La diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso con vistas a que detalle, entre otras cuestiones, si piensa “incluir definitivamente a la cuenca minera del Guadiato en el cuarto Plan de la Minería, para favorecer así la creación de empleo y la reconversión productiva de la zona”.

García Sempere recuerda en una pregunta escrita registrada hoy en la Cámara Baja que, en 2011, “el Gobierno del Partido Popular cerró de manera precipitada las partidas del Plan Miner 2006-2012 que permitían a los municipios cordobeses de la cuenca minera del Guadiato acceder a ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en compensación por el cese de la minería del carbón. Esto suponía un grave castigo a una de las zonas más empobrecidas de España, con elevadas tasas de desempleo y de despoblación”.

“Además, la cuenca minera del Guadiato fue excluida del tercer Plan de la Minería 2013-2018, impidiendo favorecer la creación de empleo y la reconversión productiva de ese territorio” apostilla la diputada de IU. Eva García Sempere remarca que “la exclusión provisional de esta cuenca minera del cuarto Plan de la Minería significa una nueva discriminación para la provincia de Córdoba”. La parlamentaria de Izquierda Unida completa su iniciativa interrogando al Ejecutivo del PSOE sobre “qué actuaciones piensa desarrollar para impulsar la actividad económica en la zona minera del Guadiato”.

En febrero de 2017 García Sempere, junto a los también diputados andaluces de IU Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante, se encargaron de arropar y mostrar todo el apoyo de esta formación al más de un centenar de vecinos/as de esta comarca y de las localidades que conforman la cuenca minera cordobesa que acudieron al Congreso a dar a conocer sus demandas.

Bustamante y García Sempere acompañaron entonces al interior de la Cámara Baja a una pequeña delegación para registrar formalmente una iniciativa parlamentaria, gestionada por Izquierda Unida en el marco del grupo parlamentario confederal, que entonces se dirigió al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La iniciativa parlamentaria reclamaba ya entonces al Ejecutivo ‘popular’ que saldara la deuda pendiente del Plan de la Minería 2006-2012, cifrada en 23 millones de euros, tras dejar fuera a la cuenca del Guadiato debido a los recortes.

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