La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió la reunión del Consejo Regional de Servicios Sociales, donde informó sobre el borrador del decreto que va a sacar el Gobierno regional para regular la Atención Temprana a niños con problemas en su desarrollo o con riesgo de padecerlos.

El nuevo decreto regulará la atención temprana, “para que sea un servicio público, -añade la Comunidad- universal, gratuito y de calidad para todos estos menores y sus familias”.

La consejera considera que este texto “da respuesta a la necesidades de la sociedad regional respecto a la regulación de la atención temprana, garantiza la equidad en la financiación de los ayuntamientos, que pasarán de recibir el importe mediante subvenciones a hacerlo mediante contrato, de manera se pagará por cada niño que la reciba”.

Entre las novedades del texto, la consejera destacó que “los ayuntamientos verán, en la gran mayoría de los casos, un aumento del presupuesto para financiar este servicio”.

Para Violante Tomás “otra de las ventajas es que cuando entre en vigor la norma, ninguna familia tendrá que copagar por este servicio, como actualmente ocurre en algunos centros”.

Se recoge así, según la Comunidad, “una de las demandas históricas de las federaciones de Asociaciones de Padres y Madres”.

La Consejería, finalmente, ha querido destacar que “ha contado con una amplia participación de los sectores beneficiados por este servicio en la redacción del decreto, incorporando distintas propuestas enriqueciendo el texto, como las del Comité de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia y las de profesionales y miembros de la Comisión Regional de Atención Temprana”.

“En total –ha señalado Tomás- hemos incorporado 66 sugerencias, 35 de las cuales son las que nos hicieron los técnicos de esta comisión”.

Un servicio para los niños

Actualmente, se presta atención temprana a 3.700 niños en la Región, un servicio que la Comunidad financia con más de 4,5 millones de euros.

El principal objetivo es que los menores que presentan trastornos en su desarrollo reciban todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial, y siguiendo un modelo que considere los aspectos psicosociales, puede potenciar su capacidad de desarrollo, posibilitando su integración posterior en el medio familiar y social, así como su autonomía personal.

La Comunidad considera que este nuevo decreto “dotará de mayor seguridad y estabilidad financiera a las familias y entidades que prestan el servicio al ser reconocido como un derecho universal, con lo que las familias tendrán seguridad jurídica y la capacidad de reclamar lo que les pertenece”.

Además, “la aprobación de la norma no es incompatible con su incorporación a una futura Ley de Servicios Sociales”, especificó la titular de Familia.

 

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