Cuando en Diario16 afirmamos que las reclamaciones de los afectados del Banco Popular a Europa no tienen más camino que el fracaso o la entrada en un laberinto burocrático y que los únicos tribunales con competencia para determinar las responsabilidades de la operación son los españoles, nos referíamos, precisamente, a la confirmación que la Comisión Europea, a través de su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, no va a facilitar en modo alguno los recursos y demandas presentadas por los afectados del Popular ya que ha declarado que la Comisión «está obligada a rechazar el acceso a los documentos cuya revelación reduciría la protección del interés público en relación con la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro». La conclusión de estas declaraciones es que Europa ha dado la espalda a los afectados del Popular y se ha colocado en el bando del Santander al declarar la falta de transparencia como algo irreversible, además de que dicha decisión no admite ningún tipo de recurso.
Por esta razón el Santander fijó su estrategia judicial en remitir todo a los tribunales europeos y en negar la competencia a la Administración de Justicia española. Todo se hace mucho más complicado cuando se entra en la jurisdicción europea y eso es algo que el Santander lo sabe. De ahí que su estrategia pase por culpar de todo a la JUR y que sean los tribunales de la UE los que determinen la legalidad de la operación y de la posterior venta.
El alargamiento de los plazos, la mayor capacidad de hacer lobby en Europa, la propia complejidad de la burocracia de la Unión son un aliado perfecto para que el Santander logre lo que ha pretendido desde el principio y que hemos denunciado en Diario16 prácticamente desde el primer día en que comenzamos a publicar sobre el Caso Banco Popular: presentar ante la Justicia un escenario de «tierra quemada» por el que sea imposible determinar tanto responsabilidades como indemnizaciones para los afectados. De ahí que esté acelerando todos los procesos de unificación de las dos entidades para que, una vez que el juez Fernando Andreu ha comenzado a solicitar documentación a todos los organismos y entidades implicadas en la resolución del Popular, además de la aceptación de los documentos presentados por este medio de comunicación ante la Audiencia Nacional, la Justicia se encuentre con la no existencia del Banco Popular Español S.A. como persona jurídica y que hayan vendido todo el patrimonio para acumular activos que arreglen las deterioradas cuentas del Santander.
Por tanto, la Comisión Europea también se ha aliado con el banco presidido por Ana Patricia Botín poniendo por encima de los afectados los intereses del Santander ya que, según la versión dada por la Junta Única de Resolución, no quieren que se hagan públicos los documentos y que se mantengan en secreto. Valdis Dombrovskis lo ha dejado muy claro: «las personas afectadas por las decisiones de la Junta tienen derecho a acceder a sus archivos, sujetos a los legítimos intereses de otras personas en la protección de sus secretos de negocio […] el derecho de acceso al archivo no se extiende a la información confidencial». Para Europa priman los intereses del Santander al de los ciudadanos europeos.
Teniendo en cuenta que Europa los deja desamparados, los afectados sólo tienen un camino para poder recuperar todo lo que se les hurtó en la madrugada del 6 al 7 de junio: querellarse en España contra quien tiene la posibilidad de poder hacer frente a las indemnizaciones y que, de manera indirecta, ya ha reconocido su culpa, es decir, el Banco de Santander. En esta Europa sólo hay luz para las élites. El pueblo europeo está desamparado ante su dictadura.
