercera a cuenta de la sentencia de las hipotecas lleva a muchos españoles a concluir que la Justicia está sin duda teledirigida por los poderes fácticos (políticos, económicos, financieros) y razones para pensarlo no les falta. Es entonces cuando cunde la desafección, crece el descrédito de un órgano tan importante como el Tribunal Supremo y las sospechas de tongo alimentan la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Que pueda cuestionarse la imparcialidad del sistema judicial en un Estado de Derecho es algo extremadamente grave, quizá lo más grave que puede sucederle a un Estado, ya que la Justicia es un pilar básico del funcionamiento de cualquier democracia.

Así no extraña que las asociaciones de juristas hayan alertado del delicado momento en el que nos encontramos, con una Justicia que parece haber caído en manos del sector más reaccionario y neoliberal de la sociedad. Algo está pasando con nuestros jueces y nada bueno. Según fuentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Gobierno debería controlar las supuestas vinculaciones de miembros de la carrera judicial con el poder financiero de nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a las puertas giratorias y a la organización de cursos para juristas organizados por la banca. “El patrocinio privado a las asociaciones de jueces y de fiscales puede dar una imagen distorsionada de la Justicia española y de nuestras profesiones”, ha alertado la asociación. Para evitarlo, UPF insiste en la necesidad de mandar un “mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia”, y añade: “Nos parece interesante reabrir el debate sobre la conveniencia de recibir fondos de entidades con las que posteriormente es posible que existan intereses en conflicto”. Precisamente Diario16 publicaba el pasado 28 de octubre un artículo firmado por José Antonio Gómez bajo el título Las elites controlan la independencia judicial en el que se aseguraba que diferentes asociaciones profesionales, tanto de jueces como de fiscales, mantienen “contratos de patrocino con el Banco de Santander, un hecho que, en medio de la polémica por el comportamiento errático del Tribunal Supremo respecto a la sentencia del pago del impuesto de actos documentados de las hipotecas, cobra una relevancia mayor”.

Según la Unión Progresista de Fiscales, dichos patrocinios, “más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las carreras judicial y fiscal deben proyectar a la ciudadanía, fundamento del riguroso régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos”. Para tratar de limpiar la imagen de adocenamiento de cierto sector de la judicatura respecto a las entidades bancarias, en el año 2010 la UPF asumió el compromiso ético de rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada, y lo ha venido manteniendo de manera estricta. Además, la asociación añadió que “no ha recibido nunca patrocinio alguno. De la misma manera defendemos que estamos ante una cuestión deontológica que merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal”. Y concluye: “Por todo ello, con el fin de preservar la imagen de la Justicia, creemos que este compromiso ético ha de ser compartido por todas las asociaciones judiciales y fiscales, e invitamos a todas ellas a integrarlo. Para que ninguna sombra pueda oscurecer este servicio público para el que, día a día, jueces y fiscales trabajamos con vocación e implicación”.

Por su parte, desde Jueces para la Democracia, el magistrado Joaquim Bosch asegura que “cuando el diseño del Tribunal Supremo permite potencialmente las presiones partidistas o de las entidades bancarias, nuestro sistema de justicia pierde toda credibilidad ante la sociedad. Necesitamos un poder judicial al servicio de las personas y no de los grupos privilegiados”.

Ante tal avalancha de críticas, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, ha tenido que salir al paso durante un acto oficial para asegurar que todos los magistrados que tomaron parte en la sentencia de las hipotecas han actuado, “y que no tenga dudas la sociedad, con absoluta libertad e independencia de criterio”. Unas palabras que demuestran lo alejados que están sus señorías del Supremo de la opinión pública y de la calle.

6 Comentarios

  1. Que la justicia està desprestigiada es un hecho incontestable. Los polìticos viven en esta
    situaciòn «como pez en el agua» y no vemos ningùn interès en que esto cambie.Sòlo se
    quejan de que el Consejo General del PODER JUDICIAL es un «yogurt caducado» cuando
    les afecta a ellos directamente, lo que sufren los ciudadanos judicialmente les importa un
    bledo. Pero esto mismo pasa con las abundantes «Asociaciones de Consumidores» que no
    se enteran de nada,ni hacen nada para mejorar este estado putrefacto de cosas.
    Algunos como Legàlitas campan a sus anchas perjudicando clarisimamente a sus socios.
    Cuando alguien quiere hacer una reclamacion de una herencia (algo que normalmente
    se gestiona en 4 o 6 meses) en Legàlitas no lo realizan ni en 14, ni le dan informaciòn
    ni le contestan a los correos electrònicos.Sòlo se dedican a cobrar las cuotas mensuales
    y no hacen otra cosa que publicidad engañosa.Por ejemplo dicen: «ADELANTATE A LOS
    PROBLEMAS», cuando en realidad lo que se consigue al ser de LEGALITAS, es DILATAR
    INDEFINIDAMENTE LOS PROBLEMAS Y CAUSAR MAS PROBLEMAS.
    Cuando se le pide durante meses, que envien copias de los documentos recabados
    para hacer una reclamaciòn de herencia y que expliquen el trabajo realizado hasta el
    momento para hacer la reclamaciòn, no contestan ni a los correos .
    Es una Autèntica tomadura de pelo y nos sentimos timados…

