Las retiradas de depósitos de los organismos, instituciones y empresas públicas ejecutadas a partir del día 5 de junio de 2017 fueron clave para que la liquidez del Popular fuera la causa de su resolución. Sin embargo, existen serias dudas de que no se produjera la filtración de información privilegiada, sobre todo teniendo en cuenta que las salidas de depósitos se implementaron el primer día laborable después de que la JUR y el FROB iniciaran el Proyecto Hipócrates y se comunicara el hecho de que la sexta entidad financiera de España iba a ser resuelta y vendida en un proceso de subasta. En principio, esa información sólo la tenían esos organismos, su asesor independiente (Arcano y Jeffereis) y Saracho.
Teniendo esto en cuenta, ¿fue el FROB quien realizó esa filtración? Eso es algo que deberá determinar la Audiencia Nacional ya que el pasado 4 de enero de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió desestimar los autos de desestimación de Fernando Andreu contra una querella presentada en el mes de agosto. El nuevo juez de instrucción, José Luis Calama Teixeira, en un auto fechado el 14 de enero, trasladó esta querella al decanato de la Audiencia Nacional para que pasara a reparto y se iniciara la investigación del uso de información privilegiada por parte de las instituciones públicas a la hora de retirar depósitos del Banco Popular, en una causa separada de la que se está instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción 4.
Mientras Santander y BBVA accedían a los datos del Popular, a pesar de que ya lo habían hecho un mes antes tras la apertura del proceso de venta iniciado por Saracho y gestionado por JP Morgan, los organismos y empresas públicas retiraban sus fondos del Banco Popular.
Los argumentos dados han sido muchos. La SAREB, por ejemplo, organismo dependiente del FROB, afirmó a Diario16 que la retirada de sus depósitos se debió a que el rating del Popular había bajado y que estaban obligados a retirarlos. Sin embargo, la última rebaja de rating antes de que la SAREB retirara liquidez fue la de Fitch el día 19 de mayo. Moody’s realizó la suya el día 6 de junio.
También retiraron depósitos el primer día laboral tras la decisión del FROB y de la JUR, entre otros, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Los argumentos para justificar estas acciones son variopintos. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, afirmó lo siguiente:
La Comunidad Autónoma de Canarias lo justificó de este modo:
La Comunidad de Madrid, por su parte, argumentó lo siguiente:
La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, retiró los fondos a través de distintas órdenes de transferencia a diferentes entidades bancarias:
Las casualidades no existen, como hemos repetido en muchas ocasiones, y en las operaciones financieras, sean lícitas o no, menos todavía. Siempre hay demasiada gente que se juega mucho dinero en ellas. Una salida de depósitos tan coordinada y por entidades que no tienen relación entre ellas no se pudo producir sin que hubiese algún tipo de filtración. Por tanto, insistimos en la pregunta: ¿quién filtró la información de que el Popular iba a ser resuelto el día 7 de junio? Como decíamos anteriormente, el hecho sólo lo conocían, en primera instancia, el FROB, la JUR y Saracho, que fueron los que asistieron a la reunión del día 3 de junio organizada por Elke König. Por otro lado, el día 4 fueron informados del hecho las cinco entidades bancarias con un compromiso de confidencialidad. En principio se podría pensar que el máximo beneficiado de la información fue el Santander y que una caída de la liquidez aceleraría el proceso. Sin embargo, sólo desde el propio aparato del Estado se podría llegar a comunicar con todos estos organismos sin que se produjeran filtraciones a la prensa al determinar que la filtración era «información clasificada». Por tanto, ¿fue el FROB u otro de los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos? Una pregunta que tendrá que resolver la Justicia.