  2. Abundando en la asquerosa y repugnante actuaciòn de LEGALITAS Y ABOGADO digo:
    1º) El abogado designado por legalitas el dia 10 de Noviembre de 2020, nos envia un
    correo elèctronico el dia 1 de Febrero de 2022, en el que textualmente afirma que:
    «el encargo que se hizo por usted fue para unas gestiones en Notaria…» PERO PASADOS
    14 MESES, NO APARECEN POR NINGUN LADO LAS GESTIONES EN NOTARIA A LAS QUE
    EL MISMO ALUDE . COBRAR HA COBRADO AL MOMENTO.
    2º) Hoy me llaman por la tarde, los de «atenciòn al cliente» para decirme que ellos no
    se hacen responsables de las actuaciones negligentes del Abogado por ellos designado
    y que se llama D. Luis Felipe Fernandez, colegiado en Avila.
    3º) Algun@s abogad@s de Legàlitas nos dicen que este individuo metido a abogado,
    «NO ESTA GESTIONANDO BIEN».
    4º) Personas que atienden al telefono de atenciòn al cliente de LEGALITAS, nos dicen
    que el correo electrònico que nos ha enviado el abogado, ademàs de estar plagado de
    incoherencias, tambièn està lleno de IMPERTINENCIAS.
    5º) Por poner otro «ejemplo» del comportamiento del abogado D. Luis Felipe Fernàndez
    Sanchez,diremos que en su «ejemplar» correo electrònico dice que:
    «Por ello me he visto obligado,cuando no lo tenìamos contratado, a solicitar certificados
    AQUI y ALLA «.
    —Pero, cuando le solicitamos, que nos envie copia de esas supuestas solicitudes,que
    dice, ha efectuado aqui y allà, LA RESPUESTA ES EL SILENCIO. Ni envia la copia de
    las supuestas solicitudes, ni la copia de las supuestas respuestas a sus supuestas solicitudes.
    LEGALITAS TE DESIGNA A DEDO AL ABOGADO, PERO NO SE HACE RESPONSABLE
    DE SUS CHAPUCERAS Y PRESUNTAMENTE DELICTIVAS ACTUACIONES.
    AVISO A NAVEGANTES: ¡¡ NO OS METAIS EN LEGALITAS NI HARTOS DE VINO….¡¡

  3. La clase de «justicia» que existe en España, podrìamos poner muchos «botones de muestra»,
    pero, que el CGPJ, nos diga que le digamos por escrito, al juzgado de Piedrahita (Avila) que
    NO SE DEBEN COBRAR CANTIDADES DUPLICADAS ya es para partirse de risa, obviamente,
    si la cosa no se pareciera bastante a un presunto delito. Que nos diga el CGPJ, que digamos
    por escrito al Juzgado de Instrucciòn nº 1 de Piedrahita (Avila) que conociendo el error del
    cobro duplicado, debe de DEVOLVER EL DINERO COBRADO POR DUPLICADO, ya se trata de
    insulto al sentido comùn y a la decencia. ¿Que clase de justicia puede impartir un juez que
    no procura subsanar a sabiendas una INJUSTICIA EVIDENTE?
    ¿Puede consentirse en un Estado de Derecho efectivo, que algunos jueces se dediquen
    a quedarse a sabiendas con dinero ajeno?. ¿Ponemos a los zorros a cuidar de las gallinas?

  4. El Sr. D. Joaquin Bosch, sabe muy bien la «teoria», pero la puñetera realidad de èste llamado
    «Estado de Derecho», para los ciudadanos, que por cualquier cosa, tiene la desgracia de
    tener que acudir a la llamada «justicia»,es acudir a unos tiranos. Empieza por fallar clamo-
    rosamente eso que llaman «Asistencia Juridica Gratuita» y termina la cacicada tirànica en
    los juzgados. Sr. Bosch, si quiere «enterarse» de verdad, de que clase de justicia tiene
    el pais en el que vive, le reto a ver alguna documentacilòn demostrativa de la TIRANIA
    JUDICIAL en la que vivimos los españoles de a pie. Porfa, encima de que ya nos pisotean
    nuestros derechos palmariamente, no nos venga con teorias. ¡¡baje a la arena,que mas
    bien es estièrcol ¡¡ y empàpese del EDOR APESTOSO que da la llamada justicia, esa de la
    que Vd. vive plàcidamente… Choriceos, Indefensiòn, Cacicadas… todo impune…

  5. El Juzgado de Piedrahita sigue apropiàndose desde Febrero de un dinero que no le corresponde
    que por ineptitud manifiesta ha cobrado por duplicado. Cualquier persona con sus facultades
    mentales normales, sabe que debe devolver el dinero que no le corresponde, osea, que es de
    otros ciudadanos. El Còdigo Civil y el Tratamiento Jurisprudencial, indican la obligaciòn Legal,
    de devolver el dinero cobrado indebidamente . El Juzgado de Piedrahita, parece no haberse
    enterado,ni siquiera del deber Legal. El Consejo General del Poder Judicial, sigue en lo
    suyo «mirando para otro lado». ¿Que tenemos en España, Jueces o Sanguijuelas?

  6. ¿Porquè en España, los polìticos son manifiestamente incapaces de conseguir una justicia
    de jueces no corruptos ? ¿Les interesa a los polìticos que exista esta putrefacciòn judicial?
    Los españoles ya no nos creemos tanta incapacidad de esos que dicen ser Demòcratas,
    En una Efectiva Democracia, no se puede consentir la forma de actuar, de un CGPJ como
    el que tenemos, ni jueces chorizos impunes.

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